viernes, 30 de octubre de 2009

Niegan recurso de nulidad interpuesto contra reglamento Orgánico del Ministerio de Educación.

El viernes 22 de julio de 2009, se registraba en el Blog la siguiente nota:
Informan de audiencia pública para presentar argumentos que sustenten nulidad del proyecto de reforma curricular.

Luego el viernes 24 de julio de 2009, otro registro en el blog era titulado como:

Sobre la audiencia en el TSJ en materia educativa.

Ahora con fecha 30 de octubre del 2009, la página web del TSJ, anuncia que la Sala Político Administrativa, en ponencia del magistrado Levis Ignacio Zerpa, declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por D’lsa Solórzano y José Luis Farías, en su carácter de dirigentes nacionales del partido político Un Nuevo Tiempo, contra el Decreto Nº 5.907 de fecha 04 de marzo de 2008, dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.884 del 05 de marzo de 2008, contentivo del Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Educación.

Según la nota de prensa la Sala argumentó su decisión en los siguientes aspectos:

-“la parte actora se limitó a denunciar un presunta ‘ideologización’ de la educación y la limitación o restricción de la libertad del pensamiento de los ciudadanos, por el solo hecho de hacerse referencia en el acto impugnado a un ‘Sistema Educativo Bolivariano’; sin embargo, los actores no realizaron denuncias puntuales acerca de algún acto de aplicación del Reglamento impugnado que fuere revelador de una limitación a la libertad del pensamiento de los ciudadanos, o que implicase la obligación de impartir una doctrina de carácter político bajo el amparo de tal denominación en los centros educativos, excluyéndose así otras corrientes de pensamiento.”

-“considera la Sala que el denominar o describir al sistema educativo venezolano como ‘Bolivariano’, lo que supone es un reconocimiento a la figura y al legado de nuestro Libertador, cuyo ejemplo histórico, según se desprende del preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos debe guiar en la búsqueda y fortalecimiento de la democracia con el fin de lograr ciudadanos integrales, sin excluirse ninguna corriente del pensamiento, pero sí resaltándose los valores y símbolos patrios.”


-que de la lectura del Reglamento Orgánico no se aprecia la exclusión o la prohibición de enseñanza de ninguna doctrina o corriente de pensamiento

-el Reglamento Orgánico impugnado, el cual tiene como objeto determinar la organización administrativa del Ministerio del Poder Popular para la Educación, no se violenta la soberanía; ni se camufla una forma de Estado socialista, “más bien lo que se pretende, tal como prevé en su artículo 15, es garantizar el carácter social de la educación a toda la población venezolana, lo que implica la inclusión de todos los ciudadanos en el sistema educativo.


-el Reglamento impugnado en nada se contrapone o violenta lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación vigente (1980), debiendo además destacarse que la parte accionante planteó con su argumento más un problema de aspecto formal, en cuanto al empleo de distintos vocablos esto es, ‘niveles’ o ‘subsistemas’, que un problema de fondo revelador de una transgresión de orden legal.”

Admiten recurso del Alcalde Ledezma contra la transferencia de la Corporación de Servicios Metropolitanos, S.A

El 30 de octubre de 2009, el portal del TSJ anuncia que el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa admitió la controversia administrativa planteada por los apoderados judiciales de Antonio Ledezma, procediendo en su condición de Alcalde Metropolitano del Distrito Metropolitano de Caracas, contra el Distrito Capital en virtud de la transferencia a éste último, de la Corporación de Servicios Metropolitanos S.A., perteneciente al Distrito Metropolitano de Caracas.

La nota sostiene que sobre la medida cautelar innominada solicitada mediante la cual se busca la suspensión de los efectos del Decreto Nro. 002 y la Resolución Nro. 002, del 14 de mayo de 2009, suscritos por la Jefatura del Distrito Capital así como cualquier actuación o acto que se realice o pueda realizarse en nombre y representación del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas, por parte de la autoridad que represente al Distrito Capital, “este Juzgado, en su oportunidad, ordenará abrir el respectivo cuaderno de medidas por auto separado, en acatamiento de la decisión de esta Sala de fecha 14.2.96, ratificada mediante decisiones de fechas 27.3.96 y 1°.7.03, en la cual se establece que “...a juicio de esta Sala, la medida cautelar innominada exige que haya habido la constitución de las partes en el proceso, es decir, que la litis se hubiere trabado...”, señaló el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa.

El Trolebús de Mérida busca integrar a C.Comunales.

Con fecha 30 de octubre de 2009, Diario Frontera, informa que se han instalados unas mesas de trabajo con representantes de los diferentes consejos comunales de la cuenca baja del Chama, los miembros de la Junta Directiva de Tromerca (Trolebús Mérida, C.A.), con el propósito de intercambiar ideas que permitan establecer mecanismos de integración en las actividades que desarrolla la empresa, para la consolidación de la línea 3 de este Sistema de transporte público Merideño.

La nota de prensa destaca que ésta es la primera jornada de integración, de varias que sostendrán en las próximas semanas, a fin de generar ideas que sirvan como valor agregado a esta importante construcción.

Fuente: http://www.diariofrontera.com/detalles_noticia.php?id=5231

jueves, 29 de octubre de 2009

Sobre la transparencia en el uso de recursos económicos por parte de los C.Comunales.

Nueva Prensa de Guayana, informa con fecha 29 de octubre de 2009, que el martes 27 de octubre en el sector Los Sabanales se realizó la quinta asamblea de vecinos con la finalidad de exigir la memoria y cuenta al Consejo Comunal Andrés Bello sector 4, quien recibió hace 2 años 89 mil bolívares por parte de la Gobernación del estado Bolivar y los cuales serían destinados para los proyectos de electrificación y agua en las calles Pérez Bonalde, Tabera Acosta, Gorrotegui, Andrés Bello y Eduardo Blanco, los cuales no han sido realizados y los habitantes desconocen el paradero del capital.

De igual manera se conoció que no es la primera vez que un caso similar ocurre con los mismas personas que conforman el consejo comunal, según las pruebas entregadas por los más de 30 vecinos en años anteriores existió un mal manejo de fondo de los cuales se desaparecieron más de 6.000 bolívares que presuntamente nunca pudieron demostrar en que fueron gastados.

La nota de prensa señala que este tipo de problema con los desfalcos por parte de los consejos comunales han ocurrido en muchas oportunidades, donde se hacen los proyectos y el dinero que sobra es tomado arbitrariamente y no se les explica a los residentes en que fue utilizado.

Fuente:

martes, 27 de octubre de 2009

Creada la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales.

En Gaceta Oficial No. 39.289, de fecha 21 de octubre de 2009, se publica la creación de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, que se define como una instancia desconcentrada dependiente jerárquicamente del Ministerio del Despacho de la Presidencia.

Las funciones de este órgano es el identificar, planificar, proyectar y ejecutar acciones urbanisticas, arquitectónicas y paisajistas de carácter extraordinario.

Esta oficina, dice el artículo 2 estará al servicio de los ciudadanos.

Esta figura deroga el decreto No. 6090, publicada en Gaceta Oficial No. 38.944, de fecha 3 de junio de 2008 la Comisión Presidencial de Planes y Proyectos Especiales para la Gran Caracas.

Sobre esta figura registre en este blog el siguiente titulo:

lunes 9 de junio de 2008

Se crea Comisión Presidencial de Planes y Proyectos Especiales para la Gran Caracas.

Consejos Comunales en Trujillo y el racionamiento eléctrico.

Los Consejos Comunales del estado Trujillo, (la nota señala que hay 1500 consejos comunales en este estado) emprendieron la campaña para el racionamiento de la energía eléctrica en la entidad, con una charla sobre el uso moderado del servicio eléctrico, en vista de la situación generada por el incremento de la demanda en los últimos años.

Esta iniciativa estuvo asesorada por la Fundación para la Promoción y Desarrollo del Poder Comunal (Fundacomunal), con el objetivo de concienciar a los usuarios y usuarias.


http://www.mpcomunas.gob.ve/noticias_detalle.php?id=3478

Formación comunitaria en Aragua.

Con fecha 27 de octubre de 2009, el portal web del Ministerio para las Comunas, informa que en el Estado Aragua, se graduaron un total de 473 voceros como Trabajadores Sociales Comunitarios.

Los voceros que recibieron el certificado pertenecen a los municipios: Sucre, Ribas, Urdaneta, Camatagua, San Casimiro y San Sebastián, del Estado Aragua.
La nota de prensa destaca que la viceministra Ochoa afirmó que la creación de la escuela de formación del poder popular tiene como fundamento la trasferencia de conocimiento, "para así consolidar la ética socialista para formar el modelo que estamos construyendo, porque esto apenas es un punto de partida, que está naciendo y actualmente llevamos 56% de la meta trazada para este año 2009".

Jornadas del debate popular en Carabobo.

El portal del Ministerio para la Comuna, con fecha 27 de octubre de 2009, destaca que en las instalaciones del Parque Recreacional del Sur se llevó a cabo el cierre de la Jornada de Debate del Poder Popular de la región central, con la presencia de los voceros y voceras de los 14 municipios del estado Carabobo.
En la jornada se discutió sobre la organización popular, los desafíos de la Revolución, la lucha contra el imperialismo, dar a conocer los avances del Poder Popular en la región de boca de sus protagonistas y mostrar algunos de los proyectos que se han presentado en los distintos Consejos Comunales de Carabobo.

En el evento el alcalde del Municipio Bolivariano de Valencia, Edgar Parra, dio a conocer un programa de transferencia de recursos a 33 proyectos de distintos Consejos Comunales, a través del Instituto del Poder Popular municipal, por un monto de 10 millones de bolívares fuertes, actividad que se llevará a cabo a mediados de noviembre del presente año. "Es una oportunidad de oro", acotó Parra.

Formación comunitaria de voceros zulianos.

Con fecha 27 de octubre de 2009, el portal del Ministerio para las Comunas, informa que un total de 655 voceros y voceras de los municipios Maracaibo y Jesús Enrique Lossada, del estado Zulia, recibieron de manos de la viceministra de Formación Comunal del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (MPCyPS), Isis Ochoa, el certificado de aprobación del curso "Trabajo Social Comunitario".

En el acto de entrega de estos certificados la viceministra de Formación Comunal, según reporta la nota de prensa, felicitó el trabajo desarrollado por el quinteto de profesores cubanos que aportan a este proceso de cambios en Venezuela la experiencia desarrollada durante los 50 años de Revolución en Cuba.

El coordinador estadal del MPCyPS, José López, destacó que con el fortalecimiento del Poder Popular se busca las transferencia de saberes, consolidar las bases comunitarias, las batallas de ideas y el Socialismo del siglo XXI.

Comuna Socialista Lanceros de Suruguapo.

Con fecha 26 de octubre de 2009, ABN, informa sobre la conformación de la comuna socialista Lanceros de Suruguapo, ubicado municipio Guanare en el estado Portuguesa, esta aspira consolidar la agricultura de la zona.

El municipio Guanare lo integran nueve sectores: Pesquero I, Pequero II, El Puente, La Yuca, Morrocoy Abajo, Quebrada Seca, Caña Brava, Las Minas y Los Toros, reseña una nota de prensa de Fundacomunal.

La nota de prensa destaca luego de relatar el origen de algunos de estos sectore, que toda la zona que conformarían la potencial comuna en su gestión formó la Sala de Batalla Social para realizar reuniones, mesas de trabajo y actividades, con el propósito de organizarse y formarse política e ideológicamente.

En la actualidad, dicha comuna tiene un proyecto aprobado para la construcción de 65 viviendas, que producirá 325 empleos directos y 423 indirectos.

Igualmente ABN destaca en su información que esta comuna tiene la tarea de llevar a cabo un proyecto socioproductivo con una empresa textilera socialista, con 420 mil bolívares fuertes invertidos, y que generará 443 empleos a esta potencial comuna.

Fuente: http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=204515&lee=2

Educación Vial con la participación de Consejos Comunales.

El portal ABN con fecha 26 de octubre informa que Freddy Vega, representante del Departamento de Educación y Seguridad Vial, del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anuncia que a nivel del Estado Barinas se ha fortalecido los operativos de educación vial con la incorporación de consejos comunales y patrulleritos escolares provenientes de centros educativos de la ciudad.

Estos operativos buscan que peatones, conductores y usuarios del transporte público conozcan la importancia de las señales de tránsito.

La nota de prensa destaca que se ha entregado un material a los conductores que resalta el respeto a las señalizaciones, el uso del cinturón de seguridad, la correcta utilización de semáforos y rayados, además del cumplimiento de la Ley de Transporte Terrestre.

Fuente: http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=204526&lee=2

lunes, 26 de octubre de 2009

Escuela de Formación del Poder Popular Monagas.

El portal del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, con fecha 26 de octubre de 2009, anuncia que unos 243 voceros y voceras de Consejos Comunales, organizaciones y movimientos sociales de los ejes Turimiquire y Oeste, egresaron de la Escuela de Formacion Popular en el estado Monagas.
La directora de la escuela, Carmen Corina Rondón, expresó que durante seis días, cinco profesores mostraron "un conocimiento escondido por años para el pueblo" y además explicó que estos nuevos trabajadores comunitarios deberán multiplicar la información dentro los Consejos Comunales, organizaciones socioproductivas y movimientos sociales.
Según la nota de prensa, la Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular nació el 24 de agosto de 2009 y hasta la fecha han egresado 19 mil 668 voceros y voceras, además de los 15 mil voceros y voceras que se encuentran en formación en todo el país.

Fuente: http://www.mpcomunas.gob.ve/noticias_detalle.php?id=3471

sábado, 24 de octubre de 2009

Formacion para Consejos Comunales en Nueva Esparta.

Fundacomunal, con fecha 23 de octubre de 2009, informa que voceros y voceras de los 471 Consejos Comunales del estado Nueva Esparta iniciarán el 26 de octubre y por un tiempo de 3 meses el taller Trabajadores Sociales Comunitarios, con el objetivo de darle continuidad a la formación integral. Este taller se realiza en el Centro de Formación Socialista ubicado en el Espinal, municipio Díaz.

La directora de la Escuela de Fortalecimiento para el Poder Popular, Érika Trinidades, manifestó que es “un logro de la Revolución venezolana tener conformados 471 Consejos Comunales en la entidad”.

La nota de prensa informa que los participantes de este taller fueron seleccionados por medio de Asambleas de Ciudadanos y Ciudadanas, celebradas en cada Consejo Comunal, y que son 90 los facilitadores que actuan en nombre de la Escuela del Fortalecimiento del Poder Popular cuenta con 90 facilitadores.

Fuente: http://www.fundacomunal.gob.ve/sine/vistas/v_noticia_detalle.php?id=159

Escuela del Poder Popular en Anzoategui.

El portal de Fundacomunal, destaca 2 noticias con fecha 23 de octubre de 2009:

La primera habla informa sobre la participación de 86 voceras y voceros del Poder Popular de los municipios Santa Ana, Freites y Anaco, del estado Anzoátegui, se lleva a cabo la segunda jornada de la Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular.

Segun la nota de prensa, el facilitador Alí Gutiérrez indicó que el fortalecimiento del Poder Popular comienza por la conciencia. “A través de ella es que vamos a formar al hombre nuevo, para crear las instancias de poder que necesita el pueblo en la construcción del Socialismo”.

En la segunda anuncia que en el municipio El Tigre, del mismo estado Anzoategui, 76 voceros y voceras de esta localidad iniciaron el I curso de la Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular, en la sede del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), de esta localidad.

La nota de prensa destaca que el curso tiene un carácter político-ideológico, cuya finalidad es fortalecer el Poder Popular para crear conciencia revolucionaria y avanzar hacia el pensamiento colectivo y que el mismo se extenderá hasta el 24 de octubre.

Fuente: http://www.fundacomunal.gob.ve/sine/vistas/v_noticia_detalle.php?id=161
http://www.fundacomunal.gob.ve/sine/vistas/v_noticia_detalle.php?id=160

Sobre las metas del Min. para las Comunas habla la ministra.

ABN con fecha 23 de octubre, destaca tres declaraciones de Erika Farías, ministra para la Comuna:

“Este año vamos a cumplir la meta. Vamos a superar la transferencia a más de 11 mil proyectos de los consejos comunales, pero hoy entendemos también que no es sólo recursos lo que hay que transferir sino formación, organización y conocimiento”.

"hemos venido trabajando con mucha fuerza. Eso lo demostró el saldo del año pasado con 11 mil 728 proyectos, a los cuales se les transfirió recursos. Al mes de octubre (año 2009) vamos por 6 mil 111 proyectos y esperamos terminar con 12 mil proyectos con transferencia de recursos”.

“Podemos decir con mucho orgullo que el Gobierno Nacional ha venido saldando la deuda de proyectos acumulados en Fundacomunal. Hoy no hay un proyecto del año 2006, 2007 ni del 2008 y en la actualidad se encuentran trabajando sobre los proyectos presentados este año".

Graduados 200 voceros de la Escuela del Poder Popular en Distrito Capital.

Con fecha 23 de octubre, ABN reporta la graduación de 200 voceros del poder popular de la Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular en el Distrito Capital.

Erika Farias, ministra para la Comunas, declaró:

“Por estas escuelas han pasado más de 15 mil voceros y voceras de los 31 mil consejos comunales. Los compañeros fueron seleccionados en asambleas de ciudadanos en cada una de sus comunidades”.

Indicó Farías que en el año 2009 “queremos formar uno (vocero) por consejo comunal. Estaríamos hablando de más de 32 mil voceros, podemos dar cuenta de 15 mil que han participado en la escuela, lo cual queremos ampliar el año que viene”. El proceso de formación se divide en política ideológica, trabajo popular, importancia de la incorporación del pueblo organizado en el uso de los recursos, como agua y electricidad; además de incorporación del poder popular a las milicias y trabajo voluntario con el recurso de las misiones.

Contraloria social. Jornada con 200 consejos comunales.

ABN informa con fecha 24 de octubre que en el marco del III Simposio de Contralores Municipales, más de 200 consejos comunales de 22 parroquias caraqueñas participaron en el evento en el que participó la Contraloría General de la República, el evento sirvió para brindarle herramientas de capacitación sobre el uso que deben tener al manejar por primera vez fondos públicos.

Abogado Morelis Milla, de la Contraloría Inventora de la Contraloría Metropolitana de Caracas reconoce, según la nota de prensa que existen actualmente consejos comunales que han sabido manejar los recursos y han dado respuestas ante el proyecto que fue aprobado por las autoridades competentes. Sin embargo, dijo que existen otros consejos comunales en los que “la desviación ha sido total”, pero a su juicio, los contralores municipales tienen que ofrecer y aportar, en la nueva política de Estado, recursos a las comunidades y una visión técnica del órgano de control fiscal. El control de los recursos será atendido en el ámbito territorial de cada ente contralor.

Informó la funcionaria que el próximo 27 de octubre, se llevará a cabo un encuentro con más de 200 voceros de los consejos comunales, representantes de distintos ministerios y la presencia de la Jefa de Gobierno, Jacqueline Faría, a fin de intercambiar experiencias del trabajo que se ha venido ejecutando en las comunidades con respecto a Contraloría social.

Fondos para Banco Comunal en Lara.

ABN informa con fecha 24 de octubre de 2009, que para la siembra de aguacate, ají dulce, café, caraota, cebolla, cebollín, pimentón y tomate el Banco Comunal Los Colorados, en Barquisimeto, estado Lara, recibió un financiamiento del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (Fondas), por un monto de un millón 124 mil 644 bolívares.

La nota de prensa destaca que el monto, otorgado por el ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MAT), permitirá a 56 productores y productoras sumarse al empeño por el logro de la soberanía alimentaria, beneficiando de esta manera a más de 526 habitantes del caserío, quienes compartieron el entusiasmo por un futuro productivo.

Fuente: http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=204311&lee=2

viernes, 23 de octubre de 2009

Los 10 aspectos que incorpora la nueva Ley del Poder Popular para la Juventud.

Las nuevas disposiciones que en concreto se han incorporado a la reforma de la Ley Nacional de Juventud se resumen en las siguientes:

1.- Todas las normas se adecuan igual que el titulo de la ley al uso del término Poder Popular.

2.-Se incorpora el artículo 3, que habla del trato igualitario y sin discriminación a los jóvenes.

3.- Se incorpora el artículo 14 sobre el derecho a la participación política d elos jóvenes en los asuntos públicos, de manera directa o vía representantes.

4.- Se incorpora el artículo 21 que habla del deber de preservar de manera individual o colectiva el ambiente y la biodiversidad.

5.- La protección a las madres jóvenes.

6.- Se agrega el artículo 28 qeu habla del derecho a disfrutar de un ambiente sano.

7.- Se agrega el artículo 30 que habla del derecho a la autoconstrucción de viviendas a familias jóvenes.

8.- Se incorpora el artículo 36, que obliga al órgano rector de este sistema, la obligación de desarrollar, coordinadamente y en cooperación con otros órganos campañas de prevención dirigidas a los jóvenes.

9.- El artículo 43 establece la obligación del Estado de desarrollar y apoyar planes y programas sectoriales para incentivar al sector juvenil rural.

10.-Se incorpora un nuevo rango de edad cronológico para definir al Jóven en Venezuela (entre 15 y hasta 30 años).

Algunas consideraciones sobre la nueva ley del Poder Popular de la Juventud

En Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.933, de fecha 21/10/2009, se publica la Ley de reforma parcial de la Ley Nacional de Juventud, la cual plantea:

En relación a los deberes y derechos.
En terminos generales mantiene los mismos derechos y deberes a los jóvenes que establecía la ley del 2001:

-Derecho a la seguridad social.
-Derecho a la Salud Integral.
-Derecho a la salud sexial y reproductiva.
-Derecho a la Educación.
-Derecho a la información.
-Derecho al empleo y a la capacitación.
-Derecho a expresar sus ideas libremente.
-Derecho a la recreación
-Derecho a participar en actividades recreativas y deportivas.

En esta materia se incorporaron los siguientes derechos:

-Derecho a la participación política.
-Derecho a disfrutar de un ambiente sano.
-Derecho a la vivienda de las familias jóvenes.

En cuanto a los deberes sólo se incorpora el deber a preservar de manera individual o colectiva el ambiente y la biodiversidad.

Mantiene la reforma los siguientes deberes:

-Deber de cumplir la constitución, leyes, rendir honores a los símbolos patrios, respetar, promover y defender los derechos humanos.
-Deber de participar protagónicamente en el proceso de su propia formación.
-Deber de cumplir el servicio civil o militar.
-Deber de realizar el trabajo comunitario.

En relación a la edad cronológica:

La ley del 2001 hablaba que Jóven era desde los 18 hasta los 25. La reforma establece que Jóven es desde los 15 hasta los 30 años.

En relación al rol de la juventud:

No hay cambio alguno, pues tanto la ley del 2001 como su reforma habla de la Juventud como actores estratégicos del desarrollo de la Nación y para lograr que sean actores activos se crea en la ley reformada un Sistema Nacional y en la reforma se mantiene el Sistema, pero ahora se llamará Sistema del Poder Popular para la Juventud.

En relación al rol del Estado:

También se mantiene en esencia el esquema de la Ley del 2001.

El Estado sigue siendo el garante de:

-Adoptar las medidas necesarias para garantizar a los jóvenes el pleno e integral disfrute de sus derechos humanos, políticos, laborales, civiles, colectivos, culturales, etc....

-Tomar las medidas necesarias para hacer a los jóvenes beneficiarios de los programas de empleo, seguridad social y del programa de reinserción en la sociedad en el caso de aquellos que están sometidos a sanciones penales.

-Otorgar garantías para vivir en condiciones que aseguren su pleno desarrollo personal, fisico, psiquico, moral, ético y social.

-Garantizar el apoyo en la ejecución de planes, programas y proyectos de servicio comunitario.

-Garantizar el derecho a la salud integral, salud sexual y reproductiva, a la autoconstrucción de vivienda a familias jóvenes, el acceso y permanencia en el sistema educativo; la educación para el trabajo, el pasaje preferencial.

El Estado tiene una responsabilidad que es compartida con la familia y la comunidad organizada, al respecto estos tres actores son corresponsables de:

-Proveer recursos, medios y condiciones necesarias para garantizar la participación efectiva de la juventud en la toma de decisiones públicas.

-Deesarrollar acciones educativas para reforzar la convivencia plural, las prácticas solidarias, la justicia social, equidad entre géneros y fortalecer la democracia participativa, protagónica y la paz.

-Garantizar trato especial y preferente a los jóvenes que se encuentran en circunstacia de pobreza crítica, desempleo, indefensión y exclusión.

-Protección a las madres jóvenes.

-Establecer centros de rehabilitación para quienes padecen enfermedades por adicción.

-Promover políticas públicas orientadas a la educación y socialización de jóvenes con problema de drogas, alcohol, tabaquismo, delincuencia, etc..

Sobre la organización del Poder Popular de la Juventud:

El primer cambio es el nombre, ahora se llama Sistema del Poder Popular para la Juventud, la estructura es igual, salvo el cambio de nombre y la incorporación del ámbito territorial comunal.

Es decir cuenta con un Consejo Interinstitucional, un Consejo Nacional del Poder Popular de la Juventud, que es nacional, estadal, municipal, parroquial, e incorpora el nivel comunal, agregando otro nivel que es el de circuito.

Mantiene un Instituto Nacional, como ente rector y mantiene la obligación de inscribirse en el Instituto a todas las organizaciones juveniles.



Entendiendo la Ley de Tierras Urbanas.

Objeto de la Ley:
En Gaceta Oficial Extraordinaria 5.933 de fecha 21/10/2009, se publica la Ley de Tierras Urbanas, cuyo objeto es la regulación de la tnencia de tierras urbanas SIN USO, aptas para el desarrollo de programas sociales de vivienda y hábitat, a los fiens de establecer las bases del desarrollo urbano y la satisfacción del derecho a las viviendas dignas en las zonas urbanas.

Para tal fin la ley en su artículo 2 y 3, declara la función social de la propiedad de la tierras urbanas, por lo que somete su uso exclusivo a las leyes nacionales; y complementa esa función con la declaración de utilidad pública e interés social de las tierras urbanas sin uso.

Cuáles son las tierras sin uso.
Las denominadas tierras tierras sin uso aptas para los fines que se indicaron previamente, según el artículo 6 señala que son:

-Tierras urbanas abandonadas por sus propietarios o propietarias.
-Tierras urbanas sin edificar.
-Cualquier otra que determine el Ejecutivo.

Uso de las tierras aptas para la vivienda.
Para lograr determinar si esas tierras son aptas para los fines habitaciones se prevé un estudio de suelos previsto en los artículos 11 al 20 de la Ley que se revisa en este registro. En los programas sociales en tierras urbanas aptas se someten según la Ley en su artículo 10 a los programas y planes urbanísticos a nivel nacional del sector vivienda y hábitat, atendiendo a:

-Directrices que responden a u una planificación centralizadas.
-Plan nacional de ordenación y gesetión del territorio.
-Los planes básicos de las comunidades.

No se hace mención a los municipios y a los estados.

Aseguramiento de tierras.
La ley de tenencia de tierras, prevé en el artículo 33 una figura llamada el aseguramiento de la tierra, que podría ser interpretado como la ocupación temporal de las tierras sin uso aptas para el desarrollo de vivienda, aún cuando el propio artículo 33 prohibe la ocupación. El cómo se ejecuta ese "aseguramiento" y de qué forma el estado garantiza que quienes aseguren la tierra no la ocupen, no está desarrollado en ningún articulo de la Ley.

Preferencia del Estado.
La ley en su artículo 17 crea además el Derecho Preferente del Estado para adquirir las tierras urbanas.

Tierras urbanas sometidas a ciertas acciones legales.
El artículo 31 establece que si por razones de urgencia del caso es necesario, las tierras urbanas someteidas a acciones sucesorales, deslindes, interdictos o en la que exista alguna medida judicial, podrán ser ocupadas previamente, sgiuiente el procedimiento de esta Ley.

Precio de las tierras urbanas sin uso.
El precio de las tierras urbanas declaradas sin uso se determinará atendiendo a:

-Valor para las tierras urbanas con características similiares ubicadas en los diferentes sectores.

-Consideración sobre la clase, calidad, situación, dimensiones aproximadas, sus probable producción y todas las otras circunstancias que influyan en las operaciones y cálculos para fijar el valor.

-Regulaciones que haya dictado el Ejectuvio Nacional en la materia.

Excluye la ley la posibilidad de considerar el mayor valor del inmueble en razón de su proximidad a las obras en proyecto.

Organos Competentes en esta materia:

-Ministerio del Poder Popular con competencia en Habitat y Vvivienda.

-La ley en el artículo 24 habla de un órgano sustanciador y en el artículo 21 habla de un órgano con competencia técnica en la materia de regularización de tierras urbanas, incorporando en el artículo 22 la figura de los órganos técnicos regionales y municipales.

Competencia de los Estados y Municipios:
El artículo 9 señala que la responsabilidad de estas instancias está limitada a remitir al órgano con competencia técnica nacional para la regularización de tierras urbanas sin uso, las denuncias formuladas por las comunidades organizadas en su territorio respectivo.

Participación de los ciudadanos en la ley:
El artículo 23 señala que los consejos comunales y la comunidad organizada, colaborarán con todo el procedimiento que se requiere cumplir para la regularización de tierras urbanas.

Agrega además en el artículo 33 la figura del aseguramiento de las tierras, previamente mencionada.

Procedimiento administrativo previsto en la Ley.

Acto de apertura y notificación.
Hay un acto de apertura del procedimiento, en el que se ordena la notificación de los interesados a que comparezcan y se hagan parte del procedimiento.

La notificación si es impracticable, como dice el artículo 25, se hará en diarios de mayor circulación del domicilio de los interesados o las interesadas y uno de mayor circulación en la entidad territorial donde esté ubicada la tierra urbana que se investiga, se entenderá notificado a los 5 días hábiles siguietnes a la publicación, lo que se advertirá en la notificación.

Igualmente se fijará en sitios visibles donde está el inmueble copia de la notificación.

La publicación de un cartel, se hará cuando no se conozca los propiestarios del terreno urbano, y su publicación se hará en 2 oportunidades, e nun lapso de 3 días hábiles en un diario de mayor circulación de la localidad donde esté el inmueble.

Se hará también via internet del Ministerio con competencia en esta materia.

Se entienden notificados los interesados al 5 día hábil siguiente de la segunda publicación.

Alegatos y pruebas.
Luego de la notificación hay 10 días hábiles para presentar alegatos y pruebas.

Decisión Administrativa.
Culminado el anterior lapso, hay 20 días hábiles para decidir por parte del órgano técnico nacional para la regularización de tierras, quedando agotada la vía administrativa.


Fuente:
Gaceta OFicial Extraordinaria 5.933. 21/10/2009

Gasto social disminuyé considerablemente para el 2010, aún cuando en número pareciera ser más.

Con fecha 19 de octubre ABN informa que el presupuesto para el venidero año tiene estipulado como precio base del barril de petróleo 40 dólares y una meta de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 0,5%, así como un estimado de índice inflacionario entre 20 y 22%.

ABN destaca que la inversión en lo social supera el 40%, ubicándose en 62 millones, distribuidos en los sectores salud, educación, alimentación y misiones sociales que benefician, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a más del 60% de la población venezolana.

Sostiene además que el crecimiento se estima en 0,5% y EL Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) esté al menos 5% por debajo del indicador alcanzado en 2009.

Con fecha 23 de octubre de 2009, El Correo del Caroní, registra una nota de prensa en la que analiza el Presupuesto presentado para el 2010.

El análisis que hace el diario del Estado Bolivar, concluye que aunque en términos monetarios el aporte a la salud, la educación y la vivienda aumenta en el proyecto de presupuesto 2010, como porcentaje del Producto Interno Bruto, el gasto social disminuye considerablemente.

La nota señala que hay una fuerte caída del aporte social en términos de gasto como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) es una de las alertas a propósito de la presentación del proyecto de presupuesto 2010, que implica una contracción nominal de 32% respecto al que se ejecuta en el año en curso.

En el 2008, el gasto para el sector educación como porcentaje del PIB fue de 6%; para el 2010 se prevé en 3,2% (Bs.F. 29.051 millones). Para la seguridad social, se invirtió un 4,5% del producto bruto hace dos años; para el próximo año el aporte será de 2,2% (Bs.F. 19.691 millones). Para la salud, el gasto presupuestado para el 2010 es de 1,5% (Bs.F. 13.896 millones) que contrastan con el 3% invertido en 2008.

En lo que respecta a la construcción de viviendas, se estima un aporte de 0,14% (Bs.F. 1.321 millones), versus el 2,3% del PIB inyectado en 2008.

Esta nota de prensa se hace en ocasión a la entrevista realizada en el medio impresió al diputado a la Asamblea Nacional por el partido Podemos, Juan José Molina, quien ciertamente ratificó que el gasto social presupuestado es significativo pero registra una fuerte caída respecto a años anteriores.

El diputado hace la siguiente declaración:

“Los porcentajes de gasto disminuyeron porque hay un incremento del Producto Interno Bruto, y el presupuesto en término nominal no aumentó; en consecuencia al medirlo con el PIB el aporte social realmente disminuye. No hay que analizarlo únicamente desde el punto de vista monetario, obviamente en bolívares fuertes incrementa el monto pero en términos de gasto como aporte del PIB hay una fuerte caída".

Molina expresó que el presupuesto planteado para 2010 es poco factible e inconsistente, y sustenta su afirmación en que el presupuesto ejecutado hasta octubre de 2009 es de 188 millardos de bolívares fuertes, que resultan de la suma del monto presupuestado originalmente (Bs.F. 159 millardos) y los créditos adicionales aprobados a lo largo del año, con lo cual prevén que el gasto ejecutado al cierre del año ronde los 200 millardos de bolívares fuertes.

En contraste, el presupuesto 2010 propuesto es de 159,4 millardos de bolívares fuertes, lo que implica además de la contracción nominal de 32%, un déficit fiscal de 4%.

Precisó que la deuda real supera los 85 mil millones de dólares si se considera la deuda externa según cifras del Banco Central de Venezuela, otros pasivos en divisas y la deuda financiera de Pdvsa y no como dijo el Ministro de Finanzas precisó que la deuda total del país asciende a 59 mil millones de dólares, cifra que a juicio de Molina es relativa, pues corresponde únicamente al Gobierno central.

El economista César Aristimuño, director de la consultora Aristimuño, Herrera & Asociados, según la nota de prensa coincidió en que el gasto social desde el punto de vista porcentual viene cayendo.

“Antes llegamos a tener hasta un 60% del presupuesto en inversión social, ahora tenemos un 47% y eso representa una caída”.

Fallas de mantenimiento nos dejan sin luz y ahora a racionarla. Responsabilidad en 10 años de la Revolución.

El Correo del Caroní, con fecha 23 de octubre de 2009, informa sobre la situación de la central hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri), destacando que tiene actualmente ocho unidades de generación fuera de servicio: 2, 5, 6, 8, 10, 12 y 16.

Al respecto señala que la número 8 está casi lista para ser incorporada al sistema, pero antes realizan pruebas de rigor.

Sobre las unidades 9, 10, 12 y 10 también están en mantenimiento, pero la 16 está presentando un problema que aún no han podido solventar, para ello el personal estaba usando una grúa, pero los riesgos para los trabajadores son tales que dejaron de utilizarla para buscar otra vía cómo resolver la dificultad y permitir que la unidad sea atendida.

El resto de las unidades ha presentado fallas diversas y debieron ser paradas para su reparación. La coyuntura, que según expertos consultados no es normal que ocho de las veinte unidades de Guri estén paralizadas, ha significado mayores escollos en el parque de generación eléctrica del país.

Sobre la capacidad electrica del país, la nota de prensa señala:

-En la actualidad el país tiene una capacidad instalada de 23 mil megavatios, pero a duras penas -y basados en los datos de la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados- tiene disponibles poco más de 16 mil megavatios, que no son suficientes para satisfacer la demanda energética que en su punto más alto ha llegado a 17.337 megavatios este año.

-Las tres represas de Guayana, Guri, Caruachi y Macagua, generan el 71 por ciento de la energía de todo el país, esto equivale a más de 11 mil megavatios (MW) de los 16 mil que se están generando. Retomando el caso de Guri, los trabajadores de Electrificación del Caroní (Edelca) están preocupados porque ven que los esfuerzos de Corpoelec no están dejando frutos positivos.

El país cuenta con una “red ineficiente de transmisión, que presenta principalmente una gigantesca falta de mantenimiento”, agrega la nota de la agencia de noticias.

Fuente: http://www.correodelcaroni.com/content/view/139334/1/

La Ley de Tierras Urbanas.

El 14 de agosto de 2009, ABN y el portal de la AN, informaba que la plenaria de la Asamblea Nacional sancionaba por unanimidad y con urgencia reglamentaria la Ley Especial de Tierras Urbanas, ordenando su remisión al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial. El Nacional del 14 de agosto de 2009, destacaba que el debate duró un poco más de dos horas y media para aprobar los 36 artículos, luego del debate sobre la Ley Orgánica de Educación, y en una sesión celebrada en horas de la madrugada.

Luego el 21 de octubre de 2009, ABN, informaba que el presidente de la República firmaba y promulga la nueva Ley de Tierras Urbanas que estará dirigida a identificar los terrenos ociosos dentro de la urbe con el fin de desarrollar infraestructuras de bienestar social.

La información publicada el 14 de agosto señalaba los siguientes aspectos sobre la Ley sancionada:

Objeto:

-El objeto de la ley es regular el uso y la tenencia de tierras urbanas aptas para el desarrollo de programas sociales de vivienda y hábitat, a los fines de establecer las bases del desarrollo urbano y la satisfacción progresiva del derecho a la vivienda digna en las zonas urbanas.

Naturaleza de las normas:

La normativa es de naturaleza social, tiene carácter estratégico se rige por los principios rectores del derecho humano de la vivienda y hábitat, tales como progresividad, justicia social, seguridad jurídica, cogestión, democracia participativa y protagónica, solidaridad, equidad, organización, sostenibilidad y tolerancia de conformidad con la Carta Magna.

Ambito de aplicación.

La aplicación de la Ley serán todas las tierras urbanas aptas para el desarrollo de programas sociales de vivienda en el territorio nacional, donde por tierras urbanas aptas para el desarrollo de programas sociales de viviendas, se entiende aquellas sin uso ubicadas en áreas centrales de las ciudades y en los municipios.

Obligación de enajenar a la República:

La normativa también prevé que los propietarios de los inmuebles, terrenos y parcelas que se encuentren en las condiciones de tierras urbanas aptas, están obligados a enajenarlos a favor de la República conforme al principio al derecho de preferencia.

Declaratoria de tierra urbana sin uso.

En garantía al debido proceso para el propietario previsto en la Constitución, la normativa contiene un capítulo para el procedimiento de la declaratoria de tierras urbanas sin uso con referencia a un procedimiento administrativo especial que contempla las formas de proceder, su impulso, la notificación personal y por cartel, las pruebas, el plazo para decidir, de la decisión y además señala que el mismo agota la vía administrativa.

Ocupación de las tierras objeto de acciones sucesorales.

En cuanto a las tierras que sean objeto de acciones sucesorales, deslinde, interdicto o en las que exista medida judicial, no podrán ser declaradas sin uso, hasta que el tribunal competente dicte la decisión correspondiente, aun cuando podrán ser ocupadas temporalmente dadas la urgencia del caso.

Determinación del precio.

En el artículo 20 se llegó al consenso de una nueva redacción que establece lo siguiente: “Para la determinación del precio del inmueble se especificará su clase, calidad, situación, dimensiones aproximadas, su probable producción y todas las otras circunstancias que influyan en las operaciones y cálculos que se hayan hecho para fijar su justo valor.

Asimismo, establece cómo se ha de estimar el precio de las tierras urbanas declaradas sin uso por el órgano competente, el cual llevará un inventario de esas tierras que presuntamente están sin uso social en el territorio nacional, donde se exige la colaboración de los estados y municipios mediante las denuncias formuladas por las comunidades organizadas.

La excepcion a la aplicación de la ley.

Solamente quedarán excluidas de la aplicación de esta ley, aquellas tierras urbanas en las tierras urbanas en las que existan proyectos educativos, asistenciales o recreacionales, debidamente aprobados por las autoridades competentes y que tengan la disponibilidad de los recursos para su ejecución.

Opiniones.

Con fecha 21 de octubre el Ministro Diosdado Cabello, afirma, según ABN, que uno de los problema más importantes para la construcción de viviendas es que no se consiguen terrenos aptos dentro de la urbe y hay que migrar los proyectos hacia zonas menos pobladas lo que implica mayor incremento de costos.

El ministro señala:

“Con esta ley vamos a poder darle curso de manera expedita a la utilización de terrenos baldíos, ociosos o que sean improductivos que se encuentro dentro de áreas urbanas, esto abarata los costos de construcción porque generalmente los servicios como agua, seguridad, cloacas, etc están más por lo que podremos dar respuestas a las comunidades de forma más rápida”.

Con fecha 20 de agosto de 2009, El Nacional, registra la declaración de la directora de políticas públicas de Cedice, Isabel Pereira quien afirmó que la aprobada Ley de Tierras Urbanas es un ataque a la propiedad privada porque "expropia el ahorro de los venezolanos".

El 19 de agosto de 2009, El Nacional destaca que para el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Francisco Neri, la Ley de Tierras Urbanas, aprobada la madrugada del pasado viernes, elimina el derecho a la propiedad privada y por lo tanto afecta a todos los venezolanos por igual.


Fuentes:
http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=22864&Itemid=27
http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=194851&lee=3
http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=203938&lee=4
http://el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/95360/Econom%C3%ADa/Cedice:-Ley-de-Tierras-Urbanas-cierra-c%C3%ADrculo-negativo-contra-propiedad-privada
http://el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/95242/Nacional/Cámara-Inmobiliaria-de-Venezuela:-Ley-de-Tierras-Urbanas-suprime-la-propiedad-privada

jueves, 22 de octubre de 2009

Recusos de Nulidad son admitidos contra el Distrito Capital.

Con fecha 22 de octubre de 2009, el portal oficial del Tribunal Supremo de Justicia –TSJ- anuncia que la Sala Constitucional, en ponencia del magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, de fecha 7 de octubre de 2009 admitió el recurso de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto por el abogado Edgar Parra Moreno, actuando en su propio nombre, contra la Ley Especial sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital publicada en la Gaceta Oficial N° 39.156 del 13 de abril de 2009.

La sentencia ordena:

-Citar mediante oficio a la Presidenta de la Asamblea Nacional, a la Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela, así como a la Defensora del Pueblo, para que comparezcan ante la Sala dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la publicación del cartel o de la notificación del último de los interesados.

-Notificar a la Jefa de Gobierno del Distrito Capital nombrada en ejecución de la ley impugnada y al Alcalde Metropolitano de Caracas

-Notificación de los recurrentes y la notificación de los interesados mediante cartel que será librado por el Juzgado de Sustanciación dentro de los 3 días de despacho siguientes a que conste en autos mediante diligencia del Alguacil haberse efectuado la notificación de los recurrentes en su domicilio procesal.

Advirtió la Sala Constitucional que “si la parte recurrente no consigna un ejemplar del cartel publicado en prensa dentro del lapso de tres (3) días de despacho siguientes a su publicación, así no se haya vencido el referido lapso de treinta (30) días de despacho, el Juzgado de Sustanciación declarará desistido el recurso y ordenará el archivo del expediente, de conformidad con el párrafo 12 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.”

La Sala Constitucional declaro improcedente la medida cautelar solicitada.

Posteriormente la Sala negó la medida cautelar solicitada, mediante la cual Edgar Parra Moreno pedía la suspensión de la Ley Especial sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital, de la Ley Especial sobre Transferencia de los Recursos y Bienes Administrados Transitoriamente por el Distrito Metropolitano de Caracas al Distrito Capital y del “Decreto de la Presidencia de la República N° 6.666, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.157 de fecha martes 14 de abril de 2009, mediante el cual se nombra Jefa de Gobierno del Distrito Capital a la ciudadana Jacqueline Coromoto Faría Pineda”.

Al respecto la decisión de la Sala Constitucional indicó que “prima facie no existen elementos suficientes que demuestren la existencia del periculum in mora y del fumus boni iuris de manera tal que justifiquen que la misma haga uso de sus poderes cautelares”, por lo que se declaró improcedente el amparo cautelar solicitado.

El TSJ acumula dos expedientes porque tienen la misma finalidad.

Y por último la Sala decidió que hay una “incuestionable vinculación” entre este recurso intentado por Edgar Parra y el expediente Nº 2009-0464, que corresponde a un recurso de nulidad nulidad conjuntamente con medida cautelar innominada, contra la LEY ESPECIAL SOBRE ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN DEL DISTRITO CAPITAL interpuesto por Antonio Ledezma en su condición de Alcalde Metropolitano y Ruben Ortiz Córdoba, Procurador Metropolitano, el cual el 14 de julio del 2009, admite el recurso de nulidad, declara que no procede la medida cautelar y al igual que la decisión que menciono al inicio ordena las respectivas notificaciones.

Se inicia clases en la Escuela del Poder Popular en Maturin.

La pagina web de Fundacomunal, registra que un total de 80 voceros y voceras de Consejos Comunales de la parroquia San Simón, del eje Maturín, iniciaron estudios en la Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular, en el estado Monagas, en las instalaciones del INCES, de Las Cocuizas, en Maturin.

Por su parte, José Gregorio Márquez, coordinador regional de la Fundación para el Desarrollo y el Poder Comunal (Fundacomunal), se dirigió a los asistentes y expresó: "Es por ustedes por quienes estamos trabajando, y a quienes debemos fortalecer para que en un futuro sean los que continúen este proceso de Revolución y transformación”.

Las observaciones que el Presidente Chávez hiciera a la sancionada Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno en el 2005.

El 18 de julio de 2005, el Presidente Chávez envía sus observaciones a la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, sancionada por la Asamblea Nacional en fecha 30 de junio del 2005, desde entonces la ley sancionada regresó al parlamento y hasta el 2009 es cuando el Presidente vuelve a retomarla, diciendo en el Consejo de Ministros del 21 de octubre de 2009, que hay que revisar las observaciones que ha hecho y además buscar entre otras cosas incorporar a la Comisión Central de Planificación dentro de su estructura.
Las observaciones que hiciera el Presidente en el año 2005 se fundamentan en:

-La comprensiòn, por parte del Presidente, de que es fundamental acercar el poder a la población y crear mejores condiciones tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los servicios estatales, como lo indica el artículo 158 de la vigente constitución, por lo tanto sostiene en el escrito el Presidente que la descentralización tiene que ser un factor para la profundización de la democracia.

-Define el escrito de observaciones, que el Consejo Federal de Gobierno (Art. 185 ejusdem), es un órgano constitucional de encuentro, formulación de políticas y financiamiento sostenido a las soluciones tendentes a superar los desequilibrios que todavía existen entre las diversas regiones del país.

-Recuerda el Presidente en el escrito, que hay dos antecedentes en esta materia que son importante recordar:

El basamento técnico del antiguo Consejo Territorial de Gobierno (de rango sublegal ) que coordinaba en el derogado marco constitucional de 1961 las políticas de descentralización en áreas tales como la seguridad ciudadana, el desarrollo económico, el transporte, la protección ambiental, la ordenación del territorio y la materia presupuestaria y laboral relativas al sector público.

No obstante, la Exposición de Motivos del Texto Constitucional señala como precedente de este órgano a la Convención de Gobernadores.

Luego de esos argumentos, prácticamente sus observaciones de fondo se concentran en sostener que en el diseño de una arquitectura legal para el Consejo Federal de Gobierno, la Asamblea Nacional en algunos artículos excede en espíritu, propósito y razón al fundamento constitucional del Consejo Federal de Gobierno.

¿Cuáles son las observaciones de fondo?

Sotiene el documento que "en cuanto a los artículos 5º, 9º,10º.13,17 numerales 1 y 2, 30 numeral 1 y 34 numeral 4, debe suprimirse la alusión a la "comunidad organizada” como sujeto de descentralización dentro de las políticas que dicte el Consejo Federal de Gobierno, por cuanto de acuerdo al Texto del Art. 184 CRBV la articulación de la comunidad organizada a la gestión administrativa de los servicios públicos, le corresponde a los Estados y Municipios a partir de las orientaciones que dicte la ley especial de la materia."

Sobre el artículo 17 numeral 11, destaca el escrito que excede al ámbito de competencia que el artículo 185 de la Constitución le otorga al Consejo Federal de Gobierno. En este artículo de la ley sancionada se le asigna competencia al Consejo Federal de Gobierno para “considerar las propuestas de los Consejos Locales de Planificación Pública y de los Consejos Estadales de Planificación y de Coordinación de Políticas Públicas, a fin de coordinar los planes y proyectos de inversión nacional, estadal y municipal”.

Otra observación de fondo se refiere al articulo 48 de la Ley Orgánica sancionada, en la que define al Consejo Federal de Gobierno como un órgano de “Coordinación consensual” de los medios financieros para la compensación Interterritorial y para la descentralización, “Provenientes de impuestos, tasas y contribuciones especiales que se le asigne a los estados por Ley Nacional (...) y los de cualquier otra transferencia, subvención o asignación especial, así como de aquellos que se les asigne como participación en los tributos nacionales (...) "

El Presidente Chávez objeta que se establezca el Consejo Federal de Gobierno como un órgano de "coordinación consensual" con el Consejo Federal de Gobierno en cuanto a la definición y destino de medios financieros que tienen por fuente ingresos propios de los estados.

El Presidente sostiene que mal podría vaciarse finalmente la competencia de administración ejecutiva de estos ramos de ingresos, al establecer al Consejo Federal de Gobierno como una instancia superpuesta de coordinación obligatoria para su inversión, en lo que corresponda a la compensación interterritorial. Máxime si !as propias leyes de destino de esos recursos al Poder Estadal sólo incorporan a esta materia como uno de los fines de inversión, pero no el exclusivo. Para ello, se reitera, existe el Fondo de Compensación Interterritorial.

La otra observación se hace en relación al artículo 48 de la Ley sancionada, es que la misma impone una disminución inconstitucional en el contenido de las competencias exclusivas de los estados que integran la República.

El presidente censura la competencia de este artículo 48 de la Ley Orgánica sancionada fundamentándola en la parte in fine del numeral 13 del Art. 156 CRBV, que le asigna competencias al Poder Nacional para por Ley crear fondos específicos interterritorial, es decir, que los desequilibrios territoriales, que son tal vez el contenido más critico en el deber federativo de la solidaridad interterritorial, sólo podrían ser atendidos entre varios entes políticos territoriales vía fondos especiales y no imponiendo cotos o directrices vinculantes a ingresos ordinarios del Tesoro Estadal; que es lo que se desprende del texto del Art. 48.

Las demás son observaciones de forma, que sustituyen palabras o modifican alguna redacción sin alterar el espíritu del artículo.


Fuente: Copia del escrito.

Firmada Ley de Tierras Urbanas.

Con fecha 21 de octubre, ABN, informa que el presidente de la República dio firma y promulgó la nueva Ley de Tierras Urbanas que estará dirigida a identificar los terrenos ociosos dentro de la urbe con el fin de desarrollar infraestructuras de bienestar social.

El ministro del Poder Popular para Infraestructura Obras Públicas y Vivienda (Mopvi) Diosdado Cabello, señaló que con dicho reglamento “el gobierno bolivariano podrá atacar el problema del latifundio urbano donde privados engordaban terrenos a expensas de las necesidades en desarrollo habitacional e infraestructura de bienestar social”.

“Con esta ley vamos a poder darle curso de manera expedita a la utilización de terrenos baldíos, ociosos o que sean improductivos que se encuentro dentro de áreas urbanas, esto abarata los costos de construcción porque generalmente los servicios como agua, seguridad, cloacas, etc están más por lo que podremos dar respuestas a las comunidades de forma más rápida”.

Por su parte, el presidente Chavéz señaló que:“Todos los proyectos a desarrollar deben estar enfocado hacia lo colectivo, cada familia disfrutará de su vivienda propia pero el complejo habitacional debe involucrar áreas socio productivas”. La ley de tierras Urbanas saldrá este jueves en Gaceta Oficial, informó el presidente.

Fuente: http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=203938&lee=4

¿Hacia el Consejo Federal de Gobierno? ,¿en un estado Centralizado?

Sobre el Consejo Federal de Gobierno dos registros he realizado al respecto:

12 de mayo de 2008, en el que brevemente hago alusión al proyecto presentado previamente y devuelto por el propio Presidente:

La Descentralización nunca ha sido política del Estado.

2 de octubre de 2009:
Y ahora se debe señalar que según ABN con fecha 22 de octubre de 2009, se informa que el Ejecutivo Nacional analiza el proyecto de Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno que será posteriormente elevado ante la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación, en el marco del artículo 185 de la Constitución Nacional.
En Consejo de Ministros el Presidente destacó que es una tarea pendiente y sobre el proyecto destacó:
-El Consejo Federal de Gobierno contará con una secretaría General, integrada por el Vicepresidente, dos ministros, tres gobernadores y tres alcaldes.
-De este Consejo dependerá el Fondo de Compensación Interterritorial, destinado al financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales

Fuente: http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=203941&lee=4

Promulgada Ley de Juventud.

Con fecha 22 de octubre de 2009, ABN, informa que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, promulgó este miércoles, en Consejo de Ministros Presidencial número 5, la reforma parcial de la Ley Nacional de Juventud, aprobada en el seno de la Asamblea Nacional el pasado mes de septiembre.
La ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, Erika Farías, sostuvo que este instrumento jurídico amplía los deberes de la juventud, como parte de la construcción de la sociedad e incorporándolos al proceso productivo del país; y señaló:

“En esta nueva ley se toman en cuenta los sectores de jóvenes con discapacidad, afrodescendientes e indígenas, e incluso se amplía también el margen de edad de las personas consideradas como jóvenes, que de 18 a 28 ahora pasa a ser de 15 a 30 años”.

miércoles, 21 de octubre de 2009

La Nación no puede ser sometida a condenatoria en costas, dice el TSJ.

eL 30 de septiembre del 2009, el expediente 2007-0040, la Sala Constitucional se pronuncia en una decisión que tiene por ponente al magistrado: Arcadio Delgado Rosales, sobre un recurso de colisión a través del cual se persigue aclarar si precisamente, hay colisión entre los artículos 268 del Código Orgánico Procesal Penal y los artículos 74 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 10 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional y 287 del Código de Procedimiento Civil; y además se persigue que el TSJ determine cuál de ellas debe prevalecer.

El recurso se fundamenta en los siguiente argumentos que tiene que ver con la responsabilidad de la Nación para ser condenada al pago de costas procesales:

-El Código Orgánico Procesal Penal establece que corresponde al estado las costas cuando el acusado resulte absuelto luego del juicio, con lo cual se condenaría al pago de costas al Ministerio Público y por ende a la República.

-Mientras que las normas del Decreto con rango de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional y del Código de Procedimiento Civil, establecen privilegios a la República en esta materia, estableciendo que la República no puede ser condenada a costas, interesante resulta la redacción del Código de Procedimiento Civil, que en su artículo 287, permite las costas para los Municipios, Institutos Autónomos, empresas del Estado pero niega tal posibilidad para la Nación.

En la fundamentación se reconoce que el artículo 327 del Código Orgánico Tributario permite la condenatoria en costas; sin embargo, las mismas establecen límites para ello, o impide la condenatoria en costas cuando la República haya tenido fundadas razones para litigar.

¿Qué argumentos justifican el recurso de colisión para orientar la decisión a ratificar que la República no puede ser sometida al pago de costas procesales?
Que “en muchas circunstancias los privilegios procesales que tiene la República resultan necesarios toda vez que como consecuencia de la importancia de la función que cumplen los entes públicos que actúan con tal personalidad jurídica, es necesario que las mismas no sean debilitadas y que puedan ejercerlas sin restricciones, todo lo cual cobra aun más vigencia en el ámbito del derecho penal, en el cual, el Ministerio Público ejerce la acción penal pública en nombre del Estado, para buscar la penalización de una conducta que resulta perjudicial a la sociedad en general.

Siendo lo anterior lo que justifica la no condenatoria en costas de la República, en el caso del ejercicio de las acciones para la protección de los bienes y derechos del Estado, la misma justificación operaría, con más razón cuando lo que se pretende es la protección y defensa, ya no sólo de los bienes y derechos de la República, sino [de] la colectividad en general. De allí que se justifique también que no se condene en costas a la República cuando se esté en presencia de juicios de naturaleza penal, a la que podría agregarse que en esta materia, el Estado le proporciona a los particulares, una defensa pública gratuita, que le permitiría ejercer su derecho a la defensa en juicio, sin que tenga que cancelar honorarios profesionales”.

¿Qué fundamento sirve de base para la decisión del TSJ?

-Que existe una antinomia normativa que se manifiesta como una colisión de las leyes que las contienen, ya que las normas enfrentadas pertenecen a cuerpos normativos diferentes que regulan un mismo supuesto de hecho y que, resultando aplicables simultáneamente, atribuyen consecuencias jurídicas divergentes o contienen preceptos normativos con enunciados contradictorios, dando una cualificación deóntica incompatible respecto de la condenatoria en costas a la República, en desmedro de la debida coherencia de la regulación jurídica sobre una situación determinada, de forma tal que el conflicto se manifiesta cuando la aplicación del artículo 268 del Código Orgánico Procesal Penal implica la violación de la prohibición prevista en las otras normas en conflicto, impidiendo la ejecución de éstas."

-La Sala Constitucional, cuando analiza la naturaleza de las leyes que están en conflicto señala que las normas "cuyos contenidos se contradicen pertenecen a leyes orgánicas, lo que imposibilita la aplicación del criterio de jerarquía; al tratarse la afección del patrimonio de la República un aspecto que atiende al sujeto y a sus funciones al margen de la materia objeto de los juicios en los cuales es parte, el criterio de la especialidad resulta ineficaz para resolver tal antinomia; asimismo, no puede hacerse uso del criterio de la temporalidad, pues si bien el artículo 268 del Código Orgánico Procesal Penal es más reciente que el resto de las aludidas normas, al prever la condenatoria en costas al Ministerio Público, compromete el patrimonio de la República protegido por el privilegio procesal establecido en las leyes que encuentra asidero jurídico en la Carta Magna".

-Para la Sala Constitución es claro que hay una contradicción en las leyes que se manifiesta en el plano abstracto normativo en desmedro de la debida coherencia de la legislación jurídica; por lo que el denominado privilegio procesal de la República, que le exime de ser condenada en costas procesales cuando resulta vencida en juicio está plenamente justificado por los objetivos que constitucionalmente se le han asignado, lo cual resulta coherente y proporcional con los fines perseguidos que han sido delimitados en cada una de las leyes que lo establece, situación que no varía en materia penal, donde la acción está atribuida al Estado a través del Ministerio Público, según lo previsto en los artículos 285 de la Carta Magna y 11 del Código Orgánico Procesal Penal.

-Que en virtud de los criterios jurisprudenciales expuestos en la decisión, la Sala Constitucional sostiene que el enunciado normativo de prohibición de condenatoria en costas a la República encuentra una justificación constitucional por lo que debe prevalecer como privilegio procesal cuando ésta resulta vencida en los juicios en los que haya sido parte por intermedio de cualquiera de sus órganos, incluso en aquellos de carácter penal en todos los supuestos previstos en el artículo 268 del Código Orgánico Procesal Penal.

Esos argumentos llevan a la Sala Constitucional a decidir que PREVALECE el criterio de prohibición de condenatoria en costas a la República como privilegio procesal cuando ésta resulte vencida en los juicios en los que haya sido parte por intermedio de cualquiera de sus órganos, incluso en aquellos de carácter penal.

¿Cuál es el fundamento jurídico del Voto Salvado?.

El voto salvado no es novedoso en la tradición de criterios del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, pues en previas sentencias siempre ha sostenido que no es posible sostener este privilegio y su fundamentación se soporta en los 4 aspectos siguientes:

1.- Las costas contribuyen con un mejor ejercicio del derecho por parte del funcionario público que actúa en nombre del Estado:

Para el Magistrado Haaz no el privilegio de la República de nos ser condenado en costas es jurídicamente insostenible, pues la eventual posibilidad de ser condenado en costas en determinado proceso en modo alguno afectaría la eficaz prestación de los servicios públicos ni la consecución del interés público y, por el contrario, esa condenatoria tendría en el ente público que sea parte procesal un efecto ético o correctivo, pues exigiría, del funcionario público encargado de su defensa judicial, la máxima diligencia en el cumplimiento con sus funciones para evitar esa condena en relación con las costas, lo que sí sería favorable al interés general y sí redundaría en una más eficaz prestación de esa función pública.

2.- Es contrario el privilegio a la naturaleza jurídica de las COSTAS:

“Con tal criterio se olvida la importancia y el fin que la institución de la condena en costas tiene en el Derecho Procesal, la cual busca que quien obtenga la razón en juicio vea económicamente resarcidos los perjuicios que le causó el sostenimiento del proceso. Así lo explica la doctrina procesalista, cuando enseña que la concepción objetiva del la condenatoria en costas, que es la que rige en el ordenamiento procesal venezolano vigente."

3.- Con este privilegio se lesion el derecho a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia.

"De allí, precisamente, que la mayoría sentenciadora considerara que la ausencia de condenatoria en costas implica, para los particulares que litiguen en contra de la República y demás entes públicos privilegiados, una merma al derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho de acceso a la justicia, pues aún cuando obtengan la razón en juicio, la parte victoriosa cargará injustificadamente con los perjuicios patrimoniales que le causó el seguimiento del proceso; y una merma, también, del derecho a la igualdad, pues si es la parte contraria –el ente público- quien eventualmente obtiene la razón en ese proceso, sí vería satisfecho su derecho al resarcimiento patrimonial con el pago de las costas.”

El Magistrado agrega en la decisión que no es igualitario ni equitativo que se cargue en el procesado una obligación -condena a costas- que no se va a exigir a su contraparte -la República-, la cual, de ordinario, cuenta con recursos materiales ostensiblemente superiores a aquéllos de los cuales pueda disponer el encausado.

Además sostiene el magistrado Haaz, que si se ponderan la situación jurídica de la República y la de un ciudadano inocente a quien se haya hecho sufrir una persecución penal, no parece difícil privilegiar la de este último, por la gravedad de la injusticia que se habría visto obligado a sufrir.

4.- Hay que atender al criterio de la especialidad de la norma penal
.

Complementa el magistrado su escrito señalanado que aún si no se concordara con la inconstitucionalidad de la prohibición de condenatoria en costas a la República, la interpretación correcta sería la que respetase la evidente especialidad de la norma penal que, por la entidad de los bienes jurídicos que protege, sería una legítima excepción al régimen general. Si se ponderan la situación jurídica de la República y la de un ciudadano inocente a quien se haya hecho sufrir una persecución penal, no parece difícil privilegiar la de este último, por la gravedad de la injusticia que se habría visto obligado a sufrir.

5.- La Sala debió haber declarado la inconstitucionalidad del privilegio.

El voto salvado señala que la Sala debió anular los artículos 10 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, 76 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y de la última frase del artículo 287 del Código de Procedimiento Civil, con fundamento en el argumento de que la prohibición de condenatoria al pago de las costas contra la República es una prerrogativa procesal injustificada y en esa medida contraria al derecho a la defensa y a la tutela judicial eficaz.

Jornada de contraloría social en el sistema de justicia, dicta TSJ.

Con fecha 21 de octubre de 2009, ABN informa sobre el programa de jornadas de orientación socio-jurídica para difundir entre consejos comunales los mecanismos de participación popular e impulsar la contraloría social en la administración de justicia.
La información señala que en estas jornadas se abordarán tres temas fundamentales: el sistema de justicia venezolano, el rol del Inspectoría General de Tribunales (IGT), y la participación ciudadana, a través de herramientas y mecanismos que se facilitarán a los voceros de los consejos comunales, para que la difundan y así las comunidades puedan acceder al sistema de justicia y formular sus denuncias ante la Oficina de Atención al Ciudadano de la IGT.

Estas jornada se desarrolló con el apoyo de Fundacomunal y se inició en el estado Barinas, luego irá a Portuguesa y recorrerá 22 entidades del país para abordar a voceros de consejos comunales.

Forman a funcionarios del Concejo Municipal de Libertador en el Plan para la construcción del Socialismo del siglo XXI

Con fecha 20 de octubre, la web de la ABN inforrma que la presidenta del Concejo del Municipio Libertador, Rosaida Hernández, anunció el comienzo del plan de formación para servidoras y servidores públicos con la finalidad de propagar los lineamientos generales del Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2013 orientado hacia la construcción del socialismo del siglo XXI.

La nota de prensa señala que durante cinco semanas con apoyo de la Escuela Venezolana de Planificación, los funcionarios municipales recibirán información sobre Nueva Ética Socialista, Suprema Felicidad Social, Democracia Protagónica, Modelo Productivo Socialista, con participación de Dora Andara, Manuel Martínez Valdivieso y Yulimercy Mendoza como facilitadores.

Con estas actividades buscan promover, impulsar, incentivar y educar a los trabajadores en la búsqueda de un ciudadano verdaderamente comprometido con su formación, política, social y académica. En este primer curso participaran dos funcionarios por cada de las comisiones adscritas al ente legislativo en régimen académico de martes a jueves en horario comprendido de 8 a.m. hasta 4 p.m., con una duración de cinco semanas.

Fuente: http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=203740&lee=4

La rápida reforma a la LOT depende la dinámica política.

El diputado Franciso Torrealba, declara en nota de prensa de la Asamblea Nacional, con fecha 20 de octubre de 2009, que se está trabajando en jornadas maratónicas para lograr que antes del 15 de diciembre de este año se pueda dar la aprobación de la reforma a la LOT.

En la declaración el diputado, reconoce que la rapidez o no de esta reforma estará determinada por la dinámica política. Además advirtió que se ha satanizado la normativa que se propone, por parte de los enemigos de la LOT entre los que ubica a Fedecámaras, los partidos políticos y los dueños de algunos medios de comunicación privados.

Torrealba rechazó que el papel de trabajo que ha circulado en algunos medios de comunicación sea el definitivo: “ese texto es de vieja data y no tiene lo que hemos ido incorporando, por tanto no va a quedar así, todo es susceptible de grandes modificaciones”; y finalmente, negó la matriz de opinión que apunta a la desaparición de las organizaciones sindicales y su sustitución por los Consejos de Trabajadores.

Al respecto señaló:

“Ni un solo sindicato va a desaparecer, ni van a ser sustituidos por los Consejos de Trabajadores; todo lo contrario, las organizaciones sindicales van a salir fortalecidas de la discusión de esta nueva ley”.

Sobre los Consejos de Trabajadores explicó que son espacios orientados a procurar la participación, la democratización, la formación y el control por parte de los trabajadores de nuevos espacios dentro de los medios de producción.

Fuente: http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=23301&Itemid=27

Segunda discusión de reforma a la LOT pasa por una reunión con el Ejecutivo Nacional.

Con fecha 20 de octubre de 2009, la web de la Asamblea Nacional registra una nota de prensa en la que destaca la declaración del diputado Oscar Figuera, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, que reconoce que la redacción de la Ley Orgánica del Trabajo ha resultado ser “un asunto muy complejo” y dijo que a pesar de haber avanzado en la elaboración de cinco capítulos (de 11 que contiene el instrumento) no han llegado a acuerdos en torno a los temas referidos a la retroactividad de las prestaciones sociales, disminución de la jornada laboral y estabilidad del trabajador.

Figueras sostiene que hay puntos polémicos dentro de la Ley Orgánica del Trabajo que están dependiendo del Ejecutivo Nacional, en este caso del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, por tal motivo destaca que esperan que muy pronto se lleve a cabo el encuentro con el ejecutivo, pero aún no se conoce ni siquiera una fecha probable.

Para el parlamentario hay fuerzas neo-burguesas que han intentando satanizar el contenido del instrumento y quienes pretenden que en la nueva Ley Orgánica del Trabajo el trabajador o trabajadora sigan sujetos al capital, cuando lo que estamos tratando es que sea todo lo contrario.

El diputado Figuera reitera en la nota de prensa que, tratarán de culminar la redacción del Anteproyecto de Ley Orgánica para el Trabajo la próxima semana. Dijo que de inmediato abrirán un proceso de consulta pública y luego redactarán, artículo por artículo, el informe para la segunda discusión.

Fuente: http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=23293&Itemid=27

martes, 20 de octubre de 2009

Comparando el Registro de los C.COmunales y las Asoc. de Vecinos.

El Registro de un Consejo Comunal. En este link registramos la información sobre la materia a que hace mención el titulo, ahora recordemos y comparemos lo que el Reglamento 1 de la Ley Orgánica del Régimen Municipal del 26 de octubre de 1999, establecía sobre el Registro de las Asociaciones de Vecinos:

Total de vecinos para constituir una Asociación de Vecinos:

El artículo 10 hablaba d epor lo menos 50 vecinos, que fueren mayores de edad e identificados como residentes, bien porque así se compruebe del REP o por carta constancia, por así decirlo, de la máxima autoridad civil del municipio o reconocimiento notariado por 2 vecinos. Porque el reglamento destacaba que había que garantizar lazos y vínculos permanentes con el sector. En las zonas rurales, un número mínimo de 20 vecinos.

Este artículo establecía en su parágrafo segundo, el derecho a todo vecino, de inscribirse en la Asociación de Vecinos, si es residente del ámbito espacial respectivo.

Ambito espacial de la Asociación de Vecinos:

El artículo 7 del Reglamento establecía que para constituir la Asociación, los interesados, deberían solicitar la determinación del ámbito espacial correspondiente ante la Oficina Municipal con competencia en materia de planificación urbana. En la solicitud los interesados propondrán un determinado ámbito, delimitado sobre la base de criterios y elementos, tales como: elementos históricos, culturales, físicos, sociales,
económicos, urbanísticos y de otra naturaleza que, según los casos, intervengan
en la configuración de tales comunidades.

La oficina correspondiente, señala el propio artículo 7, deberá notificar a los vecinos colindantes a los fines de oír su opinión respecto de la misma dentro de los 15 días siguientes, de no haber posición entonces se tomará el silencio como positivo a favor de la constitución de la Asociación de Vecinos respectiva.

Para la decisión del ente competente, el reglamento otorga 30 días siguientes a la recepción de la solicitud y la misma se hará mediante una resolución motivada.


¿Qué pasos deben dar los interesados en crear las Asociaciones de Vecinos?

El artículo 11 del Reglamento señalaba:

1. Cuando el Municipio de que se trate aún no hubiere publicado la resolución mediante la cual define su ámbito espacial conforme al Sistema de Catastro Municipal, los interesados deben inciar el proceso solicitando a la Oficina Municipal con competencia en planificación urbana, que dicte la resolución en la que defina el ámbito espacial que correspondería a la futura asociación vecinal.

2.- Se elabora un proyecto de estatutos y acta constitutiva que se aprueba en una Asamblea llamada Constitutiva.

3.- La norma reglamentaria exhorta a los interesados a dar la mayor información y publicidad posible para motivar a la mayor cantidad de vecinos a participar y denominaba este paso como: actividades preparatorias.

4.- Cumplida las llamadas actividades preparatorias, los también llamados "promotores", debían hacer una convocatoria pública a través de medios de comunicación local para la realización de lo que se denominaba Asamblea Constitutiva, y a la misma debían acudir por lo menos 50 vecinos en las zonas urbanas o 20 en las rurales.

Los requisitos en esa Asamblea eran establecidos en el artículo 11 de la siguiente manera:

-En esa Asamblea se procederá a leer la convocatoria, dejándose constancia de los medios que se utilizaron para efectuarla;

-Se procedía posterior a la lectura de la convocatoria, ha aprobar los estatutos que regirán la
asociación;

-Se informaba sobre el ámbito territorial; a presentar el informe relativo a las actividades de los promotores;

-Se elegía directivos de conformidad con dichos Estatutos;

-Se designaba la persona encargada de hacer los trámites de inscripción ante la correspondiente Oficina Subalterna de Registro; y a realizar cualquier otra actuación de la cual se considere necesario dejar constancia en el momento de llevar a cabo la Asamblea.

-De la Asamblea se redactaba un acta, que era suscrita por los vecinos de la comunidad presentes debidamente identificados, así como los directivos electos, indicando los cargos correspondientes.

¿Quién otorgaba la personalidad jurídica a la Asociación de Vecinos?

El artículo 12 del Reglamento 1 de la Ley Orgánica del Regimen Municipal, señalaba que era competencia del Registrador Subalterno, quien debía verificar primero el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre la constitución de las Asociaciones de Vecinos, para entonces proceder a realizar lo que establece la ley que regulaba el Registro Público.

Luego del registro se envia con caracter informativo al Concejo Municipal y se solicitaba la apertura de un expediente para dejar registrado las actuaciones de esta forma de organización vecinal ante el municipio. Igual se hacía con las demás instancias del poder público municipal.

¿Cuál era la mayor instancia de decisión en la Asociación de Vecinos?

El artículo 20 señalaba que la máxima autoridad deliberante y de toma de decisiones era la Asamblea, que no es otra instancia, que aquella en la que todos los miembros de la Asociacíón -vecinos- se encuentran reunidos.

Los estatutos de la asociación establecían:

-Una periodicidad mínima para sus reuniones,

-Mecanismos expeditos y abiertos para su convocatoria.
-La mayoría necesaria para la toma de decisiones,

-La obligatoriedad de informar suficientemente a los vecinos de las que hayan sido tomadas.

Se planteaba que los estatutos podrían preveer la exigencia de la mayoría calificada para las materias según la importancia para la vida y la orientación de la Asociación.

¿Cómo se organizaban las Asociaciones de Vecinos?

Se transcribe a continuación el articulado que sobre esta materia establecía el Reglamento 1 de la Ley Orgánica del Regimen Municipal:


Artículo 22.- La Asociación de Vecinos establecerá la Organización interna que considere más adecuada a sus características propias, debiendo sin embargo ajustarse a los principios de organización democrática y, en particular, a los siguientes:

a) La dirección de la Asociación no debe quedar confiada a órganos unipersonales sino colegiados,procurándose que estos estén integrados por un número impar de miembros.

b) Los integrantes de los órganos directivos deben ser designados mediante elección uninominal, directa, universal y secreta de los miembros de la Asociación, para períodos cuya duración se fijará en los Estatutos y en ningún caso excederán de dos años. En caso de preverse la posibilidad de reelección inmediata, para el mismo cargo, esta se admitirá por una sola vez.

c) Cuando la extensión territorial y el número de miembros de las Asociaciones de Vecinos así lo aconsejen, se establecerán los mecanismos que permitan la debida representación interna de todos los sectores de la misma.

d) Los miembros de los órganos directivos deben dar cuenta periódicamente de su gestión a la comunidad, a través de los mecanismos previstos en los estatutos, así como facilitar la información solicitada por los asociados.

e) Los estatutos preverán causas y mecanismos para la revocatoria del mandato a los miembros de los órganos directivos. Los procedimientos que se establezcan deberán garantizar la objetividad e imparcialidad en la decisión.

Artículo 23.- Las Asociaciones de Vecinos podrán constituir, a través de los procedimientos internos adecuados, las comisiones y equipos de trabajo que consideren conveniente, conforme a la realidad de cada comunidad.

Podrán igualmente establecer los mecanismos a través de los cuales participarán en las comisiones a que se refiere el artículo 180 de la Ley.


¿Cómo se financiaba una Asociación de Vecinos?


Los artículos 18 y 19 señalaban en el Reglamento que los recursos tenían como origen:

-Los aportes ordinarios o extraordinarios que hagan sus miembros,


-Las donaciones, contribuciones y demás ingresos que puedan percibir por cualquier título o causa lícitos,


-Por las ayudas económicas que puedan serles otorgadas por los Municipios y demás Entidades Locales, dentro de sus posibilidades y de conformidad con la Ley y las Ordenanzas respectivas.

Sobre este último aspecto, la norma establecía que los municipios y demás Entidades Locales, al otorgar ayudas económicas a las Asociaciones de Vecinos, podrán exigirles como condición el establecimiento, dentro de la estructura de la Asociación, de adecuados mecanismos de control y vigilancia internos, así como la adopción de sistemas confiables de contabilidad y manejo de dichos fondos.

Otras normas importantes de destacar sobre las Asociaciones de Vecinos:

El artículo 26 prohibía expresamente actividades partidistas en sus actividades y reuniones.

Los artículos 27 y 29 exhortaba a mantener relaciones con los distintos organos del poder público y el 29 en especial a colaborar con las juntas parroquiales.

Los artículos 24 y el 25, exhortaba a la transparencia y a la garantía de participación ciudadana en aras de garantizar el interés colectivo local.