miércoles, 30 de junio de 2010

FEDEUNEP y la LEY DE SISTEMA ECONOMICO DE LAS COMUNAS

Con fecha 29 de junio de 2010, EL UNIVERSAL, bajo la pluma de Yaneth Fernández, señala que para Antonio Suárez, Presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos (FEDEUNEP)es inviable para la evolución de un país, la estructura laboral de forma horizontal, donde no existan privilegios ni posiciones jerárquicas prevista en la propuesta de Ley del Sistema Económico de las Comunas.

Según Suárez "ni en la Unión Soviética" existió un modelo similar. El representante de la organización civil Observatorio Laboral señaló que el sistema económico de las comunas puede verse para un nivel de producción muy limitado y básico, de allí que pueda aplicarse la eliminación de la división del trabajo, pero de resto sería "muy difícil" ajustarlo a los sectores público y privado.

Destacó que el sistema laboral que está contemplado en la Constitución se rige por la Ley Orgánica del Trabajo y por el Estatuto de la Función Pública, en los cuales se respeta el rango y jerarquía.

"¿Cómo funciona jerárquicamente (una empresa) sin tener una autoridad? Supongamos que todos hacemos chapas para unas botellas, puede que sea horizontal la función de todos los trabajadores, pero tiene que haber uno que supervise que el trabajo esté bien. Él ya jerárquicamente está por encima de los demás y salarialmente es obvio que está por encima", dijo en declaraciones a El Universal.

El presidente de Fedeunep señaló que los trabajadores venezolanos quieren que en el país exista más generación de empleos, mayor estabilidad y percibir un mejor salario que le permita cubrir sus necesidades.

Fuente:
http://www.eluniversal.com/2010/06/30/eco_ava_ven-sin-exito-aplica_30A4113211.shtml

Los alcaldes hablan sobre las Comunas.

Con fecha 29 de junio de 2010, EL NACIONAL y El UNIVESAL, informan que los alcaldes de Baruta, Chacao, El Hatillo y Los Salias rechazaron este miércoles el proyecto de Ley orgánica de Comunas, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN).

Para el alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde, la Ley de Comunas no sólo atenta contra principios consagrados en la Constitución, entre ellos, la descentralización, sino que, a su juicio, "es la primera ley que pretende construir un Estado comunista en Venezuela".

Esta conclusión la planteó el burgomaestre, durante una rueda de prensa conjunta que ofrecieron Emilio Graterón, alcalde de Chacao; Myriam Do Nascimento, alcaldesa de El Hatillo y Ovidio Lozada, alcalde de Los Salias, que además estuvieron acompañados por el concejal del municipio Baruta, Omar Villalba, según reseñó un comunicado de prensa

"La Asamblea Nacional está usurpando funciones constituyentes que no tiene. La división político territorial del país está determinada en la Constitución y tiene base en los municipios. Los venezolanos no han convocado una constituyente ni ha sido presentado un nuevo referendo para establecer una nueva división político territorial", dijo Blyde, quien agregó que las comunas se asemejan a los soviets, "una experiencia superada porque fracasó".

El también abogado constitucionalista cuestionó que la normativa se basa en principios para establecer un Estado socialista, pero se preguntó "¿cuáles son esos principios? ¿Dónde está establecido en la Constitución que Venezuela se tiene que organizar para materializar el socialismo?".

Subrayó que mediante la ley se crearán los poderes comunales: ejecutivo, legislativo y judicial y exhortó a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a preguntarse si permitirá que sus funciones sean usurpadas por la nueva jurisdicción judicial y los jueces comunales.

Asimismo, alertó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que se contempla la conformación de un comité electoral autónomo, que actuaría paralelo al actual ente comicial.

Alcaldías en riesgo

El burgomaestre advirtió que una vez estén instaladas las comunas, las competencias de un alcalde, establecidas en la Carta Magna, quedarán diluidas en cinco personas. Consideró que estas instancias de poder local se verán mermadas con la aparición de las comunas e irán desapareciendo hasta que se justifique su eliminación. A esto se suma, el que cada municipio estará obligado a transferir recursos, que ya son escasos, a las comunas.

Hizo un llamado a los alcaldes del oficialismo a pronunciarse contra el proyecto.

Blyde también alertó a la sociedad civil porque "si usted no es socialista, usted está excluido de las comunas y lo va a regir territorialmente un organismo cuyo fin es construir el comunismo".

Por la democracia

El alcalde de Chacao, Emilio Graterón, informó que van a constituir una Fuerza de Alcaldes por la Democracia para frenar este proyecto.

Alertó: "es la primera ley que da un paso claro hacia la sociedad socialista y comunista. Es el momento de que cada alcalde, cada comunidad, entienda que es el paso más grave en la conducción del país hacia el comunismo".

Indicó que la próxima semana harán una reunión de burgomaestres de todo el país. Extendió su invitación a los alcaldes oficialistas: "Este es el momento de la defensa de la descentralización, de la democracia frente al comunismo".

Graterón explicó que con la aplicación de la ley quedarán afectados principalmente los municipios del interior, que tendrán que venir a Caracas a resolver los problemas.

"No sólo es una violación de principios constitucionales sino el primer paso para destruir el sistema democrático federal establecido en la Constitución, primer paso hacia el comunismo. Tenemos que dar la pelea para que sea posible que cada municipio pueda resolver los problemas de la gente", insistió.

Por su parte, Ovidio Lozada, alcalde del municipio Los Salias, planteó algunas interrogantes: "¿Por qué hacerlo ahorita? ¿No será que hay temor a perder la mayoría que tienen en la Asamblea Nacional? Es momento de hacer un llamado, de repensar: usted, que negó la reforma donde el Estado comunal venía empaquetado, ¿por qué hoy, por puerta la trasera, nos lo pretenden imponer?".


Fuente:
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/143495/Nacional/Alcaldes-de-oposición-rechazaron-Ley-de-Comunas

http://www.eluniversal.com/2010/06/30/pol_ava_alertan-que-ley-de-c_30A4114491.shtml

Sobre lo comunal. Opina el constitucionalista Fortunato González

Con fecha 29 de junio de 2010, El Carabobeño registra una nota de prensa en la que hace un extensivo análisis al tema comunal, a continuación se transcribe la nota, escrita por Daniella Vera.

Valencia, junio 29 (REDACTA).- La Asamblea Nacional estudia tres leyes orientadas a la instauración del Estado Comunal promovido por el presidente Chávez, a través de la incorporación de las comunas y el fomento a la “participación protagónica” de la gente: La Ley de Comunas, Ley de Contraloría Social y la Ley de Fomento y Desarrollo del Sistema Económico Comunal. Sus detractores las tachan de inconstitucionales, pues además de lesionar los principios de la propiedad privada, prevén la implementación de un Estado paralelo que eventualmente desconocerá las autoridades municipales y regionales.

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Los Andes (ULA), Fortunato González, aseguró que en ninguna parte del mundo existe un “Estado Comunal”, pues con intentos fallidos se ha comprobado que este sistema no es viable porque el concepto de propiedad “forma parte de los genes y ADN humano, donde cada quien quiere tener lo suyo”.

Considera que la mayoría oficialista de la AN está acelerando la aprobación de leyes ante la posibilidad de perder espacios luego de las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre. De ahí que los diputados rojos están apresurando la marcha para crear una “caricatura de Estado, tipo Frankestein, monstruoso”, que sólo implicará retrocesos para el país.

González, que además fue presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, sostuvo que todas las leyes en estudio irrespetan el contenido de la Constitución en cuanto a las libertades, a la propiedad, a la seguridad ciudadana y al esquema de derechos humanos. También opinó que forman parte de una estrategia para implementar un Estado comunista, aún más radical que el sistema cubano.

Los instrumentos fueron propuestos por la Comisión de Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional, para garantizar los principios de soberanía mediante el autogobierno. Dos de ellas establecen que la célula fundamental de la conformación del Estado Comunal, es la comuna, que a su vez es definida como “una entidad local socialista” para edificar la “sociedad socialista de equidad y justicia social”.

La diputada Pastora Medina ha advertido que antes de que termine este periodo la mayoría roja de la AN pretende aprobar todos los reglamentos “que hablan de un nuevo Estado, distinto al de la Constitución”. Mientras que dirigentes políticos como Julio Borges, de Primero Justicia, han señalado que estas normativas implican el regreso hacia el “reino de Trucutrú”, pues se excluyen los principios de propiedad privada, progreso y generación de oportunidades.

Ley de Comunas

A pesar de que su contenido fue rechazado por los votos de la población contra la propuesta de reforma constitucional de 2007, la Ley de Comunas -conformada por 67 artículos- fue aprobada en primera discusión hace una semana. Contempla términos que no aparecen en la Constitución, como: Banco de la Comuna, Cartas Comunales y Fundacionales, Distritos Motores de Desarrollo, Entidad Local Socialista, Estado Comunal, Gaceta Comunal, Parlamento Comunal y Socialismo.

Entre las finalidades de las comunas establecidas en el artículo 7, se menciona “impulsar el desarrollo y consolidación de la propiedad social”. En el artículo 47, donde se establecen las funciones del Banco Comunal, se indica que deberá “promover y ejecutar el intercambio solidario y la moneda comunal”. Se prevé la creación de “una nueva instancia de gobierno territorial” distinta a las otras instancias de gestión gubernamental, donde los ciudadanos tendrán el poder de “construir su propia geografía, su historia, así como la formación de autogobiernos”.

El artículo 65 indica que el Ministerio para las Comunas financiará los proyectos comunales, así como los requerimientos de infraestructura y servicios, mientras que el siguiente señala que el Consejo Federal de Gobierno establecerá los montos que recibirán anualmente.

Cedice califica la norma como un retroceso, pues contiene estructuras que “solapan” las funciones de las alcaldías y gobernaciones, y lesiona el principio de propiedad privada y el régimen de libertades.

En las Disposiciones Transitorias se explica que las gobernaciones y alcaldías deberán incluir en el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2011, los apartados presupuestarios para los proyectos comunales.

Ley de Contraloría Social

El martes de la semana pasada también se aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Contraloría Social, norma de 20 artículos que permitirá que la gente ejerza contraloría sobre entes públicos y privados. También indica que “la oficina pública no puede seguir siendo un centro burocrático por encima del pueblo”, sino que debe estar en concordancia con los intereses colectivos. Sus primeros dos artículos son los más controversiales, pues se refieren a las funciones de control y vigilancia que tendrán los ciudadanos sobre el Poder Público, así como “las actividades privadas que afecten el bienestar común” o incidan en los intereses colectivos. El ámbito de aplicación de la contraloría social, que podrá organizarse de manera individual o colectiva (dos o más ciudadanos), se extiende a todos los niveles de la división político territorial del Estado, las instancias del Poder Público y Popular, y las actividades privadas. El ejercicio de control comenzará a partir de una denuncia, noticia criminis o por simple conocimiento de una supuesta infracción o irregularidad. Según el artículo 16, las contralorías tendrán potestad para “revisar documentos, observar hechos, entrevistar ejecutores y beneficiarios de los proyectos” y elaborar informes diagnósticos que incluyan recomendaciones. Estos documentos serán presentados ante los organismos competentes de la administración pública, que deberán dar “oportuna y adecuada respuesta”.

Ley de Fomento y Desarrollo del Sistema Económico Comunal

Este instrumento de 68 artículos incorpora la propiedad social y el trueque, y establece los principios que se aplicarán para garantizar el funcionamiento de un Sistema Económico Comunal. Su artículo 2 establece que se debe fomentar la nueva organización para el trabajo “bajo principios socialistas”, mientras que en el artículo 4 se menciona la “ética socialista”. Más adelante el texto indica que por medio de un “modelo de producción socialista” se espera eliminar “la división del trabajo del modelo capitalista”.

Aunque para muchos es motivo de risa o confusión, el artículo 5 incorpora el sistema de trueques abolido hace siglos. Según sus modalidades, el trueque comunitario se clasifica en directo o indirecto. También prevé los “mercados de trueques comunitarios”, que son espacios físicos destinados periódicamente al intercambio justo y solidario de saberes, bienes y servicios, sin el uso de la moneda de curso legal.

El profesor universitario condenó esta iniciativa. “Eso es ir hasta antes de Cristóbal Colón en América, y en Europa antes del Imperio Romano, cuando se cambiaban cosas por cosas. La moneda fue inventada por la humanidad para facilitar el intercambio, en las más antiguas excavaciones hay monedas. El trueque sólo lo usan sociedades prehistóricas, como tribus que se mantienen en la Edad de Piedra, volver al trueque en un mundo globalizado es absurdo”, recalcó.

Voceros de Cedice han señalado que con esta Ley el derecho de disposición de los bienes “queda anulado y al final la propiedad termina siendo estatal y es el Estado el que planifica las actuaciones individuales, coartando su creatividad e iniciativa, condiciones necesarias para generar riqueza y mayor bienestar social”.

Feo La Cruz: “Normativas son traición a la patria”

El alcalde de Naguanagua, Alejandro Feo La Cruz, acusó este miércoles a la Asamblea Nacional de trabajar de espaldas al país, luego de conocerse la aprobación, en primera discusión, de las leyes de Comunas, Contraloría Social y Economía Popular. “Con este consentimiento el cuerpo legislativo violó la Constitución Nacional. Se trata de un engaño, de una traición a la patria. Estas reformas las quieren introducir de contrabando pues ya fueron rechazadas en el referéndum del año 2007”. “El objetivo es claro: engañar a la gente asegurándole la transferencia de poder. Pero realmente lo que pretenden es centralizar el poder en Caracas. (GEF)

Carmen Alvarez: consolidar el proceso revolucionario

Carmen Alvarez, alcaldesa de Libertador, se mostró de acuerdo con la aprobación en primera discusión de la Ley Orgánica de las Comunas en la Asamblea Nacional, por considerar que es un mecanismo para darle mayor participación a los consejos comunales.

La funcionaria apuntó que en este proceso revolucionario que se vive en el país, es necesario que los consejos comunales cuenten con las herramientas suficientes para que sean protagonistas de su propio desarrollo. “Las leyes como instrumentos de esta revolución son importantes para que nosotros podamos consolidar el proceso revolucionario”. (BR)

Postergada primera discusión de Ley de Economía Comunal

La Plenaria de la Asamblea Nacional (AN) tenía previsto discutir este martes la Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo del Sistema Económico Comunal para fortalecer el Poder Popular, sin embargo la moción fue retirada de la orden del día sin mayor explicación.

La propuesta de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana plantea la instauración de la economía social, popular, familiar y comunitariacomo uno de sus principales postulados, según lo explicó el presidente de la Subcomisión de Gestión Pública y Poder Popular del Parlamento, Augusto Montiel. (LC)

MAS: Parlamento aprueba leyes inconstitucionales

Misael Tineo, secretario del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Carabobo, alertó sobre las últimas acciones que ha ejecutado la AN, pues aseveró que los parlamentarios se han aprovechado de la fiebre del mundial para aprobar leyes de manera acelerada.

El dirigente político consideró que con la Ley de las Comunas la AN le pasó por encima a la Constitución y a la decisión que tomó el pueblo en el pasado referéndum. “Han aprobado leyes totalmente inconstitucionales”.

“Estos diputados invisibles de la AN pretenden acabar con las gobernaciones y las alcaldías”. (GEF)

Fuente:
http://www.el-carabobeno.com/p_pag_not.aspx?art=a300610b07&id=t300610-b07

martes, 29 de junio de 2010

Ciudad actual vs. ciudad comunal

El artículo 61 del proyecto de Ley sobre las Comunas señala que una ciudad comunal es la “unión de comunas, que dentro de un eje geográfico y territorial definido poseen una memoria histórica compartida, usos, costumbres y rasgos culturales que los identifican, con intereses comunes y agrupadas entre sí, con fines políticos, administrativos y económico-productivos, que persiguen un modelo de sociedad socialista de equidad y de justicia, en concordancia con los lineamientos establecidos en los planes nacionales y en los programas y las políticas dictados por el Ejecutivo Nacional.”

Me pregunto la ciudad de hoy, la que conocemos ¿no tienen una memoria histórica compartida, usos, costumbres y rasgos culturales que los identifican, con intereses comunes y agrupadas entre sí, con fines políticos, administrativos y económico-productivos?

Una ciudad hoy es en la práctica real la unión de parroquias, que se convierten todas en un municipio bajo una misma forma de gobierno, la unión de municipios hoy constituye un estado; y para 1961 y hasta los años 80, eran la unión de municipios que se transformaban en distritos y estos en estados.

Por supuesto la gran diferencia entre la ciudad que hoy conocemos y la que se propone como ciudad comunal estriba en:

1.- Esta ciudad que se plantea se denomina socialista.
2.- Esa ciudad socialista, se somete a las políticas del Ejecutivo Nacional.
3.- Su forma organizativa y de funcionamiento se establecerá en el decreto de creación del Distrito Motor de Desarrollo al que pertenezca, que impone además, según el reglamento del Consejo Federal de Gobierno, una autoridad única designada por el Presidente.

La ciudad que hoy conocemos no depende su gobierno del Ejecutivo Nacional, menos aún se desarrolla a través de un decreto presidencial, y no tiene ningún apellido que le vincule ideológicamente con ningún sistema o régimen político. Esa ciudad que hoy conocemos tiene un mismo origen histórico y su desarrollo ha sido el producto de la propia acción de sus propios vecinos y acumula a través de las décadas miles de historias, experiencias, costumbres y tradiciones que son las que hacen posible poder decir que cada ciudad tiene su propio espíritu, que cautiva a unos más que a otros y que hace sentirnos partes de la misma.

Se plantea a través del proyecto de Ley de Comunas un cambio cultural y esencial en nuestra relación como vecinos y ciudadanos con este pedazo de territorio que llamamos ciudad y que se expresa políticamente a través de un municipio.

Creo oportuno que revisemos nuestra relación con ese “espíritu de la ciudad”, para poder enfrentar cualquier debate sobre esta materia y entender el cambio tan profundo que se plantea, esa revisión se puede hacer a través de 10 preguntas básicas:

Sobre el origen de la ciudad, conozco:

1. ¿La fecha de fundación?
2. ¿El origen del nombre de mí ciudad?
3. ¿Quién fue el fundador?

Sobre la forma como se gobierno la ciudad, tengo información sobre:

4. ¿El nombre del cronista de mí ciudad?
5. ¿Si hay actividades en conmemoración a la fundación de la ciudad?
6. ¿Las tradiciones de mí comunidad?
7. ¿El concejal de mí circuito y su labor legislativa?
8. ¿El presupuesto del municipio?
9. ¿Las ordenanzas?
10. ¿Participo o alguien de mi familia participa en actividades de la comunidad?

¿Qué sucede con estas preguntas?

Si no conocemos el origen histórico de nuestra ciudad, pues poco importará el mismo, o más bien, una nueva historia, adornada y vendida como un proceso (el revolucionario) que resolvió los problemas del país será suficiente para que un grupo de vecinos –tal vez- la asuman en lo que llamarán Carta Fundacional de la ciudad comunal.

Por otro lado, como las ordenanzas son desconocidas, e igual no es importante conocer las autoridades locales, y menos participar en los temas comunitarios, unos nuevos representantes y una llamada Carta Comunal, quizá resolverá los problemas que hoy tenemos, total “nunca se sabe qué hacen los políticos que ocupan cargos en el municipio”.

Entonces esas son preguntas básicas, esenciales, elementales para poder alimentar nuestro ADN de ciudadanos e identificarnos con una ciudad, su historia y tradiciones que serán el legado de nuestros ancestros para poder enfrentar con ideas, con tradición, con sentimiento, con arraigo la idea de imponernos una nueva forma de organizarnos que cambia nuestra esencia y nuestra tradición histórica.

Podrán decir que Caracas como ciudad es compleja y por lo tanto esta reflexión no responde a la realidad actúal. Por el contrario, cada municipio que hacen en la práctica la ciudad de Caracas tiene su historia, tiene su realidad, y las 5 ciudades padecen de problemas que sólo una instancia metropolitana de coordinación podrácontribuir para buscar soluciones bajo la colaboración, cooperación y el trabajo mancomunado. Esta misma situación la tendrán con las ciudades comunales, porque hablamos de una ciudad con prácticamente 3 entradas y salidas: tazón, vía guatire y los teques, con una sóla autopista que vincula la ciudad y con problemas que las hace interdependientes unas de otras por la facilidad de pasar de un municipio a otro, interpretando municipio la forma de organizarse una ciudad.

Justicia Comunal vs. Justicia de Paz.

Con fecha 2 de diciembre de 2009, el Diario Los Andes, registra las siguietnes declaraciones del diputado Simón Calzadilla, miembro del Secretariado Nacional del PPT, según la nota de prensa hizo las siguientes declaraciones:

"El Proyecto de Ley Orgánica de Justicia Comunal va a permitir a las comunidades organizadas escoger sus jueces comunales y dirimir, de manera armónica y pacífica en espacios colectivos, las soluciones de sus problemas".

Hoy en la propuesta de Ley Orgánica para las Comunas se plantea la figura de la Justicia Comunal, definida como el medio alternativo de justicia que promueve el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualquier otra forma de solución de conflictos, ante situaciones derivadas directamente del ejercicio del derecho a la participación y a la convivencia comunal, de acuerdo a los principios constitucionales del Estado Social de Derecho y de Justicia, sin contravenir los principios de la justicia ordinaria.

El proyecto de ley plantea otra ley futura que regule todo el sistema de justicia comunal, en el que aparentemente, interpretando el artículo 53 del proyecto, crearan instancias y tribunales en lo que denominan una jurisdcción especial comunal.

¿Y entonces dónde quedan la Justicia de Paz?

Recordemos que la Ley Orgánica de Justicia de Paz, señala que los jueces de paz, procurarán la solución de los conflictos y controversias por medio de la conciliación. Cuando ello no fuere posible, dichos conflictos y controversias se resolverán con arreglo a la equidad, salvo cuando lal ey imponga una solución de derecho.

Esa misma ley vigente señala en su artículo 4 que el propósito del juez de paz es logar la justicia del caso concreto y garantizar la convivencia pacífica de los miembros de la comunidad vecinal, dentro de los principios de oralidad, concentración, simplicidad, igualdad, celeridad y gratuidad.

No hay diferencia entre el juez de paz y este juez comunal porque en ambos casos, de ser aprobada la ley,  serán elegidos por votación de la comunidad. La principal diferencia podría estar, y habrá que esperar a la aprobación de la ley en la forma de esa elección:  directa, secreta o universal o vía consejos comunales. Por otro lado la elección del juez de paz, en la legislación vigente se hace atendiendo a las normas de una ordenanza y se establecía con el apoyo técnico del rector electoral. En el caso del juez comunal hasta ahora no dice nada el proyecto de ley, agrega el proyecto de ley que en este proceso participaran en la votación los mayores de 15 años.

En fin sin duda más adelante tendrán que plantear esa ley que regule esta justicia comunal. Con esta figura se inicia la sustitución de la Justicia de Paz por esta Justicia llamada Comunal, que en esencia tienen el mismo sentido para los vecinos. Así como el municipio y con el la ciudad tal y como hoy la conocemos entran en un proceso de crisis ante una amenza de cambios profundos a nuestra tradición y diseño constitucional de la división político territorial, ahora también la Justicia de Paz tiene una figura paralela y una amenaza a su existencia.

Silencio general se siente de posiciones de concejales, juntas parroquiales y algunos alcaldes, porque recordemos que el 100% de los concejales del país no son seguidores del oficialismo, igual qeu los integrantes de las juntas parroquiales. La Justicia de Paz ¿tendrá dolientes?.

Y hago la pregunta porque como ciudadanos hemos olvidado cosas básicas como el origen de nuestra ciudad, fecha de su fundación, hemos dejado abandonar algunas tradiciones, e incluso poco nos importa si se celebra o no como comunidad la fecha de su fundación; por ello creo que hoy en terminos generales, cuando nos plantean un cambio de organización territorial, simplemente nos encuentran sin la capacidad de defender nuestra ciudad, pues hemos dejado morir el espíritu de la ciudad y por lo tanto nuestra identidad con nuestra ciudad.

¿Dónde estarán los concejales, miembros de juntas parroquiales, cronistas de la ciudad, defensores de asociaciones de vecinos y vecinos en general?. El municipio, su estructura y la justicia de paz, se ven amenazadas con estructuras que ni siquiera existen constitucionalmente, pero que se imponen porque nos hemos alejado de nuestro espíritu ciudadano y de nuestra identidad con nuestro entorno local e inmediato.

Considero que los concejales, jueces de paz y juntas parroquiales, junto a los alcaldes que no se inspiran en el socialismo del siglo XXI tienen hoy la responsabildiad de ser los custodios o guardianes morales de nuestra tradición institucional e histórica, obviamente siempre con los vecinos, pero si ni ellos mismos han creido en la participación ciudadana, tenemos entonces graves problemas.

Carlos R

Fuente:
http://diariodelosandes.com/content/view/101081/105694/

Posición de ONG sobre Ley que regulará Contraloría Social.

Con fecha 28 de junio de 2010, EL NACIONAL, recoge una declaración de la ONG Control Ciudadano qie advirtió a través de un comunicado que un nuevo proyecto de Ley se prepara con el fin de "obstaculizar el trabajo que realizan las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en Venezuela".

Se trata del Proyecto de Ley Orgánica de Contraloría Social aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, el pasado 23 de junio de 2010. "Bajo el supuesto de darle poder al pueblo para que ejerza contraloría ciudadana de manera más eficiente y para que las denuncias puedan ser atendidas por los órganos competentes con celeridad, se establecen en este Proyecto de Ley disposiciones que criminalizarán el trabajo de las organizaciones de derechos humanos", denunció.

Dos disposiciones llaman la atención: La contenida en el artículo 8 del Proyecto de Ley, referida a la obligación de "guardar reserva" respecto a la información y documentación obtenida en el ejercicio del control social, con lo cual se establece un método de censura impermisible en el país.

De este modo, según señala el comunicado, "se pretende acallar la denuncia en Venezuela y aniquilar el derecho de expresar libremente pensamientos, ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, garantizado por el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que prohíbe expresamente la censura".

"Es claro que muchas de las actividades que realizan las ONG´s de Derechos Humanos son de contraloría ciudadana; con esta disposición la información obtenida pasará a ser reservada, verificándose claramente un mecanismo de control social inadmisible en una sociedad democrática", precisó la misiva.

Control Ciudadano sostuvo que "la otra disposición, contenida en el artículo 12 del Proyecto de Ley, refiere a la prohibición para los ciudadanos que ejercen contraloría social de recibir beneficios económicos por su actividad. De esta amanera se cierra definitivamente en Venezuela la cooperación financiera a organizaciones de derechos humanos; cooperación por cierto que el propio gobierno realiza sin control, en el marco del financiamiento que adelanta a países y organizaciones de derecho público y privado extranjeras para promover la revolución".

Por último, el comunicado señaló que el proyecto de ley bajo los principios de la ética socialista y la moral revolucionaria (artículo 5), establece sanciones (artículo 19), a quienes incurran en hechos, actos u omisiones que alteren el propósito de la actividad de contraloría ciudadana. Una disposición ambigua que será utilizada claramente para sancionar la actividad que realizan los defensores de Derechos Humanos.

"Control Ciudadano exhorta a los diputados de la Asamblea Nacional a revisar el contenido de este proyecto de Ley que viola aspectos sustantivos de los derechos humanos de participación, de asociación y de expresión garantizados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela".

Fuente:
http://www.el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/143245/Nacional/Afirman-que-Ley-de-Contraloría-Social-obstaculiza-trabajo-que-realizan-las-ONG

Comunas no buscan sustituir ningún ente, dice diputado Daal.

El Diario 2001, con fecha 29 de junio de 2010, anuncia que para el Ulises Daal, representante de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, aseguró que con la creación de las Comunas no se busca sustituir a ningún ente, porque "la Constitución establece cuál es la división política territorial del país".

El diputado explicó que las Comunas son "una nueva figura que nosotros hemos denominado "entidad local socialista", que puede o no coincidir con los límites político-administrativos de los municipios y los estados con base a los que establece el Artículo 163 de la Carta Magna.

El instrumento legal ya fue aprobado en primera discusión por los parlamentarios, y según Daal, la Ley Orgánica de las Comunas suponen un piso superior de la organización popular, "tenemos la experiencia exitosa de las Consejos Comunales que corresponde a lo planteado en la Constitución" ya que "el pueblo venezolano tiene no sólo derecho de participar mediante el voto como sucede en los Estados liberales y burgueses", sino "que un Estado social y de derecho como es el venezolano extiende ese derecho a un sinfín de posibilidades, incluyendo es ejercicio directo del gobierno, como se dio en la primera experiencia con los consejos comunales", ahora "viene una etapa superior donde esta experiencia se incrementa con la constitución de las Comunas, que será un agregado de comunidades vecinas que deciden conformarse como tal", para "cumplir un proceso como está establecido" en la Ley Orgánica de las Comunas.

El diputado señaló que posteriormente se establecerán las instancias de gobiernos como "es la instauración del Parlamento Comunal, como máxima instancia de la Comuna" lo que "le permitirá dictar normativa para el funcionamiento y convivencia de la Comuna", además "de mandatos de tipo de ley, contar con un banco de la Comuna, para su financiamiento, de tal manera que se trata de un gobierno real y verdadero, ejercido por los ciudadanos que permitirá contar con medios de producción propios, que en el futuro le permita independizarse para la solución de sus problemas".

Asimismo señaló que en los Artículos 62, 204 y 205 de la Constitución, se establece que el pueblo tiene la facultad e iniciativa de proponer y discutir proyectos de leyes a la Asamblea Nacional, pero con el nuevo instrumento legislativo "se trata de convertir el parlamentarismo social de calle, con mayor compromiso del pueblo directamente y que sea desde las bases populares que se vengan elaborando y configurando las leyes" para que "cuando lleguen al Parlamento, tengan mayor legitimidad" mientras "que el Parlamento Comunal, está circunscrito al ámbito territorial que corresponde a la Comuna".

Fuente:
http://www.2001.com.ve/@Política/Política5.asp?tp=7

lunes, 28 de junio de 2010

Primera discusión a Ley sobre el Sistema Económico Comunal

Con fecha 28 de junio de 2010, El Nacional, informa que el martes 29 de junio la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) realizará la primera discusión de la Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo del Sistema Económico Comunal, propuesta por la Comisión Permanente de Participación Ciudadana.

El presidente de la Subcomisión de Gestión Pública y de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana del Parlamento, diputado Augusto Montiel, destacó que el instrumento legal tiene como principal objetivo promover los proyectos impulsados por las comunas para satisfacer las necesidades colectivas.

Montiel resaltó el artículo 50 de la ley, que establece el trueque como una de las modalidades del sistema alternativo de intercambio y destacó que tiene vigencia "en algunas comunidades del país, específicamente en los estados Lara, Portuguesa y Yaracuy, como forma de intercambio de productos".

Agregó que se consideró incluir al trueque como mecanismo de intercambio, debido a que de esta manera se respetan las tradiciones sociales y culturales de diferentes comunidades del país. Aseguró además que quienes critican este instrumento legal "niegan una realidad nacional, por eso defienden las políticas excluyentes de la derecha".

El diputado explicó que esta norma, conjuntamente con la Ley Orgánica de Comunas, la Ley de Contraloría Social y la Ley del Consejo Federal de Gobierno, fortalecerá "el impulso de la patria socialista".

Sostuvo que aunque la ley no sustituirá al Código de Comercio ni al sistemaeconómico de mercado, "se hace necesario promover y crear nuevas formas de producción social para reducir la pobreza e incrementar los niveles de participación en actividades de crecimiento económico comunitario".

Fuente:
http://el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/143233/Economía/AN-realizará-este-martes-primera-discusión-de-Ley-de-Economía-Comunal

sábado, 26 de junio de 2010

Municipio vs Comuna.

Siempre me ha parecido que Mario Briceño Iragorry, en su obra Mensajes sin destino, cuando señalaba que Venezuela se ha reinventado tantas veces como los gobiernos de turno lo han deseado, pero al final sin llegar a resolver los problemas de fondo, representa una clara y muy real descripción de nuestro ADN como ciudadanos, como república, como sociedad.

Estos tiempos históricos son oportunos para poder mirar hacia a atrás y preguntarnos si somos capaces de romper paradigmas y de darnos el tiempo como sociedad de hacer que las instituciones avancen, se desarrollen y logren con el tiempo madurar en su dinámica, generando como consecuencia el respeto y la credibilidad de los ciudadanos. Para todo ello, además, se requiere de la formación ciudadana de los políticos, para que sean garantes y custodios de esa dinámica institucional.

Revisando el libro Instituciones Políticas y Constitucionales, tomo 2, coedición Editorial Jurídica Venezolana y Universidad Católica del Táchira, en el año 1985, me encuentro con una serie de preguntas que el Dr. Allan Brewer Carías, en su libro invita a que sean respondidas a los fines de abordar la realidad municipal y adecuarla a los principios o al diseño que la Constitución de 1961 planteaba sobre el Municipio, esas preguntas son:

1.- ¿Qué son los municipios?

2.- ¿Para qué sirven o pueden servir los Municipios?

3.- ¿Son éstos necesarios en el ámbito político y en el ámbito administrativo?

4.- ¿Deben eliminarse?

5.- ¿Podemos prescindir de ellos?

Para la edición de ese libro del Dr. Brewer, se afirmaba que había mucha distancia entre los Estados y Municipios de la Venezuela contemporánea de aquellas instituciones descentralizadas de los inicios de nuestra república. “El Municipio de nuestros días, en lugar de presentársenos como aquel cuerpo representativo y participativo de hace siglo y medio, se nos presenta ahora como una institución desprestigiada, agobiada por el centralismo, utilzada por los partidos políticos y sumida en una grave crisis de representatividad, de participación y de autonomía.”(Pág 96)

¿Qué pasó que luego de la Constitución de 1961, se esperaron unos 17 años para lograr tener la primera Ley Orgánica del Régimen Municipal?. Recordemos que la Disposición Transitoria de la Constitución de 1961, señalaba que mientras se dictaba la Ley permanecía en vigencia el régimen y la organización municipal existente para la época.

Oportuno es señalar que la Constitución de la República de los Estados Unidos de Venezuela de 1947 y la Constitución de la República de Venezuela de 1953 por primera vez en la estructura constitucional establecen un Titulo bajo la denominación del Poder Municipal, entendiéndose que los Municipios integraban a los Distritos, y su expresión política eran los Concejos Municipales, incluso para la Ley del Régimen Municipal de 1978 existía la figura de las Juntas Comunales, que según lo expresa Brewer Carías en su libro eran designadas a dedo. (Pag. 129)

Hoy 2010, tenemos un municipio representado por un Alcalde, quien ejerce el poder ejecutivo; un Concejo Municipal, que ejerce el poder legislativo; un Consejo Local de Planificación Pública, que ejerce una función de planificación y una función de control fiscal, ejercida por el Contralor Municipal; estas funciones están definidas desde el año 2005, en al Ley Orgánica del Poder Público Municipal en su artículo 75. Y lo más importante la separación definitiva del poder ejecutivo del poder legislativo se logra o se materializa es precisamente en el año 2005. Para la Ley Orgánica del Régimen Municipal de 1989 el Alcalde tenía funciones como representante del ejecutivo y como presidente del Concejo Municipal.

Desde 1978 hasta la presente han pasado más de 3 décadas y se nos plantea ahora la figura de una nueva instancia política denominada Comunas, que a todas luces en un corto plazo, de lograr materializarse su implantación, podría en la práctica hacer desaparecer el poder municipal, las preguntas de Brewer Carías registradas en la coedición de libro que he señalado previamente son muy pertinentes para el debate que se debe dar sobre la organización local y ante esta realidad la reflexión de Mario Briceño Iragorry a que he hecho mención al inicio cobra una extraordinaria relevancia; la respuestas que demos como sociedad determinará el grado de madurez que hemos alcanzado o nuestra incapacidad colectiva de romper paradigmas y no repetir nuestra cultura del pasado del “borrón y cuenta nueva”, como política para resolver todo.

viernes, 25 de junio de 2010

Gerardo Blyde, Alcalde de Baruta, opina sobre las Comunas.

Con fecha 25 de junio de 2010, Gerardo Blyde, Alcalde de Baruta emite su opinión en un artículo en El Universal sobre el tema de las Comunas. El cual se transcribe a continuación:

El territorio se organiza en Municipios. Así lo dispone expresamente el artículo 16 constitucional. Ese mismo artículo realiza la taxativa división político territorial de la República en estados, distrito capital, dependencias federales, territorios federales y a todos los divide y organiza en Municipios.

El martes pasado el Parlamento, una vez más se erige como órgano constituyente y no como poder constituido, aprobando en primera discusión, un texto legal abiertamente inconstitucional que modifica la división político territorial del territorio y atenta contra la autonomía municipal y la descentralización constitucionalmente reguladas. Sin consultarle al pueblo sobre si desea una nueva división político territorial, la Asamblea con "urgencia parlamentaria", como si el tema se tratase de cualquier asunto de los que pudiera ser discutido rápidamente, aprobó en primera discusión, el mismo martes, habiendo presentado el texto del anteproyecto de ley ese mismo día.

En el artículo 5 del texto aprobado se incorporan en esta Ley Orgánica de las Comunas los ya rechazados Distritos Motores de Desarrollo (que con otra denominación estaban contenidos en la reforma constitucional no aprobada por el pueblo), así como términos tales como entidad local socialista, Estado Comunal, socialismo, justicia comunal, jueces comunales, jurisdicción especial comunal y ciudades comunales.

Los diputados que aprobaron en primera discusión esta ley confiesan en la exposición de motivos que están asumiendo funciones de poder constituyente al señalar que se requiere una nueva institucionalidad para el desarrollo socialista, lo cual supondría una nueva unidad político territorial y señalan que la ley promueve la creación de una nueva instancia de gobierno territorial.

Bajo la falsa premisa de estar descentralizando el poder, de darle un supuesto poder directamente al pueblo, se viola la descentralización en los términos señalados en la Constitución, que son los únicos mediante los cuales ella permite y propicia la transferencia de recursos y competencias a las entidades político territoriales por ella creadas.

El proyecto de ley establece que las comunas son un "modelo socioeconómico legitimado por el Estado, que en el caso venezolano responde a los principios para la construcción del socialismo del siglo XXI". ¿Quién le dio esa legitimación en nombre del Estado si el único que puede constitucionalmente producir esa legitimación es el pueblo en ejercicio de su soberanía, que no puede ser usurpada por los poderes constituidos? ¿En qué parte de la Constitución está señalado como principio fundamental la construcción del socialismo del siglo XXI? Los principios fundamentales del Estado venezolano están señalados en el Título I, artículos 1 al 9 de la Carta Magna. En el artículo 2 se señala que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia. El estado social es un estado de derecho. Las normas rectoras de ese estado de derecho están en la propia Constitución.

No sólo se pretende crear una nueva unidad político territorial con funciones ejecutivas a través del órgano colectivo denominado las comunas, sino que adicionalmente se crean instancias jurisdiccionales descentralizadas y atomizadas y órganos legislativos microlocales. En efecto se crea una jurisdicción constitucionalmente inexistente denominada justicia comunal o jurisdicción especial comunal con jueces comunales, que violan las normas constitucionales referidas al sistema judicial; y se crea un Parlamento Comunal que dictará la Carta Comunal. Invade las competencias constitucionalmente dadas a los Concejos Municipales y a los Consejos Locales de Políticas Públicas. A los primeros con el Parlamento Comunal y a los segundos con los Consejos de Planificación Comunal.

El órgano rector al que deberán rendir cuentas no será a la municipalidad sino directamente al Poder Ejecutivo central por intermedio de un nuevo ministerio con competencia en materia de comunas, materia para la cual no existe ninguna norma atributiva de competencias en el texto constitucional.

La AN se basa en competencias constitucionales que no tiene y en principios constitucionales que no existen actuando al margen de la Constitución. No es órgano constituyente ni el pueblo venezolano le ha delegado su soberanía para crear nuevas entidades político territoriales inexistentes, y basa su proyecto de ley en principios también inexistentes y violatorios de los existentes y aprobados por el pueblo en la Constitución de 1999. El diputado Vivas señaló que ya no es el municipio, será la comuna la base fundamental de la organización territorial. ¿Y la Constitución y la soberanía del pueblo qué, diputado Vivas?


Fuente:
http://www.eluniversal.com/2010/06/25/opi_art_comuna-socialista_1946351.shtml

Juan Josè Molina opina sobre la Ley de Comunas.

Con fecha 25 de junio de 2010, el diario Nueva Prensa de Oriente, registra una nota de prensa en la cual el parlamentario de Podemos, Juan Josè Molina, cuestiona la Ley Orgánica de Comunas por considerarla inconstitucional, el parlamentario de Podemos, Juan José Molina, afirmó que el presidente Hugo Chávez, de ganar una mayoría en la Asamblea Nacional (AN), solicitaría una Constituyente, que le permita "imponer" una nueva Carta Magna a su medida.

Molina destacó que la ley, que fue recientemente aprobada por la AN en primera discusión, se ubica en el marco de un conjunto de normativas legales "que violentan la Constitución" porque fueron rechazadas en el referendo de la reforma constitucional de diciembre de 2007.

"Si la alternativa democrática pierde las elecciones y el gobierno logra imponer una mayoría calificada en la Asamblea Nacional, el presidente con toda certeza va a solicitar una Asamblea Nacional Consti-tuyente para cambiar la Constitución y ganar así, a través de su nueva estrategia electoral que la convalida la Ley de Procesos Electorales, una Constituyente e imponer una Cons-titución".

Molina considera que la Ley de Comunas "altera" la estructura geopolítica del país que está establecida en la Constitución de 1999 y además la cuestiona pues con ella se ha pretendido "dar connotación de poder al poder comunal", lo que tampoco está dispuesto en la Carta Magna.

"En la Constitución están contemplados los cinco poderes y los niveles de poder son el nacional, regional y el local. La ley del Poder Público Municipal establece que los municipios, que es el nivel más cercano a la comunidad, se divide en parroquias".

Factores adicionales
Otro elemento que resalta el parlamentario es que la tercera disposición transitoria de la normativa elimina la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, lo que mermaría las competencias de los alcaldes y crea un escenario en el que el presupuesto de las comunas queda directamente dependiendo del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Comunas.

Molina también alertó sobre la "precaria situación" en la que quedan los Parlamentos regionales, pues sus competencias también se verán disminuidas debido a la creación del Parlamento Comunal, contemplado en la ley.

Fuente:
http://nuevaprensa.web.ve/content/view/35822/2/

jueves, 24 de junio de 2010

Oficina para el control de actividades de organismos públicos y consejos comunales para informar al presidente.

Con fecha 22 de junio de 2010, la Gaceta Oficial N° 39.451 publica el Decreto N° 7.503, mediante el cual se crea la Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública, órgano con capacidad de gestión, administrativa y financiera, la cual formará parte integrante de la Presidencia de la República.

A continuación el portal web noticierolegal.com, presenta el detalle del Decreto N° 7.503, que se transcribe a continuación:

Artíiculo 1° Se crea la Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública, órgano con capacidad de gestión, administrativa y financiera, la cual formará parte integrante de la Presidencia de la República.

Artículo 2° La Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública, tendrá como objeto la evaluación, supervisión, vigilancia, seguimiento y control en el cumplimiento de los planes, proyectos, obras y trabajos que ejecuten los Ministerios, Órganos, Entes, Misiones, así como la actividad que realicen los Consejos Comunales u otra formas de comunidades organizadas, relacionadas a la ejecución de recursos públicos y al ejercicio de la gestión pública, a los fines de mantener en pleno conocimiento de dichas actividades al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, permitiendo el manejo de la información necesaria para la toma de decisiones que guarde especial relación con éstas materias, y ayude de manera efectiva a la consecución del fin de brindar ia mayor suma de satisfacción posible al ciudadano y ciudadana qué recibe los servidos públicos que presta el Estado.

La Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública, estará a cargo de un Director Ejecutivo, quien será un funcionario de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República.

Artículo 4° Todo el personal de la Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública, será personal de confianza, designado y removido libremente por el Director Ejecutivo.

Artículo 5° A los fines previstos en este Decreto, la Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública, contará con personal multidisciplinario y con la asesoría de todas aquellas instituciones públicas y privadas que considere conveniente.

Artículo 6° La Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluadón de la Gestión Pública, tendrá las siguientes atribuciones:

1. Dictar su Reglamento Interno, para establecer las normas y procedimientos que garanticen su funcioamiento.

2. Realizar inspecciones y evaluaciones, así como, seguimiento y control a los planes, programas, proyectos, obras y trabajos que ejecuten los Ministerios, Órganos, Entes, Misiones y, a las actividades que realicen los Consejos Comunales u otras formas de comunidades organizadas en la ejecución de recursos asignados por el Estado venezolano.

3. Presentar informes al ciudadano Presidente de la República, que evidencien los resultados de las inspecciones generales que realicen a los planes, programas, proyectos, obras y. trabajos que ejecuten los Ministerios, Órganos, Entes y Misiones, así como, de las actividades que realicen los Consejos Comunales u otra formas de comunidades organizadas, los cuales deberán contener las recomendaciones para la revisión, rectificación y reimpulso de los mismos.

4. Tramitar las solicitudes de inspección, que presenten los ciudadanos y dudadanas cuando se presuma la existencia de irregularidades en la ejecución planes, programas, proyectos, obras y trabajos que ejecuten los Ministerios, Órganos, Entes, Misiones, así como, la actividad que realicen los Consejos Comunales u otra formas de comunidades organizadas.

5. Promover la contraloría social por parte de los ciudadanos y ciudadanas que habiten en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

6. Realizar seguimiento y control en los distintos planes, programas, proyectos, obras y trabajos que estén en ejecución, para verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas por el ciudadano Presidente de la República.

7. Elaborar y ejecutar planes de trabajo para la solución de las situaciones identificadas en las inspecciones, previa opinión del equipo técnico multidisciplinario.

Artículo 7° La Oficina Estratégica de inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública, presentará al Presidente de la República, un cronograma de ejecución de actividades que garanticen el cumplimiento de los objetivos trazados, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a su instalación, asimismo, presentará periódicamente informes de avances relacionados con las actividades realizadas.

Artículo 7° La Oficina Estratégica de inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública, presentará al Presidente de la República, un cronograma de ejecución de actividades que garanticen el cumplimiento de los objetivos trazados, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a su instalación, asimismo, presentará periódicamente informes de avances reladonados con las actividades realizadas.

Artículo 8° La Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública, tendrá su sede en Caracas y podrá establecer dependencias o unidades administrativas en otras ciudades del país.

Artículo 9° Los Ministerios, órganos, entes, misiones, consejos comunales u otra formas de Comunidades organizadas, están obligados a prestar colaboración y cooperación, permitiendo el acceso a las oficinas, recintos o instalaciones donde se encuentren los documentos que avalen los planes, proyectos, obras y trabajos, así como a las instalaciones donde se ejecuten, así como el suministro de la información que solicite la Oficina Estratégica de Inspeción, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública, para la consecución de sus objetivos. A tal efecto, la información solicitada, debe ser entregada en un lapso no mayor de cinco (05) días continuos contados a partir de la fecha en que se realice la solicitud.

Artículo 10. Las competencias de las unidades administrativas de la Oficina Estratégica de Inspección, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública, serán estableadas en el Reglamento Orgánico y en el Reglamento Interno que se dicte al efecto

Artíiculo 11. La creación de este órgano, será incluida en una futura reforma al Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional.

Artículo 12° El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Fuente:
http://www.noticierolegal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2638:creada-la-oficina-estrategica-de-inspeccion-seguimiento-y-evaluacion-de-la-gestion-publica-como-organo-dependiente-de-la-presidencia-de-la-republica&catid=3:presidencia-de-la-republica&Itemid=8

Alcalde de Naguanagua opina sobre las leyes del poder popular.

Con fecha 24 de junio de 2010, El Carabobeño reseña una nota de prensa en la que destaca que para el alcalde de Naguanagua, Alejandro Feo La Cruz, la Asamblea Nacional trabaja de espaldas al país, luego de conocerse la aprobación, en primera discusión, de las leyes de Comunas, Contraloría Social y Economía Popular.

“El objetivo es claro: engañar a la gente asegurándole la transferencia de poder. Pero realmente lo que pretenden es centralizar el poder en Caracas, restando recursos y competencias a las gobernaciones y alcaldías que son los organismos que están más cerca del pueblo”, explicó, Feo La Cruz mientras rechazaba tajantemente la posible entrada en vigencia de estas nuevas normas que podrían ser sancionadas, por la mayoría oficialista en la AN, antes del 26 de septiembre.

A juicio del burgomaestre, con este consentimiento el cuerpo legislativo violó la Constitución Nacional, ya que ésta establece a la descentralización como un principio fundamental.

“Se trata de un engaño, de una traición a la patria. Estas reformas las quieren introducir de contrabando pues ya fueron rechazadas en el referéndum del año 2007”, agregó.

El también representante de Proyecto Venezuela reiteró, que los diputados nacionales afectos al oficialismo se han planteado centralizar los recursos para seguir dilapidándolos en comida que se pudre a escondidas del pueblo y en la precaria prestación de servicios públicos como el agua y la luz.

“Por eso en nombre de los vecinos de Naguanagua expresamos el rechazo a la aprobación de estas leyes y exigimos a esos asambleistas que van de salida, que respeten la descentralización y desistan de trabajar a espaldas de la gente”, concluyó.

Fuente:
http://www.el-carabobeno.com/p_pag_act.aspx?id=L1

Conociendo el proyecto de ley sobre contraloría social.

Objeto de la Ley:

El Proyecto de Ley sobre la Contraloría señala que el objeto de la misma es el establecer y desarrollar los mecanismos, normas y condiciones para garantizar la promoción e impulso del ejercicio de la contraloría social como medio de participación, protagonismo y corresponsabilidad, para lograr la consolidación del poder popular, a través de la acción directa de los ciudadanos y las ciudadanas en las funciones de vigilancia, seguimiento, acompañamiento y control de la gestión pública y comunitaria, así como sobre toda actividad privada que incida en los intereses públicos y colectivos.

El artículo amplía la contraloría social al ámbito privado, cuando, según dice la norma, esa actividad de naturaleza privada incida en los intereses públicos y colectivos, con lo cual deja un amplio margen para la interpretación.

La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, establece que los ciudadanos somos INTEGRANTES del Sistema Nacional de Control Fiscal, y que el desarrollo de esa condición le correspondía al Contralor General de la República a través de una resolución, y según el artículo 75 de esa Ley Orgánica esas normas deberían responder a los siguientes criterios:

1. Atender las iniciativas de la comunidad en el proceso de participación ciudadana en el control fiscal.

2. Ordenar, dirigir, sistematizar y evaluar las denuncias ciudadanas.

3. Establecer estrategias de promoción de la participación ciudadana para coadyuvar a la vigilancia de la gestión fiscal.

4. Promover mecanismos de control ciudadano en proyectos de alto impacto económico, financiero y social.

Han pasado 9 años de esa Ley y ahora es que entonces a través de este proyecto de Ley Orgánica se viene a regular la contraloría social como mecanismo a través del cual el ciudadano participa en el control sobre la gestión pública.

¿Qué define el proyecto como Contraloría Social?

Es el ejercicio de control y vigilancia, practicado por los ciudadanos y ciudadanas de manera individual o colectiva, sobre la gestión del Poder Público y de las instancias del Poder Popular, así como de las actividades privadas que afecten el bienestar común.

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal en su artículo 272 la define el control social como un mecanismo mediante el cual el ciudadano de manera individual y colectiva participa en la vigilancia y control de la gestión pública municipal, en la ejecución de programas, planes yproyectos, en la prestación de los servicios públicos municipales, así como en la conducta de los funcionarios públicos, para prevenir, racionalizar y promover correctivos.

Para lograr ese control es que se pueden organizar las contralorías sociales con el fin de coadyuvar en el ejercicio del control, vigilancia, supervisión y evaluación de la gestión pública municipal, el artículo 273 prevé el registro de estas organizaciones y establece los deberes y derechos de los ciudadanos en esta materia, así como el derecho de información por parte de los organismos públicos en el ámbito municipal, y en el ámbito nacional la Ley contra la Corrupción obliga que trimestralmente los entes públicos deben facilitar información sobre la gestión, so pena de sanción.

El proyecto de ley sobre la Contraloría somete esta acción al principio de ética socialista, que el propio legislador señala comprende:

La ética socialista, que comprende: objetividad, disciplina, transparencia, rectitud, participación, justicia, humanismo, equidad, imparcialidad, el bien común, solidaridad, corresponsabilidad, honestidad, moral revolucionaria, deber social, para el desarrollo y fortalecimiento del Poder Popular.

¿Cómo dice el proyecto debe ejercerse esta contraloría social?

1.-Se ejerce de manera individual, mediante la presentación en forma unipersonal de denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones ante los organismos competentes.

2. Se ejerce de manera colectiva a través de Contralorías Sociales constituidas por dos (2) o más ciudadanas o ciudadanos que decidan voluntaria y unilateralmente conformarlas.

3. Se ejerce de manera colectiva mediante Contralorías Sociales que actuarán como voceras de comunidades o sectores sociales organizados. En tales casos, a los fines de obtener la legitimidad que le permita actuar en nombre de éstos, los voceros y voceras contralores que la integren, deben ser electos en asambleas de ciudadanos y ciudadanas del colectivo u organización del Poder Popular al que pertenezcan.

4. Podrá coordinar y articular acciones con los órganos y entes del Poder Público en sus diversas instancias y niveles.

5. Se podrá organizar en comités e interrelacionarse o asociarse en redes de acuerdo a las áreas o materias específicas para el ejercicio de la función contralora.

6. La contraloría social podrá contar para el ejercicio de sus funciones con órganos permanentes en todos los niveles políticos territoriales del Estado, cuando los consejos comunales y en algunos casos, otras formas de organización del Poder Popular, se asocien para actuar de manera conjunta en su ámbito geográfico o en los diversos ámbitos de la vida social.

¿Quién puede ser contralor social?


El proyecto establece en su artículo 11 que para ejercer la contraloría social se requiere:

1. Sujetar su desempeño a los principios y valores que rigen el control social, previstos en esta Ley.

2. Ser mayor de edad, salvo en los casos previstos en la ley.

Prohibe el artículo 12 del proyecto de ley que los ciudadanos y ciudadanas que ejerzan la Contraloría Social reciban ningún beneficio económico o de otra índole, derivados del ejercicio de sus funciones.

El proyecto de ley establece el deber de quien ejerza la contraloría social de guardar reserva sobre la información y documentación obtenida en el ejercicio de su función, además de observar losprincipios del control social.

Igualmente en su artículo 18 señala que ningún contralor social podrá ser objeto de medidas que dificulten en el cumplimiento de su función.

Y si el ciudadano que integre o ejerza la Contraloría Social incurre en hechos, actos u omisiones que alteren el propósito de dicha actividad tendrán una sanción conforme a las leyes que regulen la materia.

¿Qué alcance tendría la Ley de Contraloría según el proyecto?


Artículo 9. La Contraloría Social comprende la vigilancia, control, seguimiento y supervisión de:

1.Todas las actividades de interés social, tanto públicas como privadas y comunitarias.

2. La gestión del Estado y todas sus instituciones; el uso de los recursos, los ingresos y gastos públicos.

3. La gestión de las instancias del Poder Popular y todas sus actividades sociales y económicas.

4. El uso de los bienes y servicios que sean de utilidad pública e interés social, tanto públicos como privados y comunitarios.

5. Los servicios públicos, prestados directamente por entes del Estado en sus distintos niveles político territoriales, por transferencia a las instancias del Poder Popular o por entidades privadas mediante concesión.

6. El acceso de las personas a bienes y servicios de utilidad pública e interés social, así como su calidad, precios y costos.

7. El libre y oportuno acceso a la información de los entes públicos, y comunitarios; y de los privados, cuyo conocimiento sea de interés social.

8. La actuación de funcionarios públicos y funcionarias públicas, conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes sobre la función pública.

9. Todas aquellas actividades que constituyan o se correspondan con el interés social.

¿Qué función debe realizar un contralor Social?


El proyecto establece una serie de atribuciones generales y otras específicas, las primeras en el propuesto artículo 7 y las segundas en el propuesto artículo 16, a saber:

Generales:

1. Comunicar a la ciudadanía los avances y resultados de los procesos de control, vigilancia, supervisión y evaluación realizados en su área de actividad.

2. Presentar informes y resultados de sus actividades a los órganos y entidades que ejecuten programas, proyectos o contratos, realizando las recomendaciones que estimen pertinentes.

3. Remitir informes de avances y resultados de sus actividades a los órganos de control fiscal y demás organismos públicos competentes.

4. Denunciar ante las autoridades competentes los actos, hechos u omisiones presuntamente irregulares que hubieren detectado.

Son funciones específicas de la Contraloría Social:

1. Realizar observaciones y registro en relación con el objeto de control o monitoreo. Para ello podrá revisar documentos, observar hechos, entrevistar a ejecutores y beneficiarios del proyecto y cualquier otra actividad que permita una apreciación objetiva en relación con el objeto sujeto a control.

2. Realizar indagaciones que permitan identificar el o los presuntos hechos involucrados y una síntesis de los soportes que fundamentan la investigación.

3. Elaborar informes diagnósticos parciales basados en toda la información recopilada. El borrador del informe preliminar deberá ser del conocimiento público con la finalidad de que se puedan recoger opiniones y modificar o ampliar su contenido.

4. El informe debe contener conclusiones claras y un cuerpo de recomendaciones dirigidas al mejoramiento de lo monitoreado.
Esto ya existe en términos generales:

Ya la ley municipal establece desde el 2001 los deberes y obligaciones de quienes ejercen la Contraloría Social y una sanción hacia el contralor municipal de no observar las recomendaciones que hagan los contralores sociales.

Oportuno es mencionar que el artículo 275 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, establece que las organizaciones que realicen contraloría social tendrán las siguientes obligaciones:

1.- Comunicar a la ciudadanía los avances y resultados de los procesos de control, vigilancia, supervisión y evaluación realizados.

2.- Presentar informes sober los avances y resultados de sus actividades a los órganos y entidades qeu ejecutan el programa, proyecto o contrato realizando recomendaciones que estimen pertinentes.

3.- Remitir el informe de avances y resultados de sus actividades a los órganos de control fiscal y demás organismos públicos competetentes. La ley orgánica municipal establece que si el contralor municipal inobservare reiteradamente las recomendaciones hechas por las comunidades en el ejercicio de la función contralora social, incurrirá en una causal para su destitución.

4.- Denunciar ante las autoridades competentes los actos, hechos u omisiones presuntamente irregulares que hubieren detectado.

¿Qué procedimiento señala el proyecto de ley debe seguir la contraloría social?

El procedimiento a realizar, en el ejercicio de la Contraloría Social, será el siguiente:

1. Se inicia el ejercicio del control social por denuncia, noticia criminis, así como de toda persona natural o jurídica que tenga conocimiento sobre la infracción, inacción o hecho irregular que afecte los intereses individuales o colectivos de los ciudadanos y ciudadanas.

2. Informar a los organismos de control competente, local, regional y/o nacional, de la apertura del procedimiento, según su ámbito de competencia.

3. Al realizarse la fiscalización y verificarse la infracción, inacción o hecho irregular, se levantará un acta que la suscribirán los miembros de la Contraloría Social, en la cual se dejará constancia fiel de los hechos, acompañada de la documentación que soporte los mismos. Dicha acta será remitida al organismo competente en la materia, área o actividad fiscalizada, y copia donde conste su recepción por parte del organismo competente, al organismo de control fiscal que, de acuerdo al ámbito territorial, corresponda conocer de la situación.

¿Quién debe formar a los contralores sociales?


Es obligación de las distintas instancias del Poder Público, así como de todas las instancias del Poder Popular, desarrollar programas, políticas y actividades orientadas a la formación y capacitación de los ciudadanos, ciudadanas y organizaciones sociales en materia relacionada con el ejercicio de la Contraloría Social.


Fuente:

Documento primera discusión leído en la web de la Asamblea Nacional el 22 de junio de 2010.

miércoles, 23 de junio de 2010

Voluntad Popular opina sobre el proyecto de Ley de Comunas

Con fecha 23 de junio de 2010, el portal web de Globovisión registra la siguiente declaración de Voluntad Popular sobre el proyecto de Ley qeu regulará las Comunas. La posición fué fijada públicamente por el activista Carlos Vecchio, acompañado por miembros de diferentes Consejos Comunales del Área Metropolitana y el Estado Miranda, aseguró que la Ley de Comunas, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional, busca dar un golpe mortal a la descentralización, tras conceder mayor poder al Presidente de la República y decretar la muerte de los Municipios y Gobernaciones.

Vecchio -aseguró- la Ley de Comunas no toma en cuenta la Voluntad Popular de los venezolanos, por el contrario busca centralizar el poder, anular la participación que se ha ganado a través de los mismos consejos comunales y de las diferentes figuras que manejan gobernaciones y alcaldías. Con esta ley más que solucionar los problemas básicos de la población, se incrementarán.

En tal sentido, el activista de Voluntad Popular explicó, “con la eliminación de los gobiernos locales se disminuirían los sistemas de diagnóstico, evaluación y resolución de problemas en todos los espacios del territorio, pues ellos son los que conocen la realidad de su entorno y por ende son garantes de la Gobernabilidad”.

Asamblea Nacional con responsabilidad

Vecchio –aclaró- está planteado que el Parlamento Comunal sea el órgano rector de Las Comunas para la construcción del socialismo y no sustituirá a la Asamblea Nacional; por ello es necesario la conformación de un cuerpo legislativo plural el próximo 26 de septiembre. Debemos impulsar una discusión amplia en torno a esta ley violatoria de la Constitución Nacional que impida la implementación del Modelo Cubano en Venezuela”.

Asimismo, el abogado y activista de Voluntad Popular refirió que otro de los grandes retos de la nueva Asamblea Nacional es hacer respetar las decisiones del pueblo. “La Ley de Comunas establece esa geometría del Poder planteada en el proyecto de país que fue rechazado contundentemente por todos los venezolanos en el año 2007, cuando el referéndum consultivo de la Reforma Constitucional. No podemos seguir permitiendo que el Gobierno desconozca la Voluntad Popular. No pueden aprobar un instrumento al cual la ciudadanía no acepta”.

VP respalda contundentemente a los Consejos Comunales

El activista de Voluntad Popular destacó que el movimiento político aprueba la creación de los Consejos Comunales, pero sin discriminación, ni divisiones políticas. “Nosotros creemos en la descentralización, en la participación y sobre todo en más poder para que la gente pueda resolver sus problemas e incrementar su calidad de vida”, sentenció Vecchio.

Por su parte, el miembro del Consejo Comunal de la Parroquia “El Junquito” hizo un llamado a todos los venezolanos a no abandonar la lucha en todos los espacios de discusión y denunció que el Gobierno impide la participación de los diferentes sectores ideológicos del país

Fuente:
http://www.globovision.com/news.php?nid=152870

Comuna, municipio y constitucion

La urgencia de aprobar la Ley Orgánica que crea las Comunas, pone en el debate político y jurídico el tema sobre la Supremacía de la Constitución, en otras palabras, hace reflexionar sobre el respeto a la Constitución como norma suprema.

¿Cómo es nuestro diseño político territorial?

Cuando se imparte clases de Derecho Administrativo y se aborda con los alumnos el tema de la división político territorial del país, uno tiene necesariamente que partir del artículo 16 de la Constitución Nacional de 1999, reimpresa en el 2000, en cuyo texto nos señala que el territorio nacional se divide territorialmente de la siguiente manera:

-Estados.
-Distrito Capital.
-Dependencias Federales.
-Territorios Federales.

Y además agrega el artículo que ese territorio se organiza en municipios. Con ello le da una mayor relevancia e importancia al nivel político territorial conocido como Municipio, que viene a ser, según el artículo 168 de la Constitución, la unidad política primaria de la organización nacional, gozando de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites que la propia norma constitucional imponga.

Cuando se menciona la creación de comunas, y en el propuesto artículo 4 del proyecto se señala que la misma podrá coincidir con el territorio del municipio en particular, abre la posibilidad real de crear esas entidades locales, como las denomina el artículo 1 del proyecto de ley orgánica que se debate, alterando los límites históricos, tradicionales y reconocidos de los actuales municipios. ¿No implica ello una reorganización del territorio?. ¿Cómo puede realizar esa reorganización si es a través del municipio cómo se organiza el territorio?

La Comuna como entidad local

Abordemos ahora el término “entidad local”, no es posible obviar la posibilidad que establece la Constitución en su artículo 169 de organizar no sólo a los municipios, sino también a otras entidades locales, pero tal opción debe hacerse atendiendo los principios constitucionales, lo cual luego es recogido por el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Esta Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en su artículo 6, nos indica que el régimen y organización de los municipios y demás entidades locales, atenderán a criterios de población, desarrollo económico, capacidad fiscal, geografía, historia, etc…. Pero limita su regulación a una Ley Estadal. Establece además que para tal fin el Consejo Legislativo Regional o sus comisiones deberán oír a los alcaldes, concejos municipales, juntas parroquiales y ciudadanos, así como a las organizaciones que hacen vida en la comunidad.

Para la ley que regula el ámbito municipal, el municipio, así como también, las entidades locales se reconocen como espacios primarios de la participación ciudadana en la planificación, diseño, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

Ahora bien, cuando hablamos de “entidades locales”, nos referimos según el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal a:

-Distritos Metropolitanos.
-La parroquias y demás demarcaciones dentro el territorio del Municipio.

¿Estaremos hablando entonces de las Comunas como entidad local socialista en los mismo términos que las “entidades locales” a que hace mención la Ley Orgánica del Poder Público Municipal?.

Si la vemos como una demarcación del territorio del municipio, podría crearse, siempre y cuando pasara por la consulta ciudadana, de los gobiernos municipales y creada por una Ley del Estado al cual pertenezca el Municipio respectivo.

Si la vemos como una entidad local que se ha creado por Ley Orgánica a través de la Asamblea Nacional, con un poder legislativo y un poder judicial, y además, como base de un Estado Comunal, entonces no queda otra que mirar esa figura como algo que ha nacido al margen del ordenamiento jurídico venezolano, lo que justifica que sea definida como una entidad local socialista.

La Comuna como una política para promover la descentralización:

Ahora bien, si lo enfocamos como una figura que surge del principio de la descentralización, la propia Constitución nos habla de crear mecanismos abiertos y flexibles para la descentralización y transferencia a las comunidades y grupos vecinales organizados de los servicios, pero destaca este artículo constitucional 184, que tal proceso debe hacerse desde los Estados y los Municipios a las comunidades y grupos vecinales.

El numeral 6to de ese artículo 184 de la Constitución señala que a los fines de ese proceso de descentralización entre estados y municipios hacia las comunidades y grupos vecinales, se pueden crear nuevos sujetos de descentralización a nivel de las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos estadales y municipales.

Si bien se reconoce la competencia de la Asamblea Nacional, según la norma constitucional 157 para promover la descentralización, no se puede negar que este artículo limita ese proceso a la transferencia desde el Poder Nacional hacia los estados y municipios, y seguidamente como lo señala el artículo 158 de la Constitución, el objetivo de esa transferencia de competencia como política nacional, es profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales.

En conclusión.

La redacción de las normas constitucionales y de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, evidencian un respeto a los niveles políticos territoriales que institucionalmente han existido por más de 3 décadas en el país y al principio de participación ciudadana en el proceso de crear un municipio u otra entidad local.

Con la creación de las comunas, debemos preguntarnos ¿dónde queda el respeto a la autonomía municipal, que establece el artículo 16 de la Constitución como garantía siempre que se regule la división política territorial, si no son consultados como instancia en la creación de estas futuras entidades locales?.

Y por último ¿Qué queda del derecho y del respeto a la Constitución si obviando la participación de los ciudadanos, de los municipios y los estados, se altera la forma de organizarse territorialmente el Estado Venezolano?. ¿Se iniciará el proceso de agonía del poder municipal?

Forman a comuneros de comunas en construcción en Charallave.

Con fecha 21 de junio de 2010, el portal web del Ministerio para las Comunas, informa que el centro de Formación Socialista Ezequiel Zamora en Charallave, fue el escenario de formación para los integrantes de las Comunas en Construcción, quienes recibieron el taller de administración para la unidad de Gestión Financiera de las Comunas, el cual tuvo una duración de cinco días.

Los Comuneros y Comuneras expresaron que fue muy provechoso el curso porque aclaró muchas dudas sobre la administración pública, además de brindarles conocimiento sobre ideología política y el socialismo en los tiempos de hoy, declaró la vocera de la Sala de Batalla Social "Tierras de Bolívar", Milvida Carranza.

Los treinta y tres voceros que formaran parte de la Unidad de Gestión Financiera del territorio Comunal, recibieron el curso con la responsabilidad de administrar los recursos del Banco de la Comuna y la visión de transferir el poder al pueblo. Los voceros que recibieron el curso tiene la responsabilidad de utilizar las herramientas que acogieron para dar la mayor suma de felicidad al colectivo de su ámbito territorial.


Fuente:
http://www.mpcomunas.gob.ve/noticias_detalle.php?id=4532

martes, 22 de junio de 2010

Sobre el proyecto de Ley de Economía Comuna IIIl. Crea moneda comunal y un sistema nuevo.

Luego de los dos registros previos sobre el proyecto que es presentado en el portal de la Asamblea Nacional el 22 de junio de 2010 que desarrolla la denominada economía comunal, concluye este acercamiento a su contenido destacando la creación de dos figuras:

1.Sistema Alternativo de Intercambio Solidario.

2.Moneda Comunal.

Sistema Alternativo de Intercambio Solidario.

Un capitulo identificado como el VI, regula esta figura y en su artículo 48 la define como el conjunto de actividades propias que realizan las prosumidoras y los prosumidores, dentro y fuera de su comunidad, por un período determinado, antes, durante y después del intercambio, con fines de satisfacer sus necesidades, las de la comuna o las de la comunidad organizada de saberes, bienes y servicios; sin el uso de moneda de curso legal en el territorio nacional y con prohibición de prácticas de carácter financiero, como el cobro de interés o comisiones.

El Sistema Alternativo de Intercambio Solidario podrá ser desarrollado en:

1. Sistema de producción y suministro para el trueque comunitario.
2. Centros de acopio, tiendas comunitarias y proveedurías.
3. Cualquier lugar que determinen las prosumidoras y los prosumidores en el momento requerido, o en su defecto el lugar acordado por la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos.
4. Todos aquellos que a tales fines fije el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia de sistema económico comunal.

¿Quienes son los prosumidores?

Personas que producen, distribuyen y consumen bienes, saberes o servicios, y participan voluntariamente en los sistemas alternativos de intercambio solidario, con espíritu social, para satisfacer sus necesidades y las de otras personas de su comunidad.

En otras palabras este es el sistema en el que operará el Trueque.

Crea la moneda comunal:
Al respecto basta transcribir la norma propuesta:

Artículo 62. La moneda comunal es el instrumento que permite y facilita el intercambio de
saberes, bienes y servicios en los espacios del sistema de intercambio solidario.

Artículo 63. El Banco Central de Venezuela regulará todo lo relativo a la moneda
comunal dentro del ámbito de su competencia.
Fuente:

Sobre el proyecto de Ley de Economía Comunal II. Las organizaciones socioproductivas.

El proyecto de Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo de la Economía Comunal qeu aparece en la web de la Asamblea Nacional con fecha 22 de junio de 2010, además de las 15 definiciones que se destacan en un registro previo, crea una serie de organizaiones socioproductivos.

¿Cuáles son las organizaciones socioproductivas?

El artículo 9 del proyecto establece que las organización socioproductivos son:

1. Empresa de propiedad social directa comunal: Unidad socioproductiva constituida en un ámbito territorial demarcado en una o varias comunidades, en una o varias comunas, destinadas al beneficio de sus integrantes y de la colectividad, a través de la reinversión social de sus excedentes y donde los medios de producción son de propiedad social comunal.

2. Empresa de propiedad social indirecta comunal: Unidad socioproductiva constituida en un ámbito territorial demarcado en una o varias comunidades, en una o varias comunas, destinadas al beneficio de sus integrantes y de la colectividad, a través de la reinversión social de sus excedentes y donde los medios de producción son de propiedad pública. El Estado progresivamente podrá transferir la propiedad a una o varias comunidades, a una o varias comunas.

3. Unidad productiva familiar: Es una organización cuyos integrantes pertenecen a un núcleo familiar que desarrolla proyectos socioproductivos dirigidos a satisfacer sus necesidades crecientes y las de la comunidad.

4. Grupos de intercambio solidario: Conjunto de prosumidoras y prosumidores organizados de conformidad con lo previsto en la presente Ley, con la finalidad de participar en alguna de las modalidades de los sistemas alternativos de intercambio solidario.


¿Cuál será el domicilio de estas organizaciones socioproductivas?

El proyecto de ley establece que las mismas deberán establecer su domicilio dentro del ámbito geográfico del Consejo Comunal o Comuna donde ejecutará sus actividades.

En el caso de los grupos de intercambio solidario, tendrán su domicilio en el lugar donde desarrollen las actividades productivas tendentes a ofrecer y recibir saberes, bienes y servicios.

¿Cuál será la estructura interna de esas organizaciones socioproductivas?; pareciera que estuviéramos leyendo la Ley de Consejos Comunales:

Artículo 21. La organización socioproductiva estará conformada por las siguientes
unidades:

1. Unidad de Administración.
2. Unidad de Contraloría Social.
3. Unidad de Formación.
4. Unidad de Gestión Productiva.

¿Cómo opera esa gestión productiva?

Artículo 36. La gestión productiva, desarrollada a través del Ciclo Comunal Productivo, se conforma por cinco fases, las cuales se complementan e interrelacionan entre sí y son las siguientes:

1. Diagnóstico: Esta fase caracteriza integralmente a las comunidades, se identifican las necesidades, las aspiraciones, los recursos, las potencialidades y las relaciones sociales propias de la localidad.

2. Plan: Determina las acciones, programas y proyectos socioproductivos que atendiendo al diagnóstico, tiene como finalidad el desarrollo del bienestar integral de la comunidad y comuna.

3. Presupuesto: Comprende la determinación de los costos y recursos financieros y no financieros con los que cuenta y requiere la comunidad y comuna, destinados a la ejecución de las políticas, programas y proyectos establecidos en el plan comunitario de desarrollo integral.

4. Ejecución: Fase que garantiza la concreción de las políticas, programas y proyectos en espacio y tiempo establecidos en el plan comunitario de desarrollo integral, garantizando la participación activa, consciente y solidaria de la comunidad.

5. Contraloría social: Es la acción permanente de prevención, vigilancia, supervisión, seguimiento, control y evaluación de las fases del ciclo productivo para la concreción del plan comunitario de desarrollo Integral y en general, sobre las acciones realizadas por la comunidad y comuna, ejercida articuladamente por sus habitantes, la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, las organizaciones socioproductivas y la Unidad de Contraloría Social.

Las fases del Ciclo Comunal Productivo deberán estar avaladas y previamente aprobadas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas de la comunidad o comuna, en articulación con los integrantes de la organización socioproductiva.

La gestión productiva comunal, permite concretar y afianzar el modelo económico socialista en el ámbito de las comunidades y comunas, garantizando la complementariedad del Ciclo Productivo como mecanismo para la articulación de las redes de productores en lo local, estadal y nacional; y tributando con ello al engranaje del Sistema Económico Comunal con el Sistema Nacional de Planificación.


¿Qué recursos financieros van a tener estas organizaciones?.

Los recursos tienen un diseño similar a la Ley de Consejos Comunales:

Artículo 37. Las Organizaciones Socioproductivas recibirán de manera directa e indirecta los siguientes recursos financieros y no financieros:

1. Los que sean transferidos por la República, los estados y los municipios.
2. Los generados en el desarrollo de su actividad productiva. (La autogestión)
3. Los provenientes de donaciones de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento
jurídico.
4. Cualquier otro generado por la actividad financiera que permita la Constitución de
la República y la Ley.


¿Cómo se van a manejar los recursos financieros?

Como en los consejos comunales a través de fondos. Se crearon los siguientes fondos en el proyecto de esa ley orgánica:

Fondo de Mantenimiento Productivo. (Art. 42) destinado a garantizar el ciclo
productivo y brindar una respuesta eficaz a las contingencias surgidas en el ejercicio de la actividad productiva. Este Fondo será administrado por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas de las organizaciones socioproductivas.

Fondo de Atención a los Productores. (Art. 43) destinado a cubrir las necesidades colectivas imprevistas, tales como situaciones de contingencia, emergencia o problemas de salud, que no puedan ser cubiertas por los afectados debido a su situación socioeconómica. Será administrado por la Unidad de Administración de la organización socioproductiva.

Fondo Comunitario para la Reinversión Social (Art. 44) constituido por recursos financieros excedentes emanados del proceso socioproductivo, con destino al desarrollo social comunitario. El destino de este Fondo será decidido por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas de la comunidad o comuna y el porcentaje mínimo de aporte será establecido por el reglamento de la presente Ley.

¿Hay algún privilegio para estas organizaciones previstas en el proyecto de Ley Orgánica?

-Prevé una exención de impuestos a estas organizaciones socioproductivas y aparece el Municipio por única vez en el proyecto de ley.

Artículo 13. Las organizaciones socioproductivas previstas en la presente Ley estarán exentas del pago de todo tipo de tributo nacionales y derechos de registro. Se podrá establecer mediante leyes y ordenanzas de los estados y municipios las exenciones de las organizaciones socioproductivas.

-Privilegios en contratación pública.

Articulo 14. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía comunal promoverá la adopción de medidas para que las organizaciones socioproductivas gocen de prioridad y preferencia en los procesos de contrataciones públicas, para la adquisición de bienes, saberes y servicios o ejecución de obras llevados por Órganos y entes del Poder Público.

-Programas para reestructuración de deuda.

Artículo 15. El Ejecutivo Nacional, a través del ministerio con competencia en materia de economía comunal, en caso de situaciones sobrevenidas no imputables a la organización socioproductiva, que afecte su capacidad de pago, podrá proponer y aprobar programas de reestructuración de deudas, que le sean sometidos a su consideración, a objeto de garantizar su recuperación.

¿Quién le otorga personalidad Jurídica?

Las organizaciones socioproductivas, en los casos que corresponda, adquirirán personalidad jurídica una vez formalizado su registro por ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en economía comunal y para ello habrá una taquilla única, el diseño es muy similar al Consejo Comunal.

Fuente:

http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2412&tmpl=component&format=raw&Itemid=185&lang=es


Las 15 definciones que hay que conocer para entender el alcance del proyecto de Ley sobre Economia Comunal. I

Para entender mejor el alcance del proyecto de Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo del Sistema Económico Comunal, en el portal de la Asamblea Nacional se puede leer el 22 de junio el contenido del proyecto y sobre el mismo es importante transcribir unas definicíones contenidas en el documento del proyecto de Ley Orgánica pues permite entender mejor su alcance y vinculación con las comunas y el cambio que se impone de nuestra realidad actual.

Son 15 las definicinoes que debemos revisar para entender el alcance del proyecto qeu se propone:

1. Sistema económico comunal: Conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes, servicios y saberes, desarrolladas por las comunidades bajo formas de propiedad social al servicio de sus necesidades de manera sustentable y sostenible, de acuerdo con lo establecido en el Sistema Centralizado de Planificación y en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

2. Modelo productivo socialista: Modelo de producción basado en la propiedad social, orientado hacia la eliminación de la división del trabajo del modelo capitalista, dirigido a satisfacer las necesidades crecientes de la población a través de nuevas formas de generación, apropiación y reinversión social del excedente.

3. Gestión económica comunal: Conjunto de acciones que se planifican, organizan y dirigen de manera participativa y protagónica por el pueblo organizado, en función de coadyuvar en la generación de nuevas relaciones sociales de producción que satisfagan las necesidades colectivas de las comunidades.

4. Ciclo productivo comunal: Sistema de producción, transformación, distribución, intercambio y consumo socialmente justo de saberes, bienes y servicios de las distintas formas organizativas socioproductivas surgidas en el seno de la comunidad como consecuencia de las necesidades humanas.

5. Trabajo colectivo: Actividad organizada, planificada y desarrollada por los integrantes de las distintas formas organizativas, basada en relaciones de producción no alienada, propia y auténtica, de manera participativa y protagónica.

6. Redes socioproductivas: Articulación e integración de los procesos productivos de las organizaciones socioproductivas, entre ellas y con las demás organizaciones del poder popular, para el intercambio de saberes, bienes y servicios, basados en los principios de cooperación y solidaridad. Sus actividades se desarrollan mediante nuevas relaciones de producción de los elementos que conforman el ciclo productivo, que contribuyan al fortalecimiento del Sistema Económico Comunal.

7. Brigadas de trabajo socialista: Grupo de productores y productoras comunales organizados, que socializan el trabajo en las fases del ciclo productivo a través de la vinculación y la interrelación para el fomento, desarrollo y afianzamiento del Sistema Económico Comunal, siendo instrumento fundamental para la planificación y conformación de las redes socioproductivas.

8. Proyectos socioproductivos: Conjunto de actividades concretas orientadas a lograr uno o varios objetivos, para dar respuesta a las necesidades, aspiraciones y potencialidades de la comunidad, para el fomento, desarrollo y afianzamiento del Sistema Económico Comunal.

9. Comité de economía comunal: Es la instancia encargada de la planificación y coordinación de la actividad económica del Consejo Comunal. Se constituye como instancia de vinculación y articulación entre las organizaciones socioproductivas, la comunidad y el Consejo de Planificación Comunal para los planes y proyectos socioproductivos.

10. Prosumidoras o prosumidores: Personas que producen, distribuyen y consumen bienes, saberes o servicios, y participan voluntariamente en los sistemas alternativos de intercambio solidario, con espíritu social, para satisfacer sus necesidades y las de otras personas de su comunidad.

11. Trueque comunitario directo: Modalidad de intercambio de saberes, bienes y servicios con valores mutuamente equivalentes, sin necesidad de un sistema de compensación o mediación.

12. Trueque comunitario indirecto: Modalidad de intercambio de saberes, bienes y servicios con valores distintos que no son mutuamente equivalentes y que requieren de un sistema de compensación o de mediación, a fin de establecer de manera explícita relaciones de equivalencia entre dichos valores diferentes.

13. Mercados de trueque comunitario: Son espacios físicos destinados periódicamente al intercambio justo y solidario de saberes, bienes y servicios, sin el uso de la moneda de curso legal.

14. Sistema de distribución y de consumo de trueque comunitario: Sistema destinado periódicamente al intercambio justo y solidario de saberes, bienes y servicios.

15. Reinversión social del excedente: Es el uso de los recursos remanentes provenientes de la actividad económica de las organizaciones socioproductivas, destinados a satisfacer las necesidades colectivas de la comunidad, una vez cumplido el proceso productivo y garantizada la producción.

Fuente: