Mediante Decreto Ley se obliga a toda persona natural o jurídica a dar información.
¡Y nos preocupamos por la ley "sapo"!.
Con legitimidad nos preocupó y a la vez celebramos que el Presidente Chávez haya retrocedido en la Ley de Contrainteligencia, la cual pues sin duda, era una herramienta muy delicada en una sociedad donde la intolerancia política y la desigualdad priva en el día a día.
Pero en todo esto, y como la lluvia de leyes que progresivamente van tejiendo la base para construir el llamado socialismo a la Venezolana, he conseguido una norma que es preocupante, y que hasta ahora, por lo menos públicamente, no ha sido utilizada, porque la misma, sin duda se constituye persé un buen ejemplo del "super poder" que tiene legalmente el gobierno venezolano.
La norma que hago mención está contenida en el Decreto con rango, fuerza y valor de Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.841 Extraordinaria del 22 de junio de 2007, mediante la cual según su artículo 1, persigue no sólo crear este Comité con caracter permanente, sino que respondiendo a una visión de totalidad, elaborará, coordinará, consolidará, hará seguimiento y evaluación de los lineamientos estratégicos, políticas y planes, atendiendo a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, estableciendo un marco normativo que permita la integración armónica de todos los principios de rango constitucional y legal relativos a la planificación, organización, control y supervisión de la Administración Pública.
Esta Comisión, en su artículo 2 nos dice que va a impulsar la planificación centralizada, y además en su numeral 3, destaca que orienta su actividad al establecimiento de un modelo socialista. Lo cual expresamente deja claro en el artículo 4, que en su numeral 2 dice:
2. Elaborar el mapa central de la estructura económica nacional, tanto estatal o pública como privada, que sirva de base para planificar y controlar la construcción del modelo socialista venezolano.
Más claro imposible. Y no entender la dinámica que va desarrollando la actuación del gobierno en base a este espíritu es un error.
Con legitimidad nos preocupó y a la vez celebramos que el Presidente Chávez haya retrocedido en la Ley de Contrainteligencia, la cual pues sin duda, era una herramienta muy delicada en una sociedad donde la intolerancia política y la desigualdad priva en el día a día.
Pero en todo esto, y como la lluvia de leyes que progresivamente van tejiendo la base para construir el llamado socialismo a la Venezolana, he conseguido una norma que es preocupante, y que hasta ahora, por lo menos públicamente, no ha sido utilizada, porque la misma, sin duda se constituye persé un buen ejemplo del "super poder" que tiene legalmente el gobierno venezolano.
La norma que hago mención está contenida en el Decreto con rango, fuerza y valor de Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.841 Extraordinaria del 22 de junio de 2007, mediante la cual según su artículo 1, persigue no sólo crear este Comité con caracter permanente, sino que respondiendo a una visión de totalidad, elaborará, coordinará, consolidará, hará seguimiento y evaluación de los lineamientos estratégicos, políticas y planes, atendiendo a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, estableciendo un marco normativo que permita la integración armónica de todos los principios de rango constitucional y legal relativos a la planificación, organización, control y supervisión de la Administración Pública.
Esta Comisión, en su artículo 2 nos dice que va a impulsar la planificación centralizada, y además en su numeral 3, destaca que orienta su actividad al establecimiento de un modelo socialista. Lo cual expresamente deja claro en el artículo 4, que en su numeral 2 dice:
2. Elaborar el mapa central de la estructura económica nacional, tanto estatal o pública como privada, que sirva de base para planificar y controlar la construcción del modelo socialista venezolano.
Más claro imposible. Y no entender la dinámica que va desarrollando la actuación del gobierno en base a este espíritu es un error.
Pero hay una norma que me alarma, pues otorga un poder discrecional y bien amplio al gobierno para poder no sólo servirse de información, sino además, obligar a dar información, para alimentar en todos los sectores a la COmisión de Planificación Central, esa norma, es la que textualmente cito a continuación:
Artículo 16
Todos los órganos y entes del Estado, así como las personas naturales o jurídicas de derecho privado, deberán suministrar la información y documentación que sea requerida por la Comisión Central de Planificación, bien directamente o a través de las comisiones sectoriales o regionales.
Las comisiones regionales, sectoriales y macrosectoriales podrán solicitar dentro del ámbito de sus competencias, la información que sea requerida para el cumplimiento de sus fines.
La información suministrada de conformidad con este artículo tendrá carácter confidencial, cuando así sea requerido por la parte interesada o cuando así lo determine la Comisión Central de Planificación, sin perjuicio de lo previsto en la Constitución y las leyes.
Pero no sólo se limita a solicitar la información, sino que además, en el artículo 18 del Decreto Ley, impone una sanción pecuniaria a quien se niegue a dar información, que van desde las 100 Unidades Tributarias, hasta las 500 Unidades Tributarias.
Además el artíulo 17 del Decreto Ley, otorga la más amplia competencia para realizar auditorías e inspecciones.
Cuando leí este artículo, y empecé a imaginarme cómo podría ser su aplicación, entonces me dije: ¡Nos preocupamos por la llamada "ley sapo", pero nos quedó esta norma que nos impone una obligación de dar información. Con esta Comisión y su objeto, es más que evidente que la descentralización va en proceso de extinción, y que estas elecciones municipales, son esenciales, para que desde la base política del país, se empiece a defender la descentralización, de una vez por todas.
Artículo 16
Todos los órganos y entes del Estado, así como las personas naturales o jurídicas de derecho privado, deberán suministrar la información y documentación que sea requerida por la Comisión Central de Planificación, bien directamente o a través de las comisiones sectoriales o regionales.
Las comisiones regionales, sectoriales y macrosectoriales podrán solicitar dentro del ámbito de sus competencias, la información que sea requerida para el cumplimiento de sus fines.
La información suministrada de conformidad con este artículo tendrá carácter confidencial, cuando así sea requerido por la parte interesada o cuando así lo determine la Comisión Central de Planificación, sin perjuicio de lo previsto en la Constitución y las leyes.
Pero no sólo se limita a solicitar la información, sino que además, en el artículo 18 del Decreto Ley, impone una sanción pecuniaria a quien se niegue a dar información, que van desde las 100 Unidades Tributarias, hasta las 500 Unidades Tributarias.
Además el artíulo 17 del Decreto Ley, otorga la más amplia competencia para realizar auditorías e inspecciones.
Cuando leí este artículo, y empecé a imaginarme cómo podría ser su aplicación, entonces me dije: ¡Nos preocupamos por la llamada "ley sapo", pero nos quedó esta norma que nos impone una obligación de dar información. Con esta Comisión y su objeto, es más que evidente que la descentralización va en proceso de extinción, y que estas elecciones municipales, son esenciales, para que desde la base política del país, se empiece a defender la descentralización, de una vez por todas.