lunes, 30 de junio de 2008

Consejos Comunales y Contraloría sobre los comercios.

En Gaceta Oficial número 38.862, del 31 de enero del 2008, el Decreto con rango, valor y fuerza de ley escpecial de defensa popular contra el acaparamiento, la especulación, elboicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos declarados de primera necesidad o sometidos a control de precios; otorga los Consejos Comunales en el artículo 6, la potestad de defender los derechos e interese económicos y sociales de la propia comunidad, logrando la felidad social dentro del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.

Esta redacción tan amplia y podríamos decir, redactada tan filosóficamente, se podrá lograr a través de los Comités de Contraloría Social para el Abastecimiento, en otras palabras se crea un nuevo ámbito de actuación para los Consejos Comunales, y vincula entonces a éstos con el INDECU y demás órganos del Ejecutivo Nacional que sean competentes en la materia que regula el decreto ley.

La materia que regula este Decreto Ley es precisamente las acciones o mecanismos de defensa del pueblo contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimetnos o productos declarados de primera necesidad o sometidos a control de precios.

La tarea de ese Comité, cuyos integrantes no está claro si se trata de los mismos que son parte de la Unidad de Contraloría Social, o por el contrario hay que designar a otros más, que se presumen son 5 por la redacción del artículo 8 de este Decreto Ley. La tarea de este comité no es otra que DENUNCIAR ante la instancia u organo del ejecutivo nacional competente en esta materia, al cual nunca menciona el Decreto Ley, para que éste proceda a aplicar las siguientes medidas preventivas: ocupaci{on temporal, comiso, cierre temporal y las que sean necesarias para garntizar el bienestar colectivo de manera oportuna e inmediata.

Es importante destacar que el artículo 17 del Decreto Ley, motiva a que los Consejos Comunales cumplan con su labor contralora a través de las multas que se impongan por los conceptos de acaparamiento, especulación, alteración fraudulenta de precios, etc..., pues establece que los ingresos proveniente de las multas irán destinados al Fondo Nacional de los Consejos Comunales. Fondo este, que está administrado por 4 funcionarios elegidos por el Presidente de la República.

La firma Anzola, Rafalli y Rodriguez, destacan las siguientes atribuciones como las más importantes de los Comités de Contraloría Social:

1• Comprobar el abastecimiento de alimentos sometidos a control de precios en su ámbito territorial. Los dueños y encargados de establecimientos deben facilitar el acceso a los locales.

2• Fiscalizar, vigilar y exigir el cumplimiento del régimen de control de precios. Incluso se dispone que verificada la infracción, se levante un Acta suscrita por al menos 3 miembros del Comité la cual será enviada a la autoridad competente para que imponga medidas preventivas e inicie el procedimiento. (artículo 8)

3• Llegar a soluciones amigables con los dueños o responsables de los establecimientos siempre que no se trate de conductas delictuales.

4• Hacer del conocimiento del ente administrativo competente los hechos que puedan constituir acaparamiento, especulación, boicot, alteración de precios, contrabando de extracción y otras conductas que dificulten el acceso a los alimentos con precios controlados.

5• Promover jornadas de educación, información y capacitación de los ciudadanos sobre sus derechos en materia de defensa contra el acaparamiento y la especulación.

Es importante destacar que este Decreto Ley es resultado de una reforma a la Ley especial en defensa popular contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos a control de precios, publicada en Gaceta Oficial 38.628, del 16 de febrero del 2007, y que en un 80% se mantiene igual, pero se eliminó el único párrafo del entonces artículo del entonces artículo 3 que decía:

El Ejecutivo Nacional, podrá sin mediar otra formalidad, inciar al expropiación mediante decreto por razones de seguridad y soberania alimentaria.

¿Por qué se le otorga a los Consejos Comunales esta función, obviandose el capítulo VIII de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario?

Copio los siguientes artículos de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario:

Artículo 73.
Los consumidores y usuarios tienen derecho a constituirse en organizaciones o asociaciones, que ostenten la representación de sus asociados y puedan servir de instrumento para el ejercicio de sus derechos e intereses individuales y colectivos, siempre de conformidad con lo previsto en la presente Ley.

Artículo 74. Se entenderá por asociación de consumidores y usuarios, toda organización constituida por un mínimo de veinticinco personas naturales, y tendrá como finalidad la defensa de los intereses, incluyendo la información y educación de los consumidores y usuarios, bien sea con carácter general, bien en relación con productos o servicios determinados; podrán ser declaradas de utilidad pública, integrarse en agrupaciones y federaciones con idénticos fines, percibir ayudas y subvenciones, representar a sus asociados y ejercer las correspondientes acciones en defensa de los mismos, de la asociación o de los intereses generales de los consumidores y usuarios.

Artículo 76. Serán finalidad de las asociaciones de consumidores y usuarios:

1. Promover y proteger los derechos de los consumidores y usuarios.
2. Representar los intereses individuales o colectivos de los consumidores y usuarios ante las autoridades jurisdiccionales o administrativas, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan.
3. Representar los intereses de los consumidores ante las autoridades del gobierno, o ante los proveedores.
4. Estimular el acercamiento entre consumidores y proveedores de bienes y servicios mediante el intercambio de información relevante para ambos que favorezca la calidad y la efectividad en la comercialización de bienes y en la prestación de servicios de parte de los proveedores.
5. Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva acerca de los bienes y servicios existentes en el mercado.
6. Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva acerca de las necesidades, demandas y requerimientos de consumidores y usuarios.
7. Promover y difundir mecanismos de intercambio entre proveedores y consumidores orientados a estimular la optimización de la calidad de bienes y servicios, la permanente satisfacción de los requerimientos y necesidades de los consumidores, la educación y el consumo sustentable.
8. Realizar programas de capacitación, orientación y educación del consumidor y usuario.
9. Promover en los consumidores y proveedores de bienes y servicios la adopción de modelos de producción y de consumo sustentables.

Artículo 77. El patrimonio de las asociaciones y federaciones de consumidores y usuarios estará integrado por los aportes de sus socios, las donaciones que perciban del Estado o de particulares y las que provengan de actividades que éstas realicen para su sostenimiento. En ningún caso podrán:

1. Incluir como asociados a personas jurídicas que persigan fines de lucro.
2. Percibir ayudas o subvenciones de empresas o agrupaciones empresariales en términos tales que pueda condicionar o inhibir sus actividades en defensa del consumidor; y
3. Realizar publicidad comercial sobre bienes y servicios.

El Estado podrá tomar las previsiones que crea conveniente para asistir a aquellas asociaciones de consumidores y usuarios que hayan presentado programas, proyectos o planes de acción y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios debidamente sustentados.

Artículo 78. Ámbito de aplicación. Las asociaciones de consumidores y usuarios, y toda otra organización de carácter similar, estarán sujetas a las normas del Código Civil pertinentes en cuanto a registro y suministro de información contable referente al uso de los fondos públicos, donaciones privadas, cotizaciones u otros ingresos que les fuesen asignados.

Los Consejos Comunales. Un diseño Centralizado.

Como se puede apreciar en la Ley de Consejos Comunales, éstos espacios de participación están sometidos directamente a la Comisión Presidencial para el Poder Popular, profundizando con este diseño la centralización del Estado. No comparto la tesis que la descentralización se fortalece porque descentralizo la utilización de recursos y la determinación de prioridades. La descentralización va mucho más allá de éstos dos aspectos.

La afirmación sobre la vinculación con la Comisión Presidencial para el Poder Popular, se puede construir de la lectura e interpretación de dos artículos que a continuación se mencionan:

Artículo 30. Se crea la Comisión Nacional Presidencial del Poder Popular, designada por el Presidente de la República de conformidad con el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, a los fines de:

1. Orientar, coordinar y evaluar el desarrollo de los Consejos Comunales a nivel nacional, regional y local;
2. Fortalecer el impulso del poder popular en el marco de la democracia participativa y
protagónica, y el desarrollo endógeno, dando impulso al desarrollo humano integral que eleve la calidad de vida de las comunidades;
3. Generar mecanismos de formación y capacitación;
4. Recabar los diversos proyectos aprobados por los consejos comunales;
5. Tramitar los recursos técnicos, financieros y no financieros necesarios para la ejecución de los proyectos de acuerdo a los recursos disponibles en el Fondo Nacional de los Consejos Comunales;
6. Crear en las comunidades donde se amerite o considere necesario, Equipos Promotores Externos para impulsar la conformación de los Consejos Comunales, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y su reglamento.

La participación de los voceros y voceras de los Consejos Comunales en la Comisión Presidencial del Poder Popular en sus instancias nacional, estadal o municipal, se hará conforme a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.

Otro artículo a conocer para poder identificar el vinculo que se genera con la Comisión Presidencial es el siguiente:

Artículo 20. Los consejos comunales serán registrados ante la Comisión Local Presidencial del Poder Popular, para lo cual harán entrega de los estatutos y acta constitutiva aprobados por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas. Copia del registro será consignada ante el Consejo Local de Planificación Pública correspondiente, a los efectos de lograr la articulación con el Sistema Nacional de Planificación Pública.

El registro de los Consejos Comunales, ante la Comisión Presidencial del Poder Popular respectiva, les reviste de personalidad jurídica para todos los efectos relacionados con esta Ley.

Por lo tanto el vínculo que genera la personalidad jurídica a éste Consejo Comunales es precisamente la COmisión Presidencial Local del Poder Popular, la cual estará designada por la Comisión Nacional del Poder Popular, que es designada, además, por el Presidente de la República.

En todo esto, surge la pregunta ¿se habrán constituido esa Comisión Presidencial Local en todas las localidades donde se registraron los Consejos Comunales?. La respuesta es negativa, pues hubo una resolución en la que se autorizó a Fondocomunal, antiguamente Fundacomún, para hacer estos registros de los Consejos Comunales.

De la ley de este último artículo, se desprende que por lo menos se ordena que copia del registro se presente ante el Consejo Local de Planificación Pública, con lo cual por lo menos desde lo institucional municipal, se puede llevar un registro del mismo a ese nivel, para poder organizar y promover su incorporación en el Consejo Local de Planificación Pública.

En conclusión este diseño de espacio de participación ciudadana, permite organizarse a nivel comunitario, pero la validación de esa organización, la última palabra para aprobar los proyectos presentados y así como la que determinará su desarrollo a nivel nacional, será la Comisión Presidencial Nacional del Poder Popular, en pocas palabras una instancia nacional.

Los Consejos Comunales y la Contraloría Social

El artículo 7 de la Ley de Consejos Comunales plantea la creación de la Unidad de Contraloría Social, la cual viene a ser un órgano de control interno, que se estructura con 5 vecinos, elegidos debidamente por la Asamblea de Ciudadanos, su objeto es: realizar la contraloría social y la fiscalización, control y supervisión del manejo de los recursos asignados, recibidos o generados por el consejo comunal y sobre los programas y proyectos de inversión pública presupuestados y ejecutados por el gobierno nacional, regional o municipal.

El artículo 23 de la Ley de Consejos Comunales prevé que las funciones de la Unidad de Contraloría Social son las siguientes:

1. Dar seguimiento a las actividades administrativas y de funcionamiento ordinario del Consejo Comunal en su conjunto.
2. Ejercer la coordinación en materia de contraloría social comunitaria.
3. Ejercer el control, fiscalización y vigilancia de la ejecución del plan de desarrollo comunitario
4. Ejercer el control, fiscalización y vigilancia del proceso de consulta, planificación, desarrollo,
ejecución y seguimiento de los proyectos comunitarios.
5. Rendir cuenta pública de manera periódica, según lo disponga el Reglamento de la presente
Ley.

¿Cómo ejercer esas funciones de contraloría?.


La estructura planteada del Consejo Comunal es muy compleja. Se integra por esta unidad de Contraloría Social, y además, es acompañada por un organo ejecutivo y una unidad de gestión financiera.

El órgano ejecutivo estará integrado por tantos voceros, como sea determinado por la Asamblea de Ciudadanos, así mismo pueden ser los 14 sugeridos o muchos más. En el caso de la unidad de gestión financiera, es el llamado Banco Comunal, otras 5 personas elegidas por la misma asamblea. Importante resulta que este Banco está exceptuado por ley de someterse a las normas generales que regulan al sector bancario en Venezuela.

En fin con una estructura tan compleja que puede ser más de 20 personas, el propio legislador estableció la obligación en el artículo 24 de la ley respectiva, de coordinar reuniones al menos mensuales para la coordinación y el seguimiento, conforme al reglamento de la ley.

El reglamento a que hace mención para la coordinación de reuniones a que se hace mención en el párrafo anterior, y cuando se menciona la rendición de cuentas, se interpreta debe ser un reglamento que emane del ejecutivo nacional, quien es el competente para reglamentar las leyes. ¿Por qué al menos en el tema de las reuniones periódicas, no se delegó esto para que el propio consejo comunal lo determine en un "reglamento propio e interno" o sus propios estatutos.

La práctica de los Consejos Comunales, ha reconocido que sin una estructura jerárquica, es dificil conducir un espacio de participación como éste.

No existe norma alguna que en la Ley de Consejos Comunales, establezca un vínculo entre este grupo de ciudadanos organizados para ejercer la contraloría social, y el Sistema Nacional de Control Fiscal que se ha diseñado en Venezuela.

Lo único que podría decir, que me permite crear un vínculo entre esta figura, y el poder institucional municipal, de manera particular, es la obligación que prevee la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, cuando señala que el Municipio debe crear un registro municipal de organizaciones que hagan contraloría social en la jurisdicción respectiva.

Considero esencial que existan vinculos entre Contraloría Municipal y estas instancias, por ser niveles cercanos al ciudadano del Estado en su rol contralor y como consecuencia en su tarea de velar por la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

No quiero con esto decir, que la Contraloría General de la República no tenga importancia frente a esta Unidad de Contraloría, pues debemos partir que ésta es el ente rector de todo el sistema nacional de control fiscal.

Estoy cada vez más convencido que los Consejos Comunales, surgieron como resultado de una necesidad electoral y populista, pero que en algunos lugares ha resultado el trabajo comunitario satisfactoriamente como una herramienta útil para la propia comunidad, pero que lamentablemente no ha sucedido igual en todos los lugares donde se han constituido validamente.

viernes, 27 de junio de 2008

Solicitan revisar los contenidos de los textos educativos ante la AN

Recordemos tres episodios en el debate del tema curricular:

1.-Para el día del educador, 15 de enero del 2008, y según noticia publicada en la Prensa web de Radio Nacional de Venezuela www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&F=20&T=59094, el Ministro Adán Chávez señaló:

- Se han preparado más de 150 mil docentes de las escuelas y liceos bolivarianos en lo que se refiere al nuevo diseño del curriculo bolivariano.

- Están en imprenta doce textos escolares tal y como está establecido en el nuevo diseño del curriculo bolivariano, divididos en 4 áreas: sociales; comunicación y lenguaje; ciencias naturales y matemáticas; educación física, deporte y recreación.

- Los 12 textos corresponden a primero, tercero y quinto grado, cuya distribución se iniciará en los próximos días.

- Para el año 2008-2009 se aplicará el nuevo curriculo bolivariano de manera oficial.

2.-En la dirección: http://www.soitu.es/soitu/2008/04/04/info/1207271986_891356.html , el 4 de abril del 2008, se anuncia lo siguiente:

Caracas.- El presidente venezolano, Hugo Chávez, lanzó hoy la idea de someter a referendo popular, posiblemente en 2009, el nuevo diseño curricular educativo que su Gobierno defiende como "liberador" y la oposición rechaza por "ideologizante".

3.- El 13 de abril el Universal destaca que en una Entrevista con Adán Chávez, en su rol de Ministro de Educación, señaló:
"Si no hay acuerdo en el curriculo, será aprobado por referendo". http://www.eluniversal.com/2008/04/13/pol_art_si-no-hay-acuerdo-e_806190.shtml

Estos tres breves aspectos, que sirven de antecedente general, de todo un proceso complejo de debates, discusiones, declaraciones, protestas y marchas, ponen el tema Educativo en una especie de espera hasta el mes de diciembre del 2009, que es cuando se anuncia el referendo, al menos, es lo que el Presidente y el entonces Ministro dijeron públicamente. Lo importante es destacar que para el 27 de junio del 2008, los textos educativos anunciados no se conocen, el curriculo no fue modificado y el debate se dará, aparentemente, para el año escolar 2009-2010.

En este debate una nueva noticia aparece reflejada en la página de la Asamblea Nacional, que se titula: Grupo de docentes insta al Parlamento a abrir debate acerca de ideología en los textos escolares y que es de fecha 27 de junio del 2008.
http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=19632&Itemid=139

Esa nota de prensa de la Asamblea señala que los representantes del Colectivo Moral y Luces del estado Zulia, coordinados por la profesora Paulina Villasmil, hizo acto de presencia en la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación de la AN, para referirse a la existencia de ideología negativa implícita en los libros de texto, en diferentes temáticas, e hicieron un llamado para que la AN, revise los contenidos de los libros de texto de las distintas Editoriales y acompañe la prohibición de los mismos si no se ajustan a los fundamentos políticos, sociológicos, pedagógicos-didacticos, filosóficos y legales del Currículo nacional.

Paulina Villasmil, destaca la nota de prensa, expresó:

Allí se observó el uso de una metodología de la enseñanza basada en el libro de texto, en la que los maestros de las escuelas “piloto” siguen el mismo esquema, “quizá se deba al hecho de que facilitan la labor docente. Pero tal comodidad, pone en riesgo la enseñanza liberadora y favorece una enseñanza conceptualista, academicista y uniformadora”.

El resultado de este encuentro, aparentemente, es el abrir un gran debate nacional que involucre al MPP para la Educación y Zonas Educativas, Universidades, etc..., por cierto, no mencionan a las Editoriales. Igualmente se propuso impulsar al MPP Educación para tome conciencia sobre esta materia.

Sorprende con todo lo que ha sido el movimiento magisterial, el hecho de haber una Declaración firmada por un enorme grupo de académicos, expertos educativos, y ciudadanos en general, llamada Declaración de los Cortijos, promovida por Cámara Venezolana de Editores, El Nacional, Fenoasopadres, Federación Venezolana del Maestro, Centro de Investigación Educativa de la UCAB y Asamblea de Educación, entre otros hechos registrados públicamente por los medios; que la diputada Queipo sostenga en la nota de prensa lo siguiente:

Queipo admitió que, efectivamente, ha habido ausencia de respuesta en el debate educativo, sin embargo, reconoció que existe una en la calle para el establecimiento de un nuevo orden “y nos corresponde recoger eso y contribuir a que se vaya planteando de manera organizada y sistemática”.

La regulación de los programas de educación superior para Misión Sucre.

La resolución Nº 2963, de fecha 13 de mayo del 2008, dictada por el Ministerio del Popder Popular para la Educación Superior y publicada en Gaceta Oficial del 14 de mayo del 2008, establece la regulación de los programas nacionales de formación en educación superior.

La motivación de la Resolución.

La motivación que hace el Ministerio en la Resolución dictada, parte por afirmar que la universalización de la Educación Superior y la municipalización de la Educación Superior, es una política de Estado, además, esencial para lograr los objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y del Sistema Nacional de Educación Superior.

Con la universalización de la educación superior, señala la resolución, se busca el desarrollo humano integral, el fortalecimiento del poder popular, la plena soberanía nacional y la consolidación político-social del proyecto de Nación prpuest en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Con la municipalización de la Educación Superior, se busca la participación de todas las comunidades, en la generacion, transformación y socialización del conocimiento, y a una educacion permanente, comprometida con los valores de solidaridad, igualdad, justicia, amor al prójimo, respeto al ambiente y a la vida, en su integridad y diversidad, con estrecha vinculación al fortalecimiento de capacidades en función del desarrollo; que tiene en la Misión Sucre su exponenete protagónico.

¿Cuál es el objetivo de la Resolución 2963?

Regular la creación de los Programas Nacionales de Formación en Educación Superior, y la autorización para la gestión de dichos prgramas a carto de instituciones de Educación Superior, en un espacio geográfico determinado. (art. 1).

¿Cuáles son las caracteristicas comunes de los Programas Nacionales de Formación en Educación Superior?

1.- La formación Humanista.

2.- La vinculación con las comunidades y el eejrcicio profesiona a lo largo de todo el trayecto formativo.

3. La conformación de los ambientes educativos como espacios comunicacionales abiertos, caracterizados por la libre expresión y el debate de las ideas, el respeto y la valoración de la diveridad, la multiplicidad de fuentes de información , entre otros elementos indispensables para la formación, asociados a ambientes de formación y prácticas educativas ligados a las necesidades y características de las distintas localidades que propicien el vúnculo con la vida social y productiva.

4.- La participación activa y compromentida de los estudianes de los procesos de creación intelectual y vinculación social, relacionados con investigaciones e innovacinoes educativas relacionadas con el perfil de su futuro desempeño y conducentes a la solución de los problemas del entorno por la vía científica.

5.- Modalidades curriculares flexibles, adaptadas a las distintas necesdides educativas, a las diferentes disponibilidades de timpempo, recursos y características de cada muncipio.

6.- El empleo de sistema de evaluación pertintnet que premitan el control de la calidad del proceso y del impacto.

7.- La promoción, el reconocimento y la acreditación de expreiencias formativas en distitntos ámbitos.

¿El CNU participará en este Programa?

El Programa Nacional de Formación de Educación Superior, será informado al Consejo Nacional de Universidades (CNU) y la opinión de éste "podrá" ser considerada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior.

¿Cómo se autorizará la aplicación de este Programa Nacional de Educación Superior?.

Hay ciertos requisitos que exige la resolución en el artículo 6 que deben ser verificados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, a los fines de emitir un acto administrativo que autorice a la institutción de Educación Superior respectiva la aplicación del Programa Nacional de Formación de Educación Superior. Y cada seis meses el Instituto de Educación Superior hará un informe sobre los avances del Programa.

jueves, 26 de junio de 2008

¿Se inicia el camino hacia un modelo de desarrollo socio productivo socialista bolivariano?

Algunos aspectos importantes para conocer el decreto ley que reforma el INCE, que fue publicado en Gaceta Oficial Nº 38.958 el 23 de junio del 2008 y bajo el Decreto 6.058, además, fue nuevamente publicada en Gaceta Oficial Nº 38.968 de fecha 08/07/2008 :

Sobre el nombre.

Cambia la denominación del Instituto Nacional de Cooperación y Educación (INCE), agregando a la denominación el término Socialista, por lo tanto ahora será INCES Instituto Nacional de Cooperación y Educación Socialista.

Sobre el objeto del Decreto Ley.

El nuevo objeto que persigue el INCES está previsto en el artículo 2 del decreto ley y señala que es el formular, coordinar, evaluar, dirigir y ejecutar programas educativos de la formación y capacitación integral, adaptados a las exigencias del modelo de desarrollo socio productivo socialista bolivariano.

Sobre los fines.

Los fines previstos del INCES, se encuentran en el artículo 4 del instrumento normativo y señala:

1. Coadyuvar al desarrollo de un modelo productivo fundado en los valores humanísticos de la cooperación y la preponderancia de los valores colectivos sobre los individuales, que garantice la satisfacción de las necesidades sociales y materiales del pueblo, la mayor suma de felicidad posible y de estabilidad política y social.

2. Promover la inclusión socio productiva de todas las personas, especialmente de aquellas en situación de pobreza extrema y condiciones de vulnerabilidad o exclusión.

3. Consolidar un sistema de educación, formación y capacitación que contribuya con la generación de nuevas formas asociativas y unidades económicas de propiedad colectiva de la economía socialista, en las relaciones de producción, intercambio y distribución de bienes y servicios.

4. Contribuir con el fortalecimiento de la ética revolucionaria reconociendo al trabajo y la educación como procesos fundamentales del desarrollo social y de las personas, atendiendo a los principios del ideario bolivariano, tales como honestidad, trabajo voluntario, inclusión social, solidaridad, corresponsabilidad, transparencia y el bien común.

Sobre la política del gobierno.

La formulación de políticas, evaluación, seguimiento y control, así como la aprobación del plan nacional sobre educación y formación socialista para la inclusión socioproductiva será responsabilidad del Órgano Rector del Instituto, que es el Ministerio con competencia en materia de economía comunal. La ejecución de todo esto le corresponde al INCES.

Al respecto el Ministerio competente, le corresponderá dictar las normas técnicas sobre la educación y formación socialista para la inclusión socioproductiva.

Sobre la formación.

La exposición de motivos señala que los programas de educación, formación y capacitación del INCES serán continuos y permanentes, andragógicos para toda la vida, flexibles y orientados a satisfacer las demandas del Estado y la Sociedad para impulsar el Desarrollo Endógeno.

Todo esto bajo la visión de la educación como un diálogo de saberes, como un proceso centrado en el colectivo, considerándose la experiencia previa del participante par convertirlo en gestor de su propio aprendizaje. Todo este modelo será un modelo constructivista, donde el docente se convierte en facilitador.

EL INCES es definido en la exposición de motivos como el instrumento institucional para la educación, formación y capacitación integral de ciudadanos y ciudadanas con conciencia colectiva, autogestionaria y revolucionaria para cambiar las condiciones laborales y la calidad de vida individual y colectiva.

Sobre los aprendices.

Se obliga a unidades productivas, empresas y establecimiento de propiedad privada o colectiva a emplear y enseñar o hacer enseñar metódicamente una actividad productiva a un número de aprendices, adolescentes seleccionados a tal efecto. El número de aprendices será determinado por un reglamento según el artículo 10 del decreto, pero mientras tanto se deberá tener un número de aprendices no menor de 3% hasta un 5% del total de sus trabajadoras y trabajadores, siempre que se cuente con 15 o más trabajadores, para esta determinación, se calculará el promedio en los 12 meses del año calendario inmediatamente anterior., calculado con base en el número total de trabajadoras y trabajadores por mes.

De no cumplirse con esta disposición será sancionada por el INCES con multa que va desde el equivalente al importe económico que debió erogar la empresa para ejecutar el Programa Nacional de Aprendizaje, hasta el doble de dicha cantidad. La imposición de la multa, dice el artículo 23 no exime al patrono su obligación de cumplir con el Programa.

Se puede llegar a una ejecución forzosa de la obligación, sin perjuicio de ordenar la clausura temporal de la oficina, local, establecimiento por el tiempo pque sea necesario, hasta que dé cumplimiento a la obligación.

Sobre la contribución del patrono.

No varió sigue siendo el 2% del total del salario normal, el ½% del pago de las utilidades, aguinaldos y bonos de fin de año pagado en el año. El incumplimiento en este pago será sancionado conforme a lo establecido en el Código Tributario.

Sobre las excepciones.

Quedan exceptuados según el artículo 17 del decreto los órganos y entes del Estado, los medios de producción de propiedad colectiva, cooperativas, fundaciones, unidades económicas asociativas, cajas rurales y mutuales, unidades productivas familiares, empresas de producción social, empresas de cogestión, bancos comunales, unidades comunales de producción y cualquier otro tipo de asociación sin fines de lucro y que desarrolle los principios y valores de la economía social, solidaria, participativa y comunal.

Sobre las Deducciones.

Se podrá deducir de la contribución que hace el patro, aquél costo que mantenga el patrono en cursos o academias para sus trabajadores, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Un sector analiza la reforma propuesta a la Ley Nacional de Juventud.

El Instituto Metropolitano de Juventud y otras organizaciones populares se reunen para abordar el tema de la Reforma de la Ley de Juventud, y consideran que en 3 meses podrán tener un documento sobre este análisis que hacen.

Aporrea.org, destaca la noticia con fecha del 25 de junio, y señala que el presidente del Instituto Metropolitano de Juventud Nahum Fernandez durante el evento "Organizaciones Populares Hacia la Conformación del Consejo Metropolitano de la Juventud", ..... destacó que la Ley Nacional de la Juventud, para el momento que se aprueba, el país estaba en otro momento histórico y habian otros actores.
http://www.aporrea.org/poderpopular/n116020.html
http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=2&t=71891&hl=ley+nacional+de+juventud&s=ef4ac70d1918cc95329463b5e5ff6587

Se inicia el camino a la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo

Radio Nacional de Venezuela, en el día 25 de junio del 2008, anuncia el inicio de la consulta pública sobre la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, para una segunda discusión, así lo señala la nota de prensa. La nota cita al diputado Oscar Figueras al señalar:

"Al debate profundo, de cómo los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela participan en el proceso de transformación de la sociedad venezolana, y cómo sus planteamientos pueden quedar expresados en una reforma profunda de la Ley Orgánica del Trabajo, lo que está planteado a partir de hoy".

La nota cierra con la siguiente información:

"Asimismo, informó que el próximo miércoles dos de julio se finiquitará todo el cronograma de consultas que será dividido por estados, y en el cual se espera participen todos los sectores involucrados, como, Fedecámaras y demás entes patronales; federaciones sindicales, trabajadores y la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). "

http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=71878

Se insiste en la búsqueda por lograr el financiamiento público electoral.

Sigue el CNE en la búsqueda de lograr una fórmula que permita el financiamiento público para campañas electorales, que opere para estas elecciones locales del 23 de noviembre del 2008.

Radio Nacional de Venezuela destaca en la noticia la siguiente declaración:

"Juntando todas esas variables debemos poder crear un porcentaje de financiamiento por regiones y localidades, que nos permita establecer que, por ejemplo, el 30 por ciento del 100, que se va a otorgar a una región, sea para todas las organizaciones postuladas y el resto sea distribuido entre las organizaciones que obtuvieron un resultado electoral, en ese proceso de referencia", destacó Yépez. http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=71879

Igualmente el rector destaca que se crearan las normas para la fiscalización sobre esos recursos, olvidando, tal vez, que en el 2004 se crearon normas al respecto mediante un reglamento.

Establece la nota que para el 15 de julio dará respuesta el CNE a toda la normativa electoral, en la cual obviamente debe estar la del financiamiento electoral.

Sobre el nuevo INCES

Suhelis Tejeros Puentes, informa a través de una nota de prensa de El Universal, que la nueva Ley habla de Instituto Nacional de Educación y Capacitación Socialista, cuyo objetivo es la formación socialista a través de programas educativos, los cuales serán diseñados por el Ministerio del P.P. para la Economía Comunal y el despacho de Educación.

El pago por parte de los patronos se mantienen, pero establecen que entre un 3% y 5% de la nómina de la empresa debe ser cubierto por aprendices. Igualmente exceptúa la ley a los organismos del Estado a concretar pago del INCES.

Importante resulta, según la nota, que se establece como un gran cambio, el aporte "ilimitado", por parte del Estado a través de la Ley de Presupuesto y vía creditos adicionales al INCES, además toda multa impuesta como sanción al incumplimiento de este nuevo Decreto Ley, serán destinados al INCES.

Sin duda que desde el INCES se iniciará la promoción y divulgación de un mensaje proselitista, ideológico, desde el Estado y con presencia en cada empresa privada.
http://www.eluniversal.com/2008/06/26/eco_art_inces-ahora-se-encar_921049.shtml

La página web de Radio Nacional de Venezuela anuncia que " De esta forma, el Presidente Hugo Chávez promulgó esta Ley del Inces, que dará paso a una nueva capacitación, incluyente y con valores llevada de la mano del Poder Popular."

Además, destaca RNV destaca sobre este tema que "los programas de educación, formación y capacitación serán contínuos, andragógicos, permanentes, flexibles y orientados a satisfacer las demandas del Estado y la sociedad, para impulsar el desarrollo endógeno."
http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=71820

Para hoy jueves 26 de junio, no es posible acceder al texto del Decreto Ley vía web, incluso, en la web del propio INCES.

miércoles, 25 de junio de 2008

¿Una ley sancionada será modificada según observaciones de representantes del transporte?

Luego de haberse sancionada la Ley de Transporte Terresetre, el pasado lunes 23 de junio, según noticias de la propia web de la AN, se celebró una reunión entre transportistas y la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos, a los fines de observaciones a la Ley sancionada. ¿Se modificará una Ley Sancionada?.

Carlos Romero.

Titular de la noticia de la Asamblea Nacional:

AN y transportistas revisan ley del transporte este lunes
http://www.asambleanacional.gov.ve/publico/noticias/det_noticias.php?co=1931

martes, 24 de junio de 2008

Nueva Ley del INCES.

El lunes 23 de junio se anunció la promulgación de la Ley del Instituto Nacional de Cooperación y Educación Socialista (INCES), al respecto, el secretario General del INCES, José Gregorio Alvarado, señaló sobre la nueva Ley del Instituto Nacional de Cooperación y Educación Socialista lo siguiente:
http://www.inces.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=2813&Itemid=43

- A partir de esta ley los Centros de Formación Socialista apoyaran el trabajo del Poder Popular, desde donde se impulsan la visión, las ideas, y el programa del gobierno revolucionario.

- Destacó que el artículo 4 habla de la promoción de valores colectivos por encima de los individuales, y de la productividad de todos los trabajadores en especial de quienes son los más vulnerables.

El Universal, del 24 de junio, destaca lo siguiente:

El instrumento intenta mejorar los beneficios laborales, simplificar la estructura organizativa del instituto, eliminar la burocracia, iniciar el proceso de simplificación de los trámites administrativos, reiniciar los procesos de jubilaciones, estabilizar al trabajador contratado y dar apertura a la formación y contacto directo con las comunidades. http://caracas.eluniversal.com/2008/06/23/eco_art_promulgan-ley-del-in_917297.shtml

La Agencia Bolivariana de Noticias, ABN, y el Ministerio de Economia Comunal destacan unas declaraciones del Ministro Morejón del 22 de junio, que dice:
http://www.minec.gob.ve/noticias_detalle.php?id=1663

El ministro Morejón, aseveró que con la creación de esta Ley se dará paso a una verdadera formación incluyente y con valores socialistas, llevada de la mano del Poder Popular.

Así mismo, sobre esta materia Noticiero Digital señala, que el pasado domingo el ministro de Educación, Hector Navarro, manifestó que este modelo educativo "no es para una educación que formen trabajadores para reproducir el modelo productivo capitalista, es un modelo educativo para la liberación, para que se pongan en prácticas sus iniciativas y tengan un impacto notable y considerable sobre nuestra sociedad”. http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=397278

La ley promulgada no se puede conseguir para hoy 24 de junio, ni en la web de la Asamblea Nacional y menos aún en la web oficial del INCES. Esperaremos a revisarla, para ver si hay algún impacto en el aporte del patrono al INCES, por ejemplo, o en cualquier otra medida que nos lleve a profundizar la relación entre el INCES y el Patrono, este último, que ha tenido que invetir tiempo y esfuerzo para poder cumplir con los requisitos de Seguro Social, Solvencias Laborales, Banavih, Seniat, tributos municipales, Milco, Cadivi, Inpsasel, en fin y así dependiendo del rubro en el que opere comercialmente.

Regulación sobre financiamiento electoral va para el 23 de noviembre.

En relación al tema de financiamiento electoral, hay que distinguir dos cosas: no es lo mismo hablar de financiar espacios publicitarios para actividad proselitista que se reparta entre los candidatos a gobernadores, lo que constituye una forma de financiamiento público indirecto; que hablar de financiar campaña institucional del CNE como Poder Electoral, para reforzar su imagen como rector de un proceso electoral como el del 23 de noviembre, donde se pone en juego la fuerza de la ya muy maltrecha y debilitada descentralización.

El Universal de del 24 de junio, anuncia bajo la nota de Eugenio Martínez, que el CNE evalúa costos para financiar campañas para las regionales. Señala el artículo que aún no está claro ni cuánto correspondería y menos aún cómo se repartiría. (http://www.eluniversal.com/2008/06/24/pol_art_cne-evalua-costo-de_918386.shtml)

Aporrea, por su parte, anunciaba igualmente ayer que se estaban estudiando distintos escenarios para el financiamiento de la campaña electoral, tomada la información de la Agencia Bolivariana de Noticias el 23 de junio, allí se puede recoger el siguiente párrafo:

La información la suministró el rector principal del CNE, Germán Yépez, quien destacó que durante la sesión de este lunes se acordó hacer una solicitud a la Asamblea Nacional (AN) para que apruebe un acuerdo que permita el financiamiento de una parte de la campaña electoral a las organizaciones con fines políticos y la aprobación de un crédito adicional.

“En esta oportunidad el CNE no manejaría la publicidad sino que dotaría a los que finalmente reciban el aporte para la propaganda, además de crear unos mecanismos de fiscalización”, expresó.
(http://www.aporrea.org/actualidad/n115907.html)

Es evidente que hay movimiento político en la búsqueda de conseguir que se retome el financiamiento público para campañas electorales, lo que resulta interesante luego de casi 10 años de elecciones consecutivas, en la cual el tema no ha estado planteado y en la actualidad cuando es evidente que la gran mayoría de los puestos de representación popular están en manos del oficialismo, es que el tema sale a la luz pública, luego que el Tribunal Supremo de Justicia, interpretara que la Constitución en su artículo 67 lo que prohíbe es financiar las actividades ordinarias de las agrupaciones con fines políticas, permitiendo así, el financiamiento para campañas electorales.

Ahora bien, se habla de crear mecanismos de fiscalización, seria muy importante saber ¿qué sucedió con el reglamento del 2004 que controlaba y fiscalizaba precisamente el financiamiento electoral a los partidos, candidatos y grupos de electores?. Esas normas allí establecidas fueron efectivas o simplemente quedaron escritas pero sin impacto en la práctica que refuerce la transparencia como principio que se destaca de nuestra administración pública nacional en el 141 de la Constitución.

Igualmente si le piden apoyo a la Asamblea Nacional para que apruebe un acuerdo que permita ese financiamiento, ¿hubo ese acuerdo para que se financiara la campaña del PSUV?. Porque si hoy lo piden, igual tuvieron que haberlo pedido antes.

Aún cuando Vicente Díaz, rector del CNE, haya declarado el 13 de junio que las normas sobre el financiamiento electoral no operaria para el 23 de noviembre, todo indica que las mismas van y con un diseño donde el control estará en manos del Consejo Nacional Electoral.

viernes, 20 de junio de 2008

La Policia Metropolitana seria transformada en Policia Comunal

El Diario Reporte, del lunes 16 de junio de 2008, en la página de política, trae una nota en su sección Curul 168, mediante la cual señala que la abogada Leixa Collins Rodriguez, asesora de la Comisión Presidencial pra la Organización, Creación y Activación del Cuerpo de Polícia Nacional, participó en un Foro sobre la Ley de Policía Nacional, y anunció que la Policía Metropolitana, se va a convertir en el Servicio de Policía Comunal para Caracas.

¿Qué es un Servicio de Policía Comunal?

Según el artículo 47 de la Ley de Policía Nacional, este Servicio es predominantemente preventivo, proactivo, permanente, de proximidad y comprometido con los valores, la identidad y cultura propia de la comunidad. A tal fin se podrán crear nucleos de policia comunal.

¿Cuál es el propósito del Servicio de Policía Comunal?

El artículo 48 de la Ley establece que el propósito es el promover estratégias y procedimientos de proximidad con la comunidad que permitan trabajar en el espacio territorial circunscrito, para facilitar el conocimiento óptimo del área y la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones, a los fines de garantizar la paz social, la convivencia, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de la ley.

El articulo 49 establece que aún cuando la promocion de este servicio lo pueden hacer tanto gobernadores como alcaldes, será la Oficina Técnica que cree el órgano rector, la que apoye en el diseño, organización y perfeccionamiento de la policia comunal.

En conclusión, será un cuerpo de polícia para Caracas, que está integrada por sus 5 municipios y que en teoría debería llegar a cada comunidad de la ciudad. Caracas es una ciudad con muchos rostros, es una ciudad compleja, así que se supone que para que un servicio de polícia pueda identificarse con los valores, la identidad y cultura de cada comunidad, debe estar presente en cada comunidad.

¿Cuántos funcionarios se requerirán para tener presencia en todas las comunidades que integran la gran ciudad de Caracas?. En la nota de prensa se menciona que la funcionaria Collins Rodríguez señala que será el primer servicio de policía comunal que tendrá la ciudad comunal. ¿Cuándo se crearon las ciudades comunales?, porque hasta la fecha no hay ley alguna que de origen a estas ciudades.

Conociendo la vigente Ley Nacional de Juventud.

Considerando que se ha planteado la reforma a esta ley del 2002, y que se busca ajustarla a los principios de lo que se ha llamado Socialismo del Siglo XXI, y que poca claridad tiene, considero importante revisar el diseño que hace la ley vigente de las reglas de juego para los jóvenes, entendiendo legalmente jóven a quien tiene 18 y hasta los 28 años de edad. Revisemos algunas normas contenidas en la ley.
¿Por qué los jóvenes deben participar?

Según el artículo 17, es deber de la juventud venezolana participar en forma protagónica en la vida política social, económica, educativa cultural, deportiva, ecológica y de otros ámbitos de interés colectivo, teniendo los mismos derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La responsabilidad del Estado de promover la participación de los jóvenes.

Artículo 3. El Estado, a través de los órganos que ejercen el Poder Público adoptará las medidas legislativas, judiciales y administrativas necesarias para garantizar a los jóvenes y las jóvenes el pleno e integral disfrute de sus derechos humanos, políticos, sociales y económicos, como actores y sujetos del proceso educativo, ético, cultural, laboral y deportivo; así como aquéllas que fueren necesarias para hacerlos beneficiarios de los programas de salud y empleo, y del procedimiento penal de reinserción en la sociedad en el caso de los jóvenes y las jóvenes imputados ó penados.

Artículo 8. El Estado, la sociedad y la familia proveerán los medios, recursos y condiciones necesarios para garantizar la plena incorporación de la juventud a la toma de decisiones de la vida pública, a los asuntos de Estado y a los destinos de las comunidades, así mismo, desarrollarán acciones educativas que fortalezcan la convivencia plural, las prácticas de solidaridad, la justicia y la equidad entre géneros, y fortalecerán entre los jóvenes y las jóvenes la cultura para la democracia y la paz.

Artículo 11. El Estado garantizará el apoyo en la ejecución de planes, programas y proyectos que tengan como finalidad el servicio a la sociedad, la paz, la solidaridad, la tolerancia, la equidad entre las personas de uno u otro sexo, el bienestar social, la justicia, la participación en el fortalecimiento de la ciudadanía juvenil y la formación integral de los jóvenes y las jóvenes, a nivel nacional, estadal, municipal y parroquial.

El Sistema Nacional de Juventud.

Artículo 43. El Sistema Nacional de la Juventud es el mecanismo institucional articulado y constituido por el conjunto de órganos establecidos en la presente Ley para el desarrollo de la gestión pública en el ámbito juvenil, mediante el cual se proporcionará coherencia y direccionalidad a las políticas de juventud a nivel nacional, regional, municipal y parroquial, destinadas a la protección integral de los derechos, deberes y garantías de los jóvenes y las jóvenes.

Los derechos que actualmente tienen los jóvenes:

1.-Derecho a medidas judiciales, legales y administrativas que garanticen el ejercicio y disfrute de sus derechos a beneficiarse en programas de salud, empleo, y en la reinserción social en el caso de los que han sido imputados o penados.

2.-Derecho a recibir un trato especial y preferente si se encuentran en circunstancia de pobreza crítica, desempleo e indefensión.

3.-Derecho a tener políticas y programas especiales para las regiones fronterizas.

4.-Derecho a la Salud Integral

5.-Derecho a recibir información oportuna y veraz para el acceso a servicios de salud juvenil y otros recursos para el desarrollo de programas de prevención, curación y rehabilitación.

6.-Derecho a disfrutar de los beneficios del Sistema de Seguridad Social.

7.-Derecho a ocupar cargos vacantes con preferencia.

8.-Derecho a ser considerados sin que medie la experiencia previa para el desenvolvimiento de su arte u oficio.


Los deberes que actualmente deben cumplir los jóvenes:

1.-Cumplir con la Constitución y las leyes;

2.-Rendir honores a los símbolos patrios;

3.-Respetar y defender los derechos humanos;

4.-Proteger los recursos naturales y ambientales en general, históricos, culturales y los bienes de la Nación;

5.-Asumir el proceso de su propia formación;

6.-Internalizar el valor de la solidaridad;

7.-Respetar la institucionalidad legítimamente constituida, defender y practicar la solidaridad nacional e internacional como fundamento de la libertad, la justicia, la paz y promover y defender el sistema democrático participativo

8.-Participar en forma protagónica en la vida política social, económica, educativa cultural, deportiva, ecológica y de otros ámbitos de interés colectivo, teniendo los mismos derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

9.-Cumplir servicio civil o militar, garantizándoseles la educación y capacitación requerida para su inserción en el mercado laboral y un trato que dignifique su condición de ciudadano o ciudadana. En ningún caso será permitido el reclutamiento forzoso.

10.-Prestar servicio a la comunidad, de acuerdo con su especialidad, durante el tiempo, lugar y en las condiciones establecidas por la ley.

jueves, 19 de junio de 2008

El Estado crea su propia Empresa de importación y exportación.

En Gaceta Oficial del 17 de junio del 2008, en el decreto 6.169, el Gobierno ha creado su compañía de exportación e importación llamada Venezolana de Importaciones y Exportaciones, C.A, la cual podrá importar todo clase de bienes o servicios, por lo que podrá construir, proyectar, dirigir, administrar, manejar y explotar otras empresas, agenciamiento aduanal, almacenaje temporal o in bond y en general toda clase de actos dentro del comercio relacionados con este objeto.

Estará adscrita a la Comisión Central de Planificación, que está coordinado y su presidencia está bajo la responsabilidad del Vicepresidente. Este funcionario, será quien represente las acciones del Estado. ¿Quiénes serán los otros socios de esta empresa del Estado?, habrá que esperar al registro de sus estatutos sociales.

Sobre la Reforma a la Ley de la Juventud.

En un blogspot elaborado por la Diputada Marelis Pérez Marcano, representante del Estado Monagas, http://marelisperezmarcano.com/ se destaca el discurso que pronunció en ocasión al Proyecto de Reforma de la Ley Nacional de Juventud, el mismo contiene el contenido del proyecto para el momento en que la diputada presentó su discurso.

Como en otras oportunidades, el proyecto de Ley para el poder popular de la juventud, que reformaría la Ley de Juventud, publicada en el año 2002, acomoda su contenido a la realidad política del país, agregando en varios de sus artículos la palabra: “pueblo”, “comunal”; sustituyendo “mercado laboral”, por “ámbito laboral”; así mismo se hacen algunos cambios importantes, con incorporaciones de nuevas palabras o nuevos artículos.

Basado en el documento que presenta la diputada por el Estado Monagas en la dirección que se menciona previamente, se hacen los siguientes comentarios:

1.- En sus palabras queda muy claro que la reforma tiene como objetivo esencial la necesidad “imperativa” de colocar la ley “a tono” de los cambios que se están realizando en el país; por lo tanto y en el marco de la discusión que hoy está en la agenda entre democracia y socialismo del siglo XXI, es que debe abordarse este debate, en el sentido de preguntarnos ¿qué busca esta reforma? . Es evidente que una primera respuesta será crear un tejido legal que regule a los jóvenes en el marco de unas nuevas reglas de juego sociales.

La reforma busca según la diputada Pérez Marcano, “estar en sintonía con el fortalecimiento de la unidad suramericana y caribeña, elemento esencial del Ideal Bolivariano,” con ello se buscaría promover políticas públicas en materia de juventud, haciendo especial referencia a los Acuerdos del ALBA.

2.- La diputada Marelis Pérez, señala en sus palabras lo siguiente: “La población juvenil se encuentra ansiosa de ser incluida en la toma de decisiones que puedan incidir en el acontecer nacional, por lo que resulta impostergable el diseño y desarrollo de mecanismos de participación colectiva y protagónica que fortalezca el poder popular juvenil. De tal manera, es prioritario el proceso de empoderamiento de los y las jóvenes, mediante su participación organizada en la toma de decisiones.”

Al respecto pareciera que asumimos como premisa, que la participación de los jóvenes se decreta, obviando que la realidad nos dice que la participación se da cuando los espacios se otorgan con reglas claras para participar, y de antemano se visualiza el resultado que se alcanzaría con la participación, de lo contrario es evidente que se generaría grandes expectativas que podrían concluir en grandes frustraciones, por no lograr objetivos con la participación.

Nada nuevo resulta de este discurso, pues la Ley de Juventud vigente establece que es responsabilidad del Estado y de toda la sociedad de manera solidaria generar oportunidades para que los jóvenes participen en la toma de decisiones en ámbitos de interés colectivo, y se incorporen en los procesos sociales y comunales. Por lo tanto el nivel de ansias para participar por parte de los jóvenes es consecuencia de la omisión del gobierno nacional y el Instituto Nacional de la Juventud de crear esos espacios para promover la participación.

3.- Mientras la Ley vigente habla de los jóvenes como “sujetos con particularidades y capacidades para asumir en forma protagónica tanto su tránsito productivo hacia la vida adulta, como el proceso de desarrollo nacional.”

El proyecto de reforma de ley, ve a los jóvenes “como colectivos sociales creativos, capaces de construir su propio camino para guiar con certeza sus pasos a la transformación social y a su tránsito hacia la vida adulta, en procura de un mundo mejor y posible”.

¿Qué implica ser vistos como colectivos sociales?

4.- El proyecto crea un voluntariado para el Poder Popular de la Juventud, y su objetivo es apoyar todas las iniciativas de trabajo social, misiones sociales, empresas de producción social (EPS) y cualquier otra que le sea asignada, esto último me dice que será el Poder Popular de la Juventud el que asignará a los jóvenes alguna empresa para ese voluntariado, además los vincula a las EPS, que son aquellas creadas y registradas como tal por PDVSA.

¿Terminaran los jóvenes haciendo trabajo voluntario por obligación legal?, ya la ley vigente hablaba en términos generales de desarrollar mecanismos para el desarrollo social voluntario juvenil. ¿Se hizo algo?

5.- Cambia los parámetros para considerar si una persona es o no joven. En la ley vigente habla de 18 años y el tope 28 años. La propuesta de reforma es de 16 años hasta 30 años.

6.- En relación a algunos derechos, vale la pena destacar algunos cambios:

6.1- Derecho a la vivienda, se establece que el Estado fomentará la autoconstrucción de viviendas, además de promover la adjudicación de viviendas y la obligación del sector financiera de establecer porcentajes para los créditos hacia la juventud.

6.2- En el tema educativo, se mantiene lo mismo que ya se establece en la ley vigente, salvo que se agrega el reconocimiento del pueblo y gobierno venezolano en la implantación de las misiones educativas.

Agrega un nuevo artículo que va orientado a las Universidades:

Artículo 32. Las universidades públicas y privadas están obligadas a incluir en su pensa de estudios en las carreras a fines la temática juvenil.

6.3- En el derecho al pasaje preferencial incluye a los estudiantes de las misiones.

6.4- Con relación al derecho al empleo joven con el proyecto de ley señala lo siguiente:

Artículo 34. El Estado promoverá conjuntamente con la empresa privada un sistema de asistencia técnica, económica y financiera dirigido al fortalecimiento de las iniciativas de la juventud en el campo de las empresas de producción social, mixtas, núcleos de desarrollo endógeno, cooperativista y laboral.

En comparación con la ley vigente, sólo incorporó el tema de las empresas de producción social, mixta y núcleos de desarrollo endógeno.

7.- Incorpora la participación de los jóvenes y las jóvenes en el Sistema de Defensa Integral de la Nación, y en su discurso la Diputada Marelis Pérez señala que esta incorporación, se hace “con una visión antiimperialista tal como se encuentra establecido en la Doctrina Bolivariana.”; y así incorpora un artículo, que es el siguiente:

Artículo 17. Es deber de la juventud venezolana, participar en forma protagónica en la vida política, social, económica, defensa integral de la Nación, educativa, cultural, deportiva, ecológica y de otros ámbitos de interés colectivo, teniendo los mismos derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

8.- Incorpora todo un el Capítulo sobre el Protagonismo y la Participación de los Jóvenes, en el artículo propuesto como 62 se puede leer:

Artículo 62. Los jóvenes y las jóvenes tienen el derecho de asociarse libremente en grupos y organizaciones, según las actividades de su preferencia, y a su vez disfrutarán de garantías para la constitución de redes comunales, circuitales, parroquiales, municipales, estadales y nacionales sin más requisitos que la solvencia y la claridad de propósitos de interés colectivo.

9.- El vigente artículo 14, que hoy contempla programas y políticas orientados a jóvenes residentes de las regiones y zonas de frontera, y la integración binacional de los jóvenes; es eliminado en la propuesta y sustituido de la siguiente manera:

Artículo 14. El Estado promoverá políticas públicas y programas que impulsen la identidad nacional y fortalezcan la unidad suramericana y caribeña en materia de juventud, teniendo como referencia la construcción de la Alternativa Bolivariana para Nuestras Américas.

10.- Se le agrega al artículo 17, que habla de los deberes de la Juventud, el término “la defensa integral de la nación”:

Artículo 17. Es deber de la juventud venezolana participar en forma protagónica en la vida política, social, económica, de la defensa integral de la nación, educativa, cultural, deportiva, ecológica y de otros ámbitos de interés colectivo, teniendo los mismos derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En conclusión, si el documento que se puede encontrar en el blogspot señalado, es el que sirve de base para la discusión de la reforma a la Ley de Juventud, y que sin duda ajusta la terminología y la estructura legal a los fines que se persiguen dentro de la idea del gobierno bolivariano de Venezuela, es importante estar atentos a su debate y promover el conocimiento de este contenido, para evitar sorpresas posteriores, donde a través de la ley se imponga a los jóvenes un protagonismo y una participación conducida hacia lo que se llama con poca claridad conceptual: Socialismo del Siglo XXI.

miércoles, 18 de junio de 2008

Algo sobre Contraloría Social en Venezuela

La Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 62, establece el derecho que tiene todo ciudadano de participar libremente de manera directa o por medio de representantes en los asuntos públicos.

Además ese artículo señala que es a través de la participación en la formación, ejecución y control de la gestión pública como se puede materializar el principio de protagonismo, a través del cual se busca el desarrollo, individual y/o colectivo.

¿Qué debemos entender por gestión pública?

En principio se puede decir que la gestión pública se ocupa de la utilización de los medios adecuados para alcanzar un fin colectivo. Trata de los mecanismos de decisión para la asignación y distribución de los recursos públicos, y de la coordinación y estímulo de los agentes públicos para lograr objetivos colectivos. Ésta es una definición muy general que hay que matizar y concretar desde puntos de vista diferentes.

Este concepto viene del libro Gestión Pública de los autores: Emilio Albi, José Manuel González Páramo, Guillem López Casanovas (Ariel)

Entendiendo este concepto, el Consejo Local de Planificación Pública, el Presupuesto Participativo y la Contraloría Social, así como la Rendición de cuentas, entre otras figuras jurídicas, entran como mecanismos adecuados para satisfacer esa ejecución, formación y control de la gestión pública a que hace mención el artículo 62 de la Constitución.

El mencionado artículo cierra destacando que es obligación del Estado y deber de la familia facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica; a lo cual sólo me pregunto ¿cómo puede la familia facilitar las condiciones favorables para ejercer la contraloría social, por ejemplo, cuando no hay normas que regulen con precisión la constitución, funcionamiento de las Contralorías Sociales?, esto en aras de garantizar a todos los que participan igualdad de oportunidades y legitimidad para ser contralores, pues una ausencia legislativa puede generar anarquía y por ende debilitamiento de la figura del control social.

¿Cómo se desarrolla la Contraloría Social en Venezuela?

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal, es la única que viene a regular el tema del Control Social, y el 272 de la ley nos señala que ésta es mecanismo a través del cual todo ciudadano y ciudadana, individual o colectivamente participa en la vigilancia y control de:
· Gestión pública municipal,
· Ejecución de programas, planes y proyectos,
· Prestación de los servicios públicos municipales,
· La conducta de los funcionarios públicos, para prevenir, racionalizar y promover correctivos.


El artículo 275 de la LOPPM, establece que para que se pueda ejercer este control social sobre la gestión municipal, las autoridades municipales deben dar la mayor publicidad a los actos de gestión de interés general, tales como proyectos, licitaciones, contrataciones, costos de las mismas y elementos relevantes.

Y en el caso de no tener suficiente información, la ley faculta a los ciudadanos para solicitar la información y documentación administrativa que sea de interés para la comunidad, cuando sea necesaria para ejercer el control social, esta solicitud obliga legalmente a la autoridad administrativa municipal a suministrar lo que se le ha otorgado.

De no recibirse la información, se podrá entonces intentar los recursos administrativos correspondientes, debería en este sentido establecerse una sanción económica cuando el funcionario no facilite la información.

Importante resulta destacar, que la Ley contra la corrupción en su artículo 8 establece que toda información sobre la administración del patrimonio público, en este caso sobre el Poder Público Municipal, tienen carácter público y para ello el artículo 9 establece que para tal fin, los órganos del Poder Público Municipal, deben informar a los ciudadanos publicando trimestralmente un informe detallado de fácil manejo y comprensión sobre el patrimonio que administran, con la descripción y justificación de su utilización y gasto.

El informe puede ser publicado por cualquier medio válido que disponga el ente, ejemplo la web institucional. Uno de los mecanismos que permite recibir información a los fines de complementar y alimentar la contraloría social, es el obligado principio de rendición de cuentas, que de no cumplirse por parte de concejales particularmente, les genera una sanción previstas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que consiste en la suspensión de su sueldo hasta que sea presentada la cuenta ante los ciudadanos, por lo tanto una manera de organizar y hacer más ordenada o sistematizada esa presentación es a través de la contraloría social, que en asamblea de ciudadanos, convoque a los vecinos que deseen asistir.

La Ley Contra la Corrupción, ratifica el derecho a solicitar información por parte de los ciudadanos, por supuesto salvo cuando se trate de temas de seguridad y defensa de la nación.

Lo interesante de esta obligación que facilitaría la contraloría social sobre la gestión pública, es que en caso de omitirse la obligación a presentar el informe, la ley contra la Corrupción establece una sanción de hasta 500 UT a los titulares de los órganos del poder público que omitiesen este deber.

Todo ejercicio de Contraloría Social, no queda a la libre discreción de quienes se quieran organizar para tal fin en un momento determinado, específico y temporal, es importante que la organización que formalmente va a ser una contraloría social, esté registrada en el Municipio.

El 273 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece los deberes y obligaciones de las Contralorías Sociales, y señala que sobre la contraloría se desarrollarán normas en la futura ley que regule la participación ciudadana.

Los deberes y obligaciones previstas son las siguientes:
1. Comunicar a la ciudadanía los avances y resultados de los procesos de control, vigilancia, supervisión y evaluación realizados.
2. Presentar informe sobre los avances y resultados de sus actividades a los órganos y entidades que ejecutan el programa, proyecto o contrato, realizando las recomendaciones que estimen pertinentes.
3. Remitir el informe de avances y resultados de sus actividades a los órganos de control fiscal y demás organismos públicos competentes.
4. Denunciar ante las autoridades competentes los actos, hechos u omisiones presuntamente irregulares que hubieren detectado.

Sería partidario, de crear sanciones, para aquellas organizaciones que habiéndose registrado formalmente para el ejercicio de la contraloría social en el ámbito municipal, no cumpliere con sus obligaciones; igualmente, uno de los puentes vinculantes entre los Consejos Comunales y el Poder Municipal, seria regular esas contralorías creadas en esos consejos municipales, y desarrollarlas más integralmente con programas de inclusión, evitando así la separación de poderes que se impone como trasfondo en el diseño, desde lo comunal y lo municipal.

Una vez presentado los informes, la organización que ejerce la contraloría social, deberá hacer sus observaciones a la Contraloría Municipal, cuando observare algunos hechos irregulares, al respecto la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, establece que el Contralor, si no atendiere de manera reiterada las observaciones que los ciudadanos hicieren en el ejercicio de la función contralora, estará incurriendo en una causal para su destitución, con ello considero, se logra ponerle al Contralor municipal, una especie de obligación para oír a los ciudadanos, y para hacer que esos informes que realicen tengan una finalidad práctica y útil, reforzando así, la participación ciudadana en el control de la gestión pública.

lunes, 16 de junio de 2008

Un ejemplo de indicadores gubernamentales. Un ciudadano informado es un ciudadano que puede participar de manera más efectiva y eficiente.

Si yo fuera un ciudadano Chileno, y por cosas de la vida, tuviera residencia en Valparaiso, pudiera ingresar a http://www.sinim.cl/, para poder individualmente o a través de un grupo de vecinos, monitorear al gobierno respectivo de Valparaiso, pues este Sistema Nacional de Información Municipal, me da algunos insumos esenciales, para medir no sólo la posición de Valparaiso frente a las demás regiones, sino que da elementos para conocer la realidad local.

Un ejemplo: Entro al item que se llama: Administración y Finanzas Municipales, luego busco en la subarea Ingresos Municipales, y puedo accesar por lo menos a los últimos 4 años de gestión. En el 2007, puedo conseguir la siguiente información:

Ingreso percibido por municipio, disponibilidad presupuestaria por habitante, ingreso por fondo común municipal, ingresos propios permanentes, ingresos por impuestos, ingresos propios, según cirterio de contraloría general de la república, ingresos permanentes per cápita y dependencia de los ingresos porpios sobre el fondo común municipal.

En conclusión, información, que sóla allí no es de utilidad, pero cuando la misma es procesada, revisada y utilizada por los ciudadanos para exigir calidad de vida, mejores ingresos, para medir las promesas políticas, en conclusión para poder ejercer contraloría social, cobra importancia relevante, que esa información esté a la disposición de los ciudadanos.

¿Qué otra información se puede obtener en el SINIM:
Caracterización Comunal
Desarrollo y Gestión Territorial.
Educación Municipal.
Género.
Salud Municipal.
Social y Comunitaria.

En estas áreas a su vez, existen subareas que específican aún más la información que se requiere por cada área. Por ejemplo: en Educación se conseguirá: Antecedentes de la educación, ingresos por educación, gastos, recursos humanos en educación y presencia municipal en educación.

Soy uno de los convencidos, al igual que lo señala Al Gore en su libro Ataques contra la Razón, que un ciudadano informado es un ciudadano con alta potencialidad a participar en lo público bien en su control, bien como actor político, con mayor efectividad y eficiencia, pues la información orienta y da contenido a la participación de los ciudadanos en especial cuando se habla de Contraloría Social.

Como no soy Chileno, sino Venezolano, busco información sobre nuestros Municipios, y concluyo que la única vía es leer sus Memorias y Cuentas, en los casos en los cuales se publican en la web, esto porque de lo contrario habría que viajar y revisar en cada alcaldía. Igualmente consgo una página que se llama: Alcaldía digital. ....mas cerca del ciudadano.

Esta página desarrollada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, permite un paseo por todas las alcaldías del país, con links en cada web del gobierno municipal, pero en la rápida revisión, no existen indicadores que aporten información rápida, directa y efectiva, para que un ciudadano venezolano, en cualquier municipio en el que se encuentre, pueda evaluar su municipio, su región, frente a las otras regiones.

Evidentemente no podemos comparar Chile con Venezuela, son estructuras político administrativas diferentes, pero si podemos señalar que en Chile hay un importante ejemplo de lo que es brindar información pública a los ciudadanos, y ponerla a la disposición de los mismos a los fines de promover la participación o bien la simple información de quien esté interesado en los temas públicos.

viernes, 13 de junio de 2008

El Sistema Público Metropolitano de Salud.

El pasado 11 de junio del 2008, se publica en Gaceta Oficial 38.950, una providencia administrativa del Comité para la organización y rectoría del sistema público metropolitano de salud, mediante la cual crea una subcomisión para la atención de urgencias, cuyo objetivo según la providencia administrativa número 001, del 9 de junio del 2008, es la siguiente: Garantizar la atención médica en casos de urgencias, a la población del área metropolitana de Caracas, a través de un sistema telefónico e informático, como parte del Plan del Sistema Público Metropolitano de Salud, el cual será financiado con un fideicomiso suscrito entre el BANDES y el Min. Popular para las Finanzas.


Este Comité para la organización y rectoría del sistema público metropolitano de salud, fue creado el 28 de enero del 2008, en el Decreto Nº5.836. publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.859.


Importante es destacar que este Comité, tiene por objeto crear, implementar y coordinar, la metología adecuada que permita alcanzar el objetivo de crear el Sistema Público Metropolitano mediante el cual se profundice y conosolide la gestión metropolitana en todos los hospitales, ambulatorios, clínicas populares, centros de diagnostico integral, salas de rehabilitación integral, centros diagnósticos de alta tecnología y otros centros similiares, bajo la dependencia del metropolitano y los que se encuentren ubicado en el área metroopolitana de Caracas.


Además el decreto establece que el Poder Público Municipal, están obligados a coadyuvar en el ejercicio del decreto que crea este Comité, que por demás es con caracter temporal.


Ahora bien, si partimos por el reconocimiento que el artículo 18 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos habla de un gobierno municipal en dos niveles, con el objetivo de lograr el desarrollo armónico e integral de la ciudad, ¿Cómo se va a lograr alcanzar tal desarrollo, si en ese Comité responsable por crear la oarganización y rectoría del sistema metropolitano de salud, no participan los 5 municipios que integran la ciudad?.


El artículo 3 del Decreto es muy claro:

El Comité estará integrado por: Vicepresidente, Ministros del Poder Popular para: Salud, trabajo y seguridad social; Defensa; Educación,; fINANZAS; Planificación y Desarrollo; Educación Superior; Infraestructura; Ambiente; Participación y Protección Social; Energía y Petróleo; Ciencia y Tecnología y el Presidente del IVSS. Además estarán integrando el Comité: máximas autoridades de la Secretaría Metropolitana de la Salud; Misión Barrio Adentro y de la Dirección General de Salud del Estado Miranda.


En conclusión, un programa que persigue crear todo un sistema público metropolitano, que abrazará sin duda alguna a los mismos habitantes que de manera separada son atendidos por 5 municipios, no cuenta con la participación e integración de los Poderes Municipales, pero éstos deben obligatoriametne coadyuvar en el desrrollo del Sistema.


La dirección General de Salud del Estado Miranda, tiene mucho sentido que participe, porque la competencia que el numeral 8, del artículo 19 de la Ley Especial del Régimen del Distrito Metropolitano, le otorga competencia a éste para promover y coordinar acciones que garanticen la Salud Pública, sólo con el Distrito Capital, es más dice en plural: "con los municipios del Distrito Capital" . Y en consencuencia al no existir el Distrito Capital y menos aún esos varios municipios, pues le corresponde cumplir tal función con el Municipio Libertador y en el caso de los 4 municipios que pertenecen al Estado Miranda, entonces le corresponde hacerlo en conjunto con el director, que seria la máxima autoridad del Estado en materia de Salud.


En este diseño siguen faltando los Alcaldes, pues es obvio que si se ven obligados a coadyuvar con el sistema de salud metropolitano; si este sistema como se acaba de aprobar tiene una linea de emergencia, entre otras cosas que puedan crear, es evidente que el ciudadano o bien se beneficia porque acude al sistema público metropolitano, o a la atención primaria que debe garantizar el municipio, o bien simplemente tendrá un diseño donde el Estado llámese municipio, llamase metropolitano, estado o nación, garantiza servicio de salud, pero ningún nivel político de estos 4, responderán adecuadamente y por lo tanto por mucho diseño, seguirá el ciudadano siendo el principal afectado por no contar con servicios de calidad de salud pública y atención primaria.


¿Este Sistema Metropolitano que no incorpora a los Municipios, tendrá alguna intención de debilitar la gestión en salud primaria y de servicio al ciudadano que algunos municipios han desarrollado positivamente?. ¿Por qué no trabajar en conjunto con los 5 municipios para garantizar un buen servicio público al ciudadano?. Es mucho pedir en un país dividido.


En las elecciones del 23 de Noviembre, cuando el poder municipal se somete al ciudadano para que se designen por voto sus nuevas autoridades, la población de Caracas, debe analizar y reflexionar muy bien en este Sistema Metropolitano de Salud y la relación de los Municipios con ese Sistema, en el sentido de ser bien criticos y exigentes en aras de pensar en una Caracas, que es una ciudad dividida en 5 Municipios y con un Distrito Metropolitano que luce más en su actuación como un Estado, pero además carente el diseño de la figura del Distrito Capital.


Para concluir hay que tener muy presente, las palabras de Luisana Melo, Secretaria de Salud de la Alcaldía Metropolitana, quien señala, según consta en El Universal del 7 de febrero del 2008 lo siguiente:


"Cuando hablamos de la construcción del sistema metropolitano de salud, estamos estableciendo el piloto del sistema público nacional de salud."

Vicente Díaz: Ley de Financiamietno no es aplicable para el 23N.

Ultimas Noticias del 13/06/2008
Vicente Díaz, rector del CNE, presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, señaló que se analiza el proyecto de ley aprobado en primera discusión de la AN; destaca que tiene aspectos positivos, pero que le preocupa el financiamietno sólo a los partidos que hayan participado en las últimas elecciones parlamentarias, concluye que ese proyecto cambia las reglas de juego y por lo tanto no podría ser aplicable para el 23 N, pues el artículo 298, prohibe que se reforme la ley que regula el proceso electoral dentro de los seis meses previos al 23 de Noviembre, fecha esta de las elecciones locales.
No descarta que el CNE debe establecer reglas para el control sobre el financiamiento. Ahora bien ¿seguirá vigente o no el reglamento del año 2004 sobre el tema del financiamiento?.

miércoles, 11 de junio de 2008

La publicidad electoral, será determinada exclusivamente por el CNE. Fondos privados no se permiten.

En el Diario Ultimas Noticias del 11 de junio del 2008, en la página 22 y bajo la nota de Marcos A. Ruíz, se anuncia dos noticias importantes sobre el debate de la futura Ley de Financiamiento Electoral, que fue aprobada en primera discusión el pasado 29 de mayo.

1.- Todo candidato u organización política que habiéndo inscrito candidatos, no continúe en el proceso electoral, tendrá 60 días para devolver el mnoto recibido como aporte público para la campaña electoral.

2.- Señala el periodista, que el artículo 21 del proyecto de Ley respectivo, prohibe expresamente la contratación de espacios de publicidad en prensa, radio y televisión distinto a los asignados por el CNE.

Ahora bien con relación a los recursos dice que se distribuirá de la siguiente manera:

Un 50% de los espacios (publicitarios) se distribuirá en forma igualitaria entre los candidatos.

Otro 50% se distribuirán en forma proporcional a la votación obtenida en la elección inmediata anterior para diputados a la AN. Con lo cual, quedan excluidos los partidos que no participaron en esa elección.

Y para participar en esta distribución, entiendo que es en la de la publicidad, los que hayan obtenido al menos el 1% del total de votantes.

Por lo tanto si consideramos que Panorama el 30 de mayo del 2008, anunciaba que el artículo 11 del proyecto prohibe a los candidatos, organizaciones políticas, grupos de elecctores y asociaciones políticas recibir de manera directa o indirecta aportes privados; entonces podemos concluir lo siguiente: partido o agrupación con fines políticos que no participó en las últimas elecciones no tendrá derecho a ese 50% que se determinará por la votación. Además ese partido tendrá la gran dificultad que con fondos privados no podrá hacer propaganda, porque sin duda tendrá una sanción, por algo se prohibe los fondos privados.

La gran duda que queda es ¿cómo se distribuirá ese monto de dinero proveniente de fondos públicos?, pues sin duda serán repartidos, con la obligación de devolver lo que reste. ¿Qué pasará si el dinero se termina y la campaña aún continúa?.

Queda una segunda discusión del proyecto de ley sobre financiamiento electoral, a la cual habrá que prestarle mucho cuidado, porque de allí se determinará las reglas de juego para la elección de noviembre 2008.

martes, 10 de junio de 2008

El financiamiento electoral, el debate, un reglamento y una preocupación.

Los medios de comunicación anuncian que se está debatiendo un proyecto de Ley que regulará el financiamiento de las campañas electorales, aprobado por cierto en primera discusión el pasado 29 de mayo. Este debate se ha dado, gracias, en gran medida a la sentencia de la Sala Constitucional, del TSJ, mediante la cual se interpreta el artículo 67 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la ponencia de esta sentencia fue responsabilidad de Francisco Carrasquero, Magistrado y ex presidente del CNE.

Esta discusión no es novedosa en el país, para empezar, por ello es oportuno recuperar, a los fines de la memoria y la historia, si se quiere, la existencia del Reglamento para el control del financiamiento de las organizaciones con fines políticos y del financiamiento de las campañas electorales. Aprobado por el Consejo Nacional Elecctoral, en fecha 13 de abril del 2004, bajo la resolución N° 040413-509 .

Este reglamento, que todo indica sigue vigente, establece dos modalidades de financiamiento: el ordinario y el de las campañas electorales, por ello su titulo. En ambos casos, establece como prohibición:

  • Contribuciones anónimas
  • Donaciones o subsidios de las entidades públicas. Tengan o no carácter autónomo.
  • Recursos de empresas extranjeras o con casas matriz en el extranjero.
  • Recursos de Estados extranjeros.
  • Empresas concesionarias de obras públicas, o de cualquier servicio o bienes de propiedad del Estado.
Además de estas prohibiciones, el reglamento señala que no se admite las transferencias bancarias o cualquier modalidad de depósito que no permita o haga dificil la identificación del contribuyente.

Para el control del financiamiento, tanto en campaña electoral como en el financiamiento ordinario, se exige y establece todo un proceso para la revisión de Libros Contables: diario, mayor e inventario, de cada organización política, así como de cada candidato, agrupación políticas o grupos electorales.

Y la revisión de la información financiera que deben entregar en los lapsos indicados en el Reglamento, según sea el caso de financiamiento, concluyen en un informe que debe ser aprobado por el Consejo Nacional Electoral, quienes serán los que impongan sanciones.

Esas sanciones pueden ser:
  • Multa que oscilará entre quinientas (500) a mil (1.000) Unidades Tributarias.
  • En atención a la gravedad de la infracción, dejar sin efecto la inscripción del Registro de organizaciones con fines políticos cuando se produzcan contravenciones graves a las disposiciones previstas en las presentes normas, previo el procedimiento de cancelación establecido en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.
En el caso de que existieren suficientes indicios de la comisión de un delito que acarree privación de libertad, enviará el caso a la autoridad judicial competente. Si el delito fuera cometido por un funcionario público, el Consejo Nacional Electoral deberá solicitar su destitución ante la respectiva instancia.

¿Cuál habrá sido el resultado de estas normas, en aras de garantizar la transparencia electoral?. Evidentemente una Ley cumpliría estrictamente con el mandato constitucional, pero en la redacción de la Ley que se propone y se debate en la Asamblea Nacional, ¿se habrán considerado las experiencias que deben existir y los resultados de los años previos en materia de la aplicación de este Reglamento?.

En conclusión en este reglamento, se prohíbe el financiamiento proveniente del Estado, el planteamiento que se hace a través de los medios, es que la futura ley, prohibirá el financiamiento privado, y sólo permitirá el financiamiento público. Un sistema totalmente opuesto al que desde el año 2004 se expresa en el reglamento que se comenta.

Un punto importante que preocupa en relación a la discusión de esta Ley de Financiamiento, es la ausencia de información sobre cómo se distribuirá ese fondo del Estado entre las organizaciones políticas, agrupaciones políticas y candidatos, considerando que años atrás, desde 1978 y hasta 1999, el Estado venia financiando a los partidos, otorgándoles recursos financieros, tomando como referencia el último resultado de las elecciones para Diputados, y considerando el principio representación proporcional de las minorías.

Si hoy toman en consideración como criterio para establecer el financiamiento electoral público vía representación en la Asamblea Nacional, entonces habrían partidos políticos que se verían fuertemente lesionados, en cuanto a su capacidad financiera para presentarse en elecciones regionales, pues es evidente que en la oposición Venezolana, no hay partidos con representación ante la Asamblea Nacional.

lunes, 9 de junio de 2008

Se crea Comisión Presidencial de Planes y Proyectos Especiales para la Gran Caracas.

El día 3 de junio, se publica en Gaceta Oficial el Decreto nº6.090, mediante el cual se crea con carácter Permanente la Comisión Presidencial de Planes y Proyectos Especiales para la Gran Caracas.

Esta Comisión, que se dice permanente, durará hasta que presente al Presidente de la República, los planes y proyectos que se han elaborado, luego de identificar, planificar y proyectar acciones urbanísticas, arquitectónicas o paisajistas, las cuales una vez aprobadas serán ejecutadas por los órganos que corresponda.

Este decreto señala que esta comisión estará integrada por los siguientes Ministros: Francisco Sesto de Cultura; Haiman el Troudi, Planificación y Desarrollo; Isidro Rondón, Infraestructura; Yubiri Ortega, Ambiente; Edith Gomez, Vivienda y Habitat; Erika Farias, Participación y Protecciòn Social; Jesse Chacón, del Despacho de la Presidencia.

El Secretario Ejecutivo de esta Comisión será designado por el Ministro del Poder Popular para la Cultura y los gastos de esta comisión serán cubiertos por éste mismo despacho ministerial.

En conclusión, se aplaude todo intento por planificar y pensar en una ciudad capital mejor, porque hoy se está hundiendo en la anarquía del tráfico y de la inseguridad. ¿Involucrarán a las Universidades, expertos urbanísticos y demás instancias que por año han pensado en el desarrollo de la ciudad de CARACAS?. Si la idea es elaborar planes y proyectos, por qué no ahorar tiempo, porque Caracas no puede esperar mucho, la anarquía se apodera de ella. Estudios sobre Caracas abundan, y sólo falta la voluntad política para construir una ciudad mejor, digna de lo que se espera de cualquier ciudad en el mundo, que sea la capital de un país.

sábado, 7 de junio de 2008

Las elecciones del PSUV, QUE BUENO que se celebraron!

Si, ¡¡qué bueno!! que se hayan celebrado estas elecciones, porque se ha dejado una evidencia más, de lo que es el Poder del Estado en situaciones donde la imparcialidad está en crisis y debilita la institucionalidad. Las 2 razones principales para aplaudir esas elecciones son:

1./ Los Venezolanos aún no tenemos conocimiento de los resultados del 2 de Diciembre cuando el NO ganó al SI en el referendo para la reforma constitucional. Mientras han pasado 6 meses, el CNE, en menos de 1 día logra presentar en su web, los resultados de las elecciones internas del PSUV, elecciones que igual que las del 2 de Diciembre, fueron nacionales y además realizadas con el uso de la tecnología. Entonces, si hay capacidad para dar resultados rápidos de una elección interna, ¿por qué no dar los resultados de un referendo?.

2./ Se demostró que el CNE puede financiar elecciones internas de organizacioens con fines políticas, lo cual abre la puerta para que otras organizaciones así lo soliciten y puedan elegir sus candidatos. Pero ¿y cómo queda la norma constitucional que prohibe el financiamiento a las asociaciones con fines políticos por parte del Estado?.

Si bien es cierto el inmenso número de candidatos no eran conocidos, por lo que los resultados en este juego válido de democracia interna, eran resultados facilmente predecibles en la mayoria de las ciudades del país. Ahora bien, todos esos candidatos que postularon, debieron incurrir en gastos electorales, por lo tanto deberian presentar sus cuentas y el CNE velar por que ese proceso haya estado financiado por fondos lícitos.

Se discute el financiamiento público de campañas, luego de una década (1998-2008) en la que año tras año se han celebrado elecciones de todo tipo. ¿Por qué ahora y no antes?.

¡Qué bien!, que se celebraron estas elecciones, porque así el debate sobre la igualdad de oportunidades entre el partido oficialista y los de oposición, no queda en palabras de la oposición, sino que además los hechos son la mejor prueba ante el mundo, que la democracia participativa, protagónica de la República de Venezuela, no es para todos.

El Estado financia las elecciones del Partido del Presidente.

En aporrea se destaca al noticia sobre la deuda que adquirió PSUV con el CNE, para la realización de sus elecciones internas. ¿Deuda?. http://www.aporrea.org/ideologia/n115132.html , no sólo eso, luego Muller dice que están "dispuestos" a cancelar esa deuda, que resultan ser 2 montos adeudados, uno por 93 mil Bolívares fuertes y otra por 17 millones de bolivares fuertes, ésta última por las elecciones de base. Además de estar dispuestos a pagar esas deudas, se propone en comodas cuotas hasta diciembre. Otra nota indica cómo se recuadará dinero para cubrir esa deuda. http://www.aporrea.org/actualidad/n115155.html

Uno se pregunta, si la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 67 dice expresamente: No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado. ¿Cómo llamaríamos esta situación donde es un hecho, declarado en su propio medio web, que el CNE financió las elecciones del PSUV y por supuesto algo más, que allí no se dice pero que costó 93 mil bolivares fuertes. Si consideramos la realidad que el CNE es el PODER ELECTORAL, uno de los 5 poderes del Estado Venezolano, entonces el Estado financió la elección interna de un partido político cuyo Presidente es nada más y nada menos que el propio Presidente de la REpública.

En la discusión que se ha llevado sobre el tema del financimiento se habló de que el financiamiento sería orientado hacia el tema estrictamente electoral, cuando digo orientado, me refiero a la posibilidad del financimiento público, es decir con fondos del Estado, como sucede en la gran mayoría de países del mundo. Entonces ¿para qué esa discusión, cuando sin regulación alguna, un Poder del Estado financia unas elecciones internas de un partido, por demás naciente?.

¿Podrán los partidos de oposición acudir al CNE para lograr que también sean financiados para hacer las primarias o bien su proceso interno?. ¿No es esta una demostración del trato discriminatorio de un Poder del Estado, que deberia ser imparcial?.

¿Cuál fundamentación jurídica, habrá utilizado el Consejo Nacional Electoral, para lograr aprobar un proceso electoral, financiado por el Estado, cuando se trata de las elecciones internas de un partido político?. Si bien es cierto el artículo 133 de la Ley Orgánica del Poder Electora, establece en su numeral 2, la competencia para organizar elecciones de las agrupaciones con fines políticos, cuando así lo soliciten o cuando lo ordene la Sala Electoral del TSJ, también es cierto que la COnstitución prohibe el financiamiento público a esas agrupaciones políticas, pero partiendo que la Constitución está por encima de las leyes orgánicas, por ser la norma suprema, cómo se debe entender "organizar" las elecciones de las agrupaciones políticas.

Porque si es una organización que incluye lo financiero, los gremios profesionales, sindicatos y asociaciones civiles, pueden entonces ir pensando en procesos electorales, financiados por el Estado a través del CNE.