jueves, 17 de junio de 2010

La reforma de la LAEE y el Consejo Federal de Gobierno.

Con fecha 17 de junio de 2010, el portal web de la Asamblea Nacional informa que la plenaria de sancionó reforma de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos (LAEE), ordenando su remisión al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial.

La nota de prensa destaca que la ley tiene como objeto establecer el Régimen de Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos, en beneficio de las entidades políticos territoriales y las organizaciones de base del Poder Popular, de conformidad con lo previsto en el articulo 156, numeral 16, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Los recursos que tengan el carácter de Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos formarán parte de los ingresos del Fondo de Compensación Interterritorial, que serán administrados por la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno, órgano facultado para esto.

En el artículo 5 se establece: “Del monto total de recursos pór concepto de asignaciones económicas especiales provenientes de la Ley de Hidrocarburos, determinado conforme al artículo 2 de la presente ley, se deducirá una cantidad equivalente al cinco mpor ciento (5%) de dicho monto, a partir del cual se constituirá un apartado presupuestario con el cual se efectuará una asignación adicional para las entidades político territoriales en cuyo territorio se realicen procesos de refinación de hidrocarburos y procesos petroquímicos.

Estos recursos se consolidarán en un único monto y se distribuirán de acuerdo con la proporción de volúmenes de crudo refinado en cada estado, en el ejercicio fiscal anterior,

Del monto resultante, luego de efectuada la deducción a que refiere el encabezado del presente artículo, se destinará el setenta por ciento (70%) a los estados en cuyo territorio se encuentran situados yacimientos de hidrocarburos, y el treinta por ciento (30%) restante será distribuido entre aquellos estados en cuyo territorio no existen dichos yacimientos”.

En el artículo 9, referido a la distribución de créditos adicionales se estipula que “Cuando las Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos tengan por origen créditos adicionales aportados como remanentes, no programados, ni presupuestados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior, serán distribuidas de la siguiente manera: 1. Treinta por ciento (30%) para los Estados., 2. Veinte por ciento (20%) para los Municipios., 3. Cincuenta por ciento (50%) para las organizaciones de base del Poder Popular.

En cuanto a la obligación de informar, los gobernadores o gobernadoras, los alcaldes o las alcaldesas, el Alcalde o la Alcaldesa del Distrito Capital, el Alcalde o Alcaldesa del Distrito Alto Apure y los representantes de las organizaciones de base del poder popular deberán informar a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), a los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de políticas Públicas, a los Consejos Locales de Planificación Pública y a los Consejos Comunales sobre la ejecución de los proyectos financiados con los recursos provenientes de la aplicación de esta Ley.

Los organismos contralores competentes velarán por el correcto manejo de las asignaciones económicas especiales. La información estadística sobre los recursos asignados y ejecutados por las entidades político territoriales y las organizaciones de base del poder popular debe ser enviada trimestralmente a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE).

Asimismo, dentro de las disposiciones transitorias se indica que “Lo previsto en la presente Ley se aplicará a partir de la formulación presupuestaria correspondiente al ejercicio económico 2011. La ejecución de recursos con cargo a la Ley de Asignaciones Económicas Especiales derivadas de Minas e Hidrocarburos, para lo que resta del ejercicio fiscal 2010, serán transferidos por el Ministerio de Planificación y Finanzas, según las alícuotas ya previamente establecidas, conforme a lo establecido en la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2010 y según la programación de pagos correspondiente.


Índice de desarrollo

En la exposición de motivos se indica que las particularidades geográficas, culturales, sociales, económicas y de infraestructura varían de un estado a otro, de una localidad a otra, requiriendo en mayor o menor medida un auxilio financiero especial, que permita a determinado estado o municipio, apalancar su desarrollo en condiciones armónicas, indiferentemente de la capacidad económica que sus recursos naturales o el parque industrial o comercial que posea.

De esta manera, se evita que regiones menos favorecidas geográficamente, con un menor desarrollo de infraestructura vial o industrial, o afectadas por circunstancias naturales particulares, vean mermada su capacidad de crecimiento.

Se precisa que para evitar y corregir esas diferencias deben aplicarse los recursos financieros del Estado de la manera más eficiente, racional y justa posible, procurando distribuir la carga presupuestaria entre las entidades político territoriales siguiendo criterios de incentivo e impulso de cada región, en una mayor o menor medida, en función de las capacidades y características de éstas.

En este sentido, la reciente Ley del Consejo Federal de Gobierno, crea el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), cuya finalidad es el “financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales y la realización de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo”.

El artículo 35 del reglamento de la mencionada Ley, estipula que ingresos del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) estarán constituidos entre otros, por “los provenientes de las asignaciones establecidas por otras leyes, tales como las correspondientes a la Ley de Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos”.

Igualmente se indica que la esta Ley debe ser adecuada, para que el 25% de los recursos provenientes de la recaudación de tributos y regalías por concepto de aprovechamiento de minas e hidrocarburos, sea distribuido de manera realmente justa y equitativa, garantizando el beneficio del pueblo venezolano, directamente en las regiones y localidades en toda la geografía nacional.

Esta adecuación consiste, principalmente, en la conciliación de la legislación existente, con las directrices emanadas del Poder Público Nacional, a través del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, consistentes en la administración de los recursos provistos, al Fondo de Compensación Interterritorial, de una manera más ágil y flexible, que permita a la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno, con base en indicadores dinámicos de desarrollo de las distintas regiones, asignar recursos a proyectos determinados, previamente evaluados, que traigan verdadero bienestar a las venezolanas y venezolanos que hacen vida en esas regiones.

Todo ello permitiría la puesta en marcha de un verdadero sistema de compensación de ventajas y desventajas entre distintos estados o municipios, y entre las organizaciones sociales de base con las cuales se relacionan.

Poder Popular

De tal manera que en la presente Ley de Reforma de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales Derivadas de Minas e Hidrocarburos, destacan que el porcentaje de las asignaciones especiales sigue siendo el mismo: 25% Ley de Hidrocarburos y 25% Ley de Minas, provenientes de los tributos y regalías por los correspondientes conceptos.

Además de las entidades político territoriales (estados y municipios), se incorporan las organizaciones de base del Poder Popular como beneficiarias de las asignaciones económicas especiales derivadas de minas e hidrocarburos, en la forma que señala la Ley y tal como lo determine el Fondo de Compensación Interterritorial.

Asimismo, este monto por concepto de asignaciones económicas especiales derivadas de minas e hidrocarburos será aprobado por la Asamblea Nacional, tomando en cuenta la estimación presupuestaria formulada por el Ejecutivo Nacional.

Distribución de porcentaje


Se sostiene que la distribución del porcentaje de asignaciones especiales por vía de la Ley de Hidrocarburos, para estados con yacimientos y estados sin yacimientos, fue llevado de una proporción 70%-30%, a una distribución par (50%-50%), sobre la base del equilibrio y la justicia interterritorial del Estado venezolano.

La forma de cálculo de las Asignaciones Económicas Especiales seguirá siendo la misma que estableció la Ley original, esto es, del monto total de recursos por concepto de asignaciones económicas especiales provenientes de la Ley de Hidrocarburos, se deducirá una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) de dicho monto, a partir del cual se constituirá un apartado presupuestario con el cual se efectuará una asignación adicional para las entidades político territoriales en cuyo territorio se realicen procesos de refinación de hidrocarburos y procesos petroquímicos.

El monto resultante, luego de efectuada la deducción antes señalada, se distribuirá en dos partes iguales, destinándose una de ellas a los estados en cuyo territorio se encuentran situados yacimientos de hidrocarburos, y la otra será distribuida entre aquellos estados en cuyo territorio no existen dichos yacimientos.

Una vez distribuido equitativamente un 50% del monto resultante, para las entidades con actividades de hidrocarburos y el 50% restante para las que no las realizan, la distribución de asignaciones especiales derivadas de Hidrocarburos, la hará la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno, utilizando el índice Relativo de Desarrollo (IRD), tomando como base las variables necesarias que permitan determinar los desequilibrios territoriales a través de estadísticas suministradas por los órganos y entes competentes a requerimiento de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno.

El cálculo del índice relativo de desarrollo (IRD) será efectuado por la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno, con base en las variables que considere conveniente, entre las cuales se considerarán el índice de desarrollo humano, el ingreso per cápita, el índice de pobreza y el esfuerzo tributario relativo.

De esta forma, se dota de total legitimidad al sistema de asignaciones económicas especiales, por cuanto el Consejo Federal de Gobierno es un órgano colegiado, integrado por representantes de todos los niveles políticos territoriales que conforman el Estado venezolano. La distribución del porcentaje de asignaciones especiales por vía de la Ley de MINAS para estados con yacimientos y estados sin yacimientos, se fijó igualmente en 50% - 50%, (actualmente es proporcional a los niveles de producción).


De igual forma, la distribución de asignaciones especiales derivadas de MINAS, dentro de este 50 - 50, la hará la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno, utilizando el índice Relativo de Desarrollo (1RD).

Todos los recursos provenientes de esta Ley de Asignaciones Económicas Especiales derivadas de Minas e Hidrocarburos nutrirán el Fondo de Compensación Interterritorial, tal como se señala en el literal “d” del artículo 35 del Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno. Armonizándose así la política de los órganos Legislativo y Ejecutivo del Poder Nacional

Otro cambio de importancia es la incorporación de mecanismos de aprobación de los proyectos a ser financiados, por parte de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno, prescindiendo de la categorización que se había dispuesto anteriormente, por cuanto limitaba la autonomía de las gobernaciones y alcaldías para proponer inversiones en áreas determinadas, de mayor interés local o regional. Dichos proyectos deberán formularse conforme a los lineamientos y políticas de la Comisión Central de Planificación y del Consejo Federal de Gobierno.

Se incorporó además la posibilidad de que la ejecución de los proyectos aprobados a los gobiernos municipales, estadales y las organizaciones de base del poder popular, podrá ser reasignada excepcionalmente a algún ente u organización distinta al cual se le hubiere aprobado originalmente, cuando se verifique alguna de las circunstancias establecidas en la Ley.

Para la ejecución de los recursos, se estableció la figura del fideicomiso, en la Banca Pública, previa aprobación del respectivo proyecto por parte de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno. Esta fórmula permite una mayor agilidad en la ejecución financiera, sin menoscabo del control sobre la oportunidad y cantidad de los recursos que van siendo ejecutados.

El régimen establecido en esta Ley de Asignaciones Económicas Especiales comienza en enero 2011. Así, hasta el 31 de diciembre 2010 se bajarán los recursos por dozavos. Esto otorgará un plazo razonable para la adecuación de las estructuras y la preparación de los primeros proyectos por parte de las gobernaciones, alcaldías y organizaciones del poder popular interesadas.

En definitiva, con la presente reforma se persigue garantizar la armonización y adecuación de las actuaciones de los órganos y entes de la Administración Pública, con el fin de transitar hacia una sociedad verdaderamente socialista, que procure la satisfacción de las necesidades primordiales del ser humano, con garantía de la justa distribución de las riquezas y de la lucha incansable contra la pobreza, la injusticia y la exclusión


http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=25396:sancionada-reforma-de-laee&Itemid=50&lang=es

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